La acusación sostiene que Mariano Ríos Artacho seleccionaba cuentas vinculadas a causas del Ministerio Público de Santa Fe y autorizaba el retiro del dinero, que luego era canalizado a través de terceros. Parte de los fondos habría terminado en casinos e inversiones bursátiles.
Durante siete años, el dinero depositado en cuentas judiciales por fianzas, cauciones y fondos secuestrados en investigaciones habría sido retirado mediante un circuito que incluía prestanombres, movimientos bancarios y hasta un mecanismo para reponer el efectivo cuando algún expediente estaba cerca de cerrarse. En el centro de la acusación aparece Mariano Ríos Artacho, ex fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, señalado como presunto jefe de una asociación ilícita que habría desviado unos 425 millones de pesos.
Desde la semana pasada Ríos Artacho se encuentra detenido con prisión preventiva. Fue imputado por los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, en el marco de una causa que busca determinar qué ocurrió con los fondos que estaban bajo custodia judicial y que habrían sido extraídos de distintas cuentas entre los años 2017 y 2024.
La mecánica que reconstruye la acusación ubica al ex fiscal en un lugar clave: habría sido quien identificaba las cuentas de las que podía retirarse dinero y firmaba los oficios necesarios para concretar las operaciones. Pero el circuito no terminaba allí. Es que una vez habilitada la extracción, entraban en escena otras personas que habrían cumplido diferentes funciones. Parte de la estructura se encargaba de conseguir prestanombres, cuyos datos personales y cuentas bancarias eran utilizados para canalizar los fondos.
De acuerdo con información publicada por el diario La Nación, siete personas aparecen señaladas como presuntos testaferros de la organización. La misma publicación indicó que una parte importante de los 425 millones de pesos habría sido destinada a casinos e inversiones bursátiles y vinculó esos movimientos con problemas de juego atribuidos al ex funcionario judicial.
La investigación sostiene que el esquema estaba organizado para prolongarse en el tiempo y evitar que los faltantes quedaran rápidamente al descubierto. Para eso habría existido una segunda instancia de la operatoria: volver a colocar dinero en determinadas cuentas cuando el avance de un expediente podía provocar que alguien comprobara cuánto dinero había disponible.
Cuando una causa se aproximaba a una instancia como un juicio abreviado o una probation y era necesario disponer nuevamente de los fondos, el dinero faltante era repuesto de manera temporal. En esa parte de la investigación aparece el abogado penalista Emilio Barcacia, a quien se le atribuye haberse presentado en entidades bancarias para realizar depósitos destinados a recomponer los saldos.
Así, siempre según la hipótesis fiscal, el circuito permitía retirar dinero de determinadas cuentas judiciales y cubrir posteriormente el faltante cuando existía la posibilidad de que fuera detectado.
La causa comenzó precisamente cuando una anomalía en una de esas cuentas encendió las alarmas dentro del propio Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe. A partir de ese hallazgo, la investigación quedó en manos de Spelta, integrante de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional.
La pesquisa avanzó sobre movimientos realizados durante un período de siete años y terminó con nueve personas detenidas, entre ellas Ríos Artacho, considerado el principal acusado.
En la mira
Para entonces, Ríos Artacho ya había dejado el Ministerio Público. En junio de 2024 presentó su renuncia después de haber sido suspendido durante 60 días, sin goce de sueldo, por decisión de la Legislatura santafesina.
Uno de los episodios que había puesto su actuación bajo sospecha fue el destino de un Mercedes Benz C250 Kompressor secuestrado en una investigación por delitos económicos. En noviembre de 2022, Ríos Artacho dispuso que el vehículo fuera entregado como depositario judicial provisorio al comisario Álvaro Rosales, con quien mantenía una relación de amistad.
El ex fiscal sostuvo posteriormente que el auto iba a ser utilizado para tareas policiales y reconoció que inicialmente no había dado intervención a la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).
