Roberto Baratta pidió ampliar su declaración indagatoria ante el TOCF 7 pero se negó a responder preguntas. El ex funcionario kirchnerista desmintió las acusaciones de directivos de Techint según los cuales le entregaron un millón de dólares en pesos y reiteró que «esta causa es una clara y evidente operación de inteligencia».
Los ex directivos de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta declararon como testigos ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, que le entregaron a Baratta un millón de dólares en pesos, a cambio de que el gobierno ayudara a salir de Venezuela a los empleados de Sidor, una empresa del holding, estatizada por Hugo Chávez.
Baratta lo negó, aseguró que ambos directivos “mintieron” y que no existía ni una sola razón por la que hubieran podido pagarle un soborno, a la vez que calificó las testimoniales como “relatos de ciencia ficción, imposibles de verificar”.
Además, tuvo palabras punzantes hacia el Poder Judicial, que, a su criterio no tuvo un trato igualitario para con la empresa de la familia Rocca y otras “más importantes, menos importantes, pero hubo una clara diferencia en el trato”, aseguró, sugiriendo que existió un trato preferencial hacia la compañía por el cual sus directivos fueron sobreseídos sin que el fiscal de instrucción, Carlos Stornelli, apelara, ni tampoco lo hiciera la UIF, que llamativamente llegó tarde a la apelación.
Admitió su relación frecuente con directivos del grupo Techint por su función en el ministerio de Planificación, recordó cenas en la casa del CEO Paolo Roca, pero rechazó tajantemente haber recibido sobornos de la empresa, menos aún haberlos pedido, dando a entender que sus posibilidades de sacar a trabajadores de Sidor de Venezuela era nula.
Además, volvió a pedir que el tribunal convoque a prestar declaración testimonial a Paolo Rocca, quien ya fue citado pero presentó un certificado médico según el cual por su estado de salud someterse a un interrogatorio ante la justicia sería inconveniente.
