Pablo Pourrere objetó una financiación destinada a una empresa vinculada a Mariano Jinkis y denunció irregularidades en su tramitación. Poco después fue destinado a Reconquista, a 1.300 kilómetros de Mar del Plata. Una auditoría interna del Banco Nación detectó deficiencias en la operación y ahora la Justicia federal intervino en el conflicto.
Una operación crediticia por más de $52.600 millones que nunca llegó a concretarse, una auditoría interna que detectó inconsistencias, un gerente que denunció presiones y un traslado a 1.300 kilómetros de su lugar de trabajo que terminó frenado por la Justicia.
Esos son los elementos de un conflicto que sacude al Banco Nación y que ahora llegó a los tribunales federales de Mar del Plata.
En el centro de la historia está Pablo Pourrere, quien lleva 36 años dentro de la entidad y desde hace una década se desempeña como gerente zonal. El funcionario se negó a avanzar con una financiación destinada a Jardines de Chauvin SA, una sociedad constituida en 2024 que proyectaba construir dos torres en Mar del Plata.
La operación llamó su atención por una serie de inconsistencias que dejó asentadas por escrito. Después llegó una decisión que Pourrere interpretó como una represalia: su traslado a Reconquista, Santa Fe, a unos 1.300 kilómetros de su casa y su familia.
La disputa terminó judicializada.
El juez federal subrogante de Mar del Plata Bernardo Bibel concedió una medida cautelar que dejó en suspenso el traslado al considerar, en principio, que la decisión no aparecía suficientemente fundada en razones “objetivas y técnicas”.
Para resolverlo tuvo en cuenta no sólo las denuncias formuladas por Pourrere, sino también las conclusiones de una auditoría realizada por el propio Banco Nación, que encontró deficiencias técnicas y documentales durante la tramitación del financiamiento.
Una empresa nueva y un apellido conocido
La sociedad que iba a recibir el crédito era Jardines de Chauvin SA, constituida en junio de 2024.
Su accionista mayoritario es Mariano Jinkis, con el 90% de las acciones. El restante 10% pertenece a Guido Murgier, quien además aparece como garante solidario del emprendimiento.
El apellido Jinkis agrega un componente particularmente sensible a la operación.
Mariano y su padre, Hugo Jinkis, admitieron el pasado 26 de agosto ante la Justicia estadounidense haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano por decenas de millones de dólares entre 2010 y 2015, en el marco del escándalo internacional conocido como FIFAgate.
La situación del empresario ya había generado una alerta dentro del propio Banco Nación. Un informe de la Subgerencia General de Integridad recomendó aplicar un “criterio reforzado de debida diligencia” ante cualquier eventual otorgamiento del crédito.
Sin embargo, ese documento no llegó inmediatamente a manos del gerente que debía intervenir en la tramitación.
Las primeras objeciones
La iniciativa para analizar la financiación no habría nacido en la sucursal marplatense.
Según determinó posteriormente la auditoría interna, el trámite comenzó desde áreas centrales del Banco Nación en Buenos Aires, que durante 2025 mantuvieron contactos vinculados con el proyecto inmobiliario.
El emprendimiento contemplaba la construcción de dos torres de 23 y 16 niveles y 238 unidades funcionales, sobre un terreno de aproximadamente 5.700 metros cuadrados ubicado en Larrea 2850, en el barrio Chauvin de Mar del Plata.
El 22 de diciembre, Pourrere y su equipo fueron convocados a una reunión virtual para avanzar con el proceso de calificación y asistencia del cliente.
Cuatro días después, el gerente planteó formalmente sus reparos.
Uno de ellos resultaba particularmente llamativo: Jardines de Chauvin transitaba su primer ejercicio económico, no registraba ingresos y presentaba un resultado negativo.
Pero había algo más.
Entre los antecedentes de la compañía en el sector de la construcción figuraban supuestas obras correspondientes a 2014, 2017, 2020 y 2021, pese a que la sociedad había sido constituida recién en 2024.
Pourrere pidió entonces que el proyecto fuera evaluado por una firma externa.
De 35,6 millones de dólares a 52.600 millones de pesos
La evaluación quedó en manos de Serinco SRL, que estimó el proyecto en 35,6 millones de dólares, equivalentes entonces a aproximadamente 52.638 millones de pesos.
Durante la tramitación apareció otra inconsistencia. En documentación remitida desde Buenos Aires se tomó inicialmente el monto expresado en dólares como si fueran pesos y se consignó un costo de 35.600 millones de pesos.
El error fue advertido y se confeccionó una segunda acta con el valor corregido, cercano a los 52.600 millones de pesos.
Pero ambos documentos no llegaron simultáneamente a Mar del Plata.
El acta con el monto incorrecto fue remitida el 6 de marzo; la que contenía la cifra corregida, el 19 de marzo. El informe de Integridad que advertía sobre los antecedentes de Jinkis, elaborado el 19 de febrero, llegó a Pourrere recién el 26 de marzo.
Para entonces ya había ocurrido uno de los episodios centrales del conflicto.
La negativa y el traslado
El 3 de marzo, desde el área de Productos Hipotecarios le enviaron al gerente un modelo de resolución para avanzar con el crédito y le solicitaron continuar con la propuesta comercial vinculada al cliente.
Pourrere se negó. En medio de esa secuencia fue notificado de su traslado.
La resolución del Directorio que disponía el cambio de destino estaba fechada el 20 de febrero, aunque recién le fue comunicada el 25 de marzo, 33 días después.
El gerente debía pasar a una sucursal de categoría inferior en Santa Fe. A diferencia de otros dos funcionarios jerárquicos alcanzados por movimientos internos, Pourrere sostuvo que no había sido previamente informado ni había prestado conformidad.
Un día después de recibir la notificación presentó un descargo, denunció presiones relacionadas con el crédito y vinculó el traslado con su negativa a avalar la operación.
El planteo provocó una revisión interna. El 1° de abril, la Subgerencia General Red de Sucursales suspendió provisoriamente el traslado y pidió una auditoría.
Lo que encontró la auditoría del propio banco
La revisión interna terminó por confirmar que la tramitación había tenido problemas.
El informe, concluido el 8 de junio, calculó que el costo total del emprendimiento rondaba los 79.800 millones de pesos y que el financiamiento proyectado alcanzaba casi 52.700 millones de pesos.
Los auditores detectaron, entre otros puntos, deficiencias e inconsistencias en el procedimiento, debilidades en la documentación respaldatoria, ausencia de evidencia sobre experiencia comprobable del cliente en construcción de viviendas y falta de documentación que acreditara el vínculo entre el estudio de arquitectos y Jardines de Chauvin SA.
También apareció otra particularidad.
El crédito había comenzado a tramitarse desde Buenos Aires y no desde Mar del Plata. Según la auditoría, la posibilidad de iniciar ese procedimiento de esa manera fue incorporada formalmente a las normas internas del Banco recién el 29 de mayo, es decir, después de iniciada la operación.
Los auditores advirtieron sobre un posible otorgamiento inadecuado del préstamo, eventuales pérdidas económicas y riesgo reputacional para la entidad, aunque también señalaron que las deficiencias detectadas podían ser subsanadas y no invalidaban por sí mismas todo el proceso.
Para entonces, sin embargo, el crédito ya tenía otro destino. El 18 de mayo, la Gerencia Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios había decidido rechazar la financiación por factores vinculados al riesgo reputacional y de integridad.
El crédito de más de 52.600 millones de pesos nunca se otorgó.
El conflicto que sí siguió adelante
Lo que no terminó allí fue la situación de Pourrere. Pese a sus planteos y al resultado de la auditoría, el Banco mantuvo posteriormente la decisión de enviarlo a Reconquista y el 25 de agosto le indicó que debía asumir el nuevo puesto en el plazo de una semana.
El gerente acudió entonces a la Justicia federal.
Según informó La Nación, luego de analizar también el dictamen del fiscal Daniel Adler, el juez Bibel decidió suspender cautelarmente el traslado.
Entre otras cuestiones, señaló que la resolución del Directorio que disponía el cambio de destino no había sido adjuntada a Pourrere en las comunicaciones en las que se hacía referencia a ella, una circunstancia que podía afectar su derecho de defensa.
También cuestionó el plazo otorgado para concretar el traslado cuando todavía existían presentaciones del empleado que no habían sido resueltas.
Qué dice el Banco Nación
Desde el Banco Nación rechazaron que exista una relación entre las objeciones de Pourrere al crédito y la decisión de trasladarlo.
La entidad sostiene que se trata de dos procedimientos independientes y remarca un elemento de la cronología: la resolución del Directorio que dispuso el traslado está fechada el 20 de febrero, antes de la apertura de la auditoría interna y de la posterior decisión de rechazar la financiación.
El Banco también señaló que Pourrere no participó de la instancia final en la que se resolvió denegar el crédito y anticipó que se presentará ante la Justicia federal para defender la legalidad de sus decisiones.
La discusión que deberá abordar ahora el expediente judicial, sin embargo, excede al crédito que nunca llegó a desembolsarse.
La financiación quedó descartada. Lo que permanece abierto es qué ocurrió dentro del Banco Nación durante su tramitación y si el traslado de un gerente que formuló objeciones técnicas fue realmente una decisión administrativa independiente o estuvo relacionado, como él denuncia, con su negativa a avanzar con la operación.
