El tribunal dio a conocer los fundamentos de la sentencia que impuso 12 años de prisión al productor agropecuario por organizar y financiar una estructura dedicada al tráfico de drogas. Escuchas, mensajes, seguimientos y una pista clandestina fueron parte del cuadro probatorio
El Tribunal Oral Federal de Paraná dio a conocer los fundamentos de la condena a 12 años de prisión contra el productor agropecuario Leonardo Roberto Airaldi, conocido como el “gaucho narco”, y detalló el entramado probatorio que le permitió concluir que ocupaba un lugar de conducción dentro de una organización dedicada al tráfico de drogas.
En una sentencia de 302 páginas, las juezas Noemí Marta Berros y Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello consideraron acreditado que Airaldi no era un integrante más de la estructura, sino quien organizaba y financiaba las operaciones desarrolladas entre 2019 y 2024 en Paraná y Diamante, Entre Ríos, con proyección hacia territorio santafesino.
El veredicto había sido conocido el 13 de agosto, pero los fundamentos permitieron ahora conocer cómo el tribunal valoró las pruebas reunidas durante la investigación y expuestas a lo largo de las 18 audiencias del juicio.
Para los magistrados quedó “sobradamente acreditado” que Airaldi ejercía un rol “preponderante, dirigencial y jerárquico” dentro de la organización. Según la sentencia, era quien impartía “las directivas, las órdenes y las instrucciones”, mientras que los restantes integrantes le reportaban sobre las tareas que les habían sido asignadas.
“Era Airaldi quien organizaba y distribuía las tareas de cada uno; quien planificaba con precisión la tarea y la financiaba”, sostuvo el TOF, según difundió el sitio fiscales.gob.ar.
La Justicia determinó además que el productor ponía a disposición de la estructura sus propios recursos: la estancia “El Mirador”, la isla “El Pillo”, empresas y fideicomisos, vehículos, embarcaciones y combustible para aeronaves. Esos medios, según el fallo, eran utilizados para el aprovisionamiento, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de estupefacientes.
Lenguaje en clave
Las intervenciones telefónicas y los mensajes recuperados de los celulares secuestrados durante la investigación fueron determinantes para la acusación. El tribunal calificó ese material como “elocuentemente demostrativo” del lugar que Airaldi ocupaba dentro de la organización y de la ascendencia que mantenía sobre sus integrantes.
Las conversaciones permitieron reconstruir órdenes, funciones y vínculos, pero también descubrir el lenguaje en clave utilizado para referirse a las operaciones de narcotráfico.
De acuerdo con los fundamentos, términos como “carne”, “lomo”, “lomo verde”, “novillo”, “novillito”, “cordero” o “maple” eran utilizados para hablar de estupefacientes. Las avionetas eran mencionadas como “pájaros”, “pajarracos” o “bichos”; las maniobras de llegada y descarga eran llamadas “vacunadas”, mientras que los pilotos aparecían identificados como “veterinarios”.
La defensa cuestionó la legalidad de las escuchas, pero el TOF rechazó el planteo. Los jueces remarcaron que las intervenciones habían sido dispuestas mediante órdenes judiciales y ejecutadas con participación de organismos competentes, entre ellos la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO).
La prueba digital no fue analizada de manera aislada. El tribunal la contrastó con testimonios, informes de las fuerzas de seguridad, vigilancias, documentación y otros elementos incorporados durante el debate.
La pista clandestina
Otro elemento considerado relevante fue la existencia de una pista de aterrizaje clandestina en un establecimiento rural vinculado a Airaldi. La defensa sostuvo que se encontraba en el coto de caza “Los Ombúes” y que se trataba de un lugar habilitado para operaciones aéreas. El tribunal descartó esa explicación: “Ha quedado sobradamente probado que existía una pista clandestina en el campo de Airaldi”.
Para llegar a esa conclusión, los jueces valoraron informes de organismos especializados, testimonios, tareas de vigilancia y comunicaciones telefónicas. También tuvieron en cuenta la comprobación de compras de combustible para avionetas.
El TOF consideró que la pista debía ser analizada junto con el resto de las evidencias para comprender de qué manera los recursos vinculados al productor eran utilizados por la estructura narcocriminal.
El planteo de la defensa que rechazó el tribunal
Durante el juicio, los abogados de Airaldi sostuvieron que había existido un “sesgo investigativo” y un “direccionamiento” de la pesquisa contra el productor debido a su exposición pública y política. Según esa postura, las evidencias habían sido interpretadas a partir de una hipótesis previa de culpabilidad.
El tribunal rechazó ese argumento y sostuvo que el análisis conjunto de la prueba “expulsa toda noción acerca del alegado direccionamiento y/o existencia de un sesgo cognitivo cargoso” contra el acusado.
En sentido contrario, los jueces concluyeron que “solo la hipótesis acusatoria está dotada de capacidad explicativa de lo sucedido” y que había quedado confirmada “más allá de toda duda razonable”.
Airaldi fue condenado finalmente como autor del delito de organización y financiamiento de actividades de tráfico de estupefacientes a 12 años de prisión y al pago de una multa de $118.404.000. La Fiscalía había solicitado una pena de 14 años. Actualmente permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza bajo el Sistema Integral para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo.
