Por mayoría, ya que los integrantes del TOCF 5 no coincidieron en diversos puntos del veredicto, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido fue absuelto; mientras que los hermanos Schoklender, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, recibieron penas en suspenso, por debajo de los tres años de cárcel.
Los jueces Adriana Palliotti, Adrián Grúnberg y Daniel Obligado, resolvieron, al borde del plazo de prescripción, que nadie irá preso por el desvío de 206 millones de pesos de los casi mil que el Estado nacional destinó a la construcción de viviendas a través del programa “Sueños compartidos” de la Fundación “Madres de Plaza de Mayo”.
Los magistrados absolvieron a Julio De Vido, a quien la parte acusadora le había pedido seis años de prisión por considerarlo coautor de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y tomaron la misma medida con Claudio Freidín y Carlos Castellano, ex funcionarios de la cartera de Planificación para quienes el fiscal Diego Velasco había solicitado cuatro años de cárcel, por haber sido partícipes necesarios de la maniobra que se investigó en este juicio.
En cuanto a las condenas, para los hermanos Schoklender se habían pedido seis años por ser coautores de la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El tribunal, en cambio, condenó a Sergio a dos años y nueve meses como partícipe necesario de ese delito y a Pablo, dos años y cuatro meses, con la misma calificación.
José López y su mano derecha, Abel Fatala, también habían recibido de la acusación un pedido de seis años de cárcel como coautores del perjuicio a la administración pública. Pero los jueces condenaron a López a dos años y nueve meses, en tanto que Fatala recibió dos años y nueve meses, más inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos.
El TOCF 5 rechazó todos los planteos de nulidades y de prescripción de la causa que en su momento reclamaron distintos defensores. Todos los imputados señalaron la prescripción de la causa porque el último acto capaz de interrumpirla había sido la convocatoria a juicio oral, que tuvo lugar el 8 de julio de 2020. Sin embargo, el fiscal Velasco, y los jueces lo convalidaron, sostuvoe que la última citación a debate oral fue el 15 de septiembre de 2020, a pedido de las propias defensas, quienes habían hecho saber que durante la pandemia habían tenido dificultades para acceder al expediente.
El tribunal también dispuso el decomiso de los bienes cautelados hasta cubrir el monto de 206 millones de pesos, lo defraudado en las maniobras que se produjeron entre 2005 y 2011, que equivales aproximadamente al 24% del total del dinero que el estado dedicó a la construcción de viviendas para los sectores con menores recursos a través de la Fundación «Madres de Plaza de Mayo».
La sentencia -o sea los fundamentos de este veredicto- se darán a conocer el próximo 13 de noviembre.
La decisión puede ser apelada y sin dudas lo será por parte de quienes fueron condenados y por la fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF), que había reclamado las mismas condenas que el fiscal Diego Velasco y por la misma calificación.
