Ingresó al Poder Judicial porteño en 2006, desarrolló parte de su carrera en la Defensa Pública y llegó a la magistratura en diciembre de 2023. Su decisión de sobreseer a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo reavivó los cuestionamientos por su intervención en el caso del playero Arturo López y motivó una apelación fiscal y dos denuncias de una asociación de víctimas.
La jueza Laura Beatriz De Marinis, de 40 años, quedó en el ojo de la tormenta luego de declarar la inconstitucionalidad de la aplicación del nuevo régimen penal juvenil a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y disponer su sobreseimiento. La resolución provocó una reacción del Ministerio Público Fiscal, que apeló el fallo y pidió su apartamiento, mientras que distintos funcionarios y legisladores reclamaron que sea sometida a juicio político.
La magistrada es titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la ciudad de Buenos Aires, cargo al que accedió a fines de 2023 después de una trayectoria dentro del Poder Judicial porteño, principalmente vinculada con la defensa penal juvenil.
Su decisión también volvió a poner bajo la atención pública un antecedente de su actuación judicial: la resolución mediante la cual, en diciembre de 2023, dispuso la libertad con monitoreo electrónico del joven condenado por la agresión al playero Arturo López, quien sufrió graves secuelas tras recibir una golpiza en un estacionamiento del barrio de Monserrat.
De la Defensa Pública a la magistratura
De acuerdo con la documentación oficial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, De Marinis ingresó al Poder Judicial porteño en 2006, cuando todavía no había finalizado sus estudios universitarios.
En 2011 obtuvo el título de abogada en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Durante los primeros años de su carrera desempeñó distintas funciones dentro del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, aunque el registro de antecedentes publicado durante su concurso para acceder a la magistratura no detalla la totalidad de los cargos que ocupó en ese período.
Su recorrido profesional continuó dentro de la Defensa Pública. En 2017 comenzó a desempeñarse como prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil, dependiente de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Esa experiencia fue uno de los antecedentes que presentó al concursar para convertirse en jueza, en un proceso de selección destinado a cubrir tres vacantes en la Justicia Penal Juvenil de la Ciudad.
Su formación académica también estuvo vinculada con las problemáticas de la infancia y la adolescencia. En 2022 obtuvo el título de especialista en Problemáticas Sociales Infanto Juveniles de la UBA.
Además, participó como coautora de un capítulo de la obra La Convención sobre los Derechos del Niño Comentada, publicada por el Ministerio Público Tutelar porteño, y acreditó cuatro artículos de doctrina jurídica.
El paso definitivo hacia la magistratura llegó a través del concurso N° 72/2022 del Consejo de la Magistratura, convocado para cubrir tres cargos de juez de primera instancia en lo Penal Juvenil.
Tras superar las distintas instancias de evaluación, De Marinis integró el orden de mérito definitivo y su candidatura fue elevada a la Legislatura porteña para completar el procedimiento de designación.
El 7 de diciembre de 2023, la Legislatura aprobó su nombramiento mediante la Resolución 342/2023, junto con los de Alicia Baridón Gómez y Bárbara Moramarco Terrarossa. Doce días después, el 19 de diciembre, las tres magistradas prestaron juramento ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Desde entonces, De Marinis se encuentra al frente del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3.
Dos denuncias y pedidos de juicio político
Las repercusiones del controvertido fallo no se limitaron al expediente judicial. La asociación civil Usina de Justicia, dedicada a la defensa de los derechos de las víctimas de delitos, presentó dos denuncias contra la magistrada: una por presunto mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura porteño y otra de carácter penal por el supuesto delito de prevaricato.
Ambas presentaciones fueron impulsadas por el abogado Fernando Soto, en representación de la entidad, con el patrocinio letrado de Martín Luis Sarubbi.
En la denuncia por mal desempeño, Usina de Justicia cuestionó la interpretación que De Marinis realizó de los tratados internacionales y sostuvo que la magistrada habría dejado de aplicar una ley nacional sobre la base de una valoración personal.
La asociación también afirmó que la resolución no habría contemplado adecuadamente los derechos de la víctima y solicitó la apertura de un sumario para investigar la actuación de la jueza.
En paralelo, la entidad promovió una denuncia penal por prevaricato, delito previsto en el artículo 269 del Código Penal, al considerar que la magistrada habría dictado una resolución contraria a una ley expresa. La presentación sostiene que De Marinis actuó deliberadamente al dejar sin aplicación el artículo 1 del nuevo régimen penal juvenil y reclama que se investigue su conducta.
Al mismo tiempo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó públicamente la resolución y anunció que impulsará un pedido de juicio político contra la magistrada. “Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, expresó Macri en sus redes sociales.
En la misma línea, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, anunció que solicitarían el juicio político de De Marinis y afirmó que en la Ciudad el delito debe tener consecuencias. “CABA no va a tener una Justicia garantista. Un menor que roba es un delincuente, y en la Ciudad el delito tiene consecuencias”, escribió.
La senadora nacional y exministra de Seguridad Patricia Bullrich también cuestionó la resolución y sostuvo que determinadas decisiones judiciales favorecen la impunidad en lugar de garantizar justicia a las víctimas. “Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas”, entendió.
Por su parte, la diputada porteña de La Libertad Avanza Pilar Ramírez instó a los distintos bloques de la Legislatura a acompañar el pedido de juicio político y reclamó avanzar con la adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad a la nueva legislación nacional. Cabe aclarar que el Parlamento porteño no tiene la facultad de destituir a una jueza, este proceso se sustancia en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
