Cuando estaban a punto de vencer los 15 días de prórroga concedidos por el juez federal Ariel Lijo, el ex Jefe de Gabinete presentó un informe de 78 fojas firmado por su abogado Matías Ledesma en el que aseguró que su patrimonio “encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, y en la que oportunamente se incorporará, sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”. El origen del dinero, ocho billeteras bitcoin.
El 10 de agosto pasado, el fiscal Gerardo Pollicita le había ordenado a Manuel Adorni que justificara su patrimonio, ya que después de una investigación de meses, había encontrado inconsistencias por 400 mil dólares y 43 millones de pesos. Las objeciones se centraban en la compra de la casa del country Indio Cua, las refacciones realizadas en negro por el contratista Matías Tobar en ese inmueble por 245 mil dólares y la compra de un departamento en Caballito, en la calle Miró al 500, entre otros puntos.
El descargo de Ledesma no niega la diferencia, pero discute su magnitud: sostiene que esos 43.068.549 de pesos representan el 15,8% de los egresos totales reconstruidos y el 18,7% de los ingresos lícitos computados, y los describe como “una brecha residual, no una desproporción manifiesta”, compatible con los márgenes de error propios de reconstruir dos años y medio de movimientos de una familia.
La defensa también apunta contra la “línea de base” que usó el fiscal para calcular que el patrimonio se había multiplicado. Según el escrito, el propio dictamen reconoce que el 79,3% de lo declarado en la primera presentación de bienes de 2023 se consignó “sin un solo dato que permitiera verificarlo”, por lo que no podría usarse esa misma cifra “precaria” para sostener que el patrimonio neto se multiplicó.
El origen de los dólares: ocho billeteras de Bitcoin de 2014
El punto central del descargo es el origen del efectivo en dólares que Adorni declaró bajo el rubro “venta de activos”: la defensa afirma que ese dinero no proviene de un bien físico vendido, sino de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin que Adorni operó entre 2014 y 2018, años antes de asumir como funcionario en diciembre de 2023.
El escrito detalla cada billetera con su clave pública y el monto liquidado, que suman 591.544,61 dólares en total. Para acreditar que esas billeteras son del ex funcionario, algo que las criptomonedas no registran de forma nominativa, su abogado recurrió a una certificación notarial: según el escrito, un escribano público constató que Adorni firmó un mensaje digital en cada una de las ocho billeteras usando su clave privada, lo que, según Ledesma, demuestra la titularidad. Además, aclara que entregó las claves privadas en un sobre lacrado por si la investigación necesita verificarlas.
El escrito insiste en que se trata de “un dato objetivo, verificable en la blockchain pública”: las ocho direcciones registraron movimientos únicamente entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, y no conservan saldo desde entonces, es decir, entre cinco y nueve años antes de que Adorni entrara a la función pública.
Sobre el origen del capital que permitió comprar esos bitcoins, la defensa apela a la trayectoria profesional previa de la pareja: dice que tanto Adorni (contador público) como Angeletti (licenciada en Administración de Empresas) prestaron servicios de asesoramiento de manera particular antes de 2023, lo que les permitió ahorrar el capital inicial destinado a la compra de criptomonedas a partir de 2014.
El escrito cierra sosteniendo que no se configura el delito de enriquecimiento ilícito porque faltan sus elementos centrales: que el incremento patrimonial haya ocurrido durante el ejercicio del cargo, y que sea “apreciable e injustificado”. Cita doctrina penal para sostener que el enriquecimiento en sí mismo “resulta ser inocuo” y no contiene “aspectos disvaliosos que justifiquen su incriminación penal” si no está desvinculado de una explicación razonable.
