La Sala II de la Cámara Federal ratificó el procesamiento del ex Director Ejecutivo de la ANDIS por ser el jefe de una asociación ilícita, cohecho pasivo, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Los camaristas Carlos Farah y Roberto Boico compartieron el criterio del fiscal federal Franco Picardi y avalaron el procesamiento, como paso previo a un juicio oral y público, de Diego Spagnuolo; de su mano derecha, Daniel Garbellini; del intermediario Miguel Angel Calvete; y 16 personas más, que fueron procesadas en primera instancia por Sebastián Casanello, subrogando el juzgado de instrucción 11.
En un extenso dictamen que Quorum publicó en su momento y que la Sala II hizo suyo, Picardi había considerado probado que responsables de ANDIS les compraban medicamentos de alto valor a un puñado de empresas que los facturaban con sobreprecios exorbitantes, hasta llegar a un monto de 30.337.220.919,77 pesos, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
La pesquisa apunta al Programa Federal Incluir Salud, que financiaba las llamadas prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI), medicamentos e insumos de alto costo para pacientes con pensiones no contributivas sin cobertura médica, y que, según la hipótesis judicial, habría sido manipulado para dirigir contrataciones a un grupo reducido de droguerías vinculadas a los propios funcionarios, mediante la simulación de competencia con oferentes «pantalla».
“La agencia fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”, había sostenido la fiscalía.
La defensa de Spagnuolo había reclamado que la provisión de medicamentos PACBI “no se encontraba entre las competencias reales de su cargo”, pero el tribunal replicó que “la atribución penal aquí dirigida no se basa solamente en la nominalidad del cargo que desempeñaba (…) sino en los numerosos indicios colectados que sugieren su intervención en las maniobras ilícitas”.
El papel de los principales imputados
El tribunal sostuvo que Spagnuolo “no se limitaba a validar y acompañar todo el proceso que transcurría frente a sus ojos”, sino que tuvo “una activa intervención” para garantizar el éxito de la maniobra, entre otras cosas al designar a Daniel Garbellini al frente del área que gestionaba las compras PACBI.
En el centro del expediente está Miguel Ángel Calvete, un empresario al que la Justicia describe como uno de los principales articuladores del esquema por fuera del Estado. Según el fallo, Calvete manejaba con antelación toda la información sensible del proceso de compras: sabía qué productos saldrían a licitación, qué droguerías serían invitadas y cuándo se liberarían los pagos, datos que le llegaban directamente desde adentro de la ANDIS.
Los camaristas detallaron que en su teléfono se hallaron cuadros propios donde figuraban, junto a cada operación, porcentajes de comisión del 15%, el 10%, el 5% o el 3%, que se presume representaban su tajada y la de su grupo. Su nombre aparece vinculado a media docena de empresas proveedoras de la Agencia, entre ellas Indecomm SRL, Droguería Profarma, Resposane Salud, Bymax Medical y Smart Medical Image.
El fallo de la Sala II describe un pago en efectivo de parte de Calvete hacia Spagnuolo por cinco millones de pesos y la compra de unos muebles para la casa del entonces funcionario que el empresario hizo figurar como si fuese una operación comercial de su compañía.
En cuanto a Garbellini, quien asumió como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud en julio de 2024, fue descripto por el fallo como una pieza central del engranaje: “múltiples probanzas lo colocan en la escena criminal ejerciendo un rol preponderante”, sostuvieron los jueces, que rechazaron su defensa sobre la transparencia del sistema de compras. Los mensajes extraídos de su celular fueron determinantes para sostener la imputación: en ellos da directivas de sacar o poner empresas y droguerías en las compulsas.
Esas directivas, dadas sin ningún respaldo documental o técnico, “sólo encuentran explicación en el contexto ilícito dentro del cual se desarrollaba su actuación”, consideró el tribunal, que mantuvo las multas, las inhibiciones generales de bienes, las prohibiciones de salir del país, aunque redujo los embargos.
Los audios de Spagnuolo
La investigación comenzó a partir de los audios atribuidos a Spagnuolo en los que se refería a pedidos de coimas y un circuito de coimas dentro de la agencia para la discapacidad. Sin embargo, Casanello no utilizó esas grabaciones como prueba y su validez aún está bajo la mira de la justicia.
La Sala II llevó adelante varias audiencias para determinar si la voz que se escucha en los audios es la del ex titular de ANDIS y en las últimas semanas, el juez federal Ariel Lijo dispuso su cotejo con otras grabaciones públicas para saber si hubo edición o manipulación del contenido, pero el ex funcionario, paradójicamente, se negó a ofrecer una prueba de voz para la pericia.
