El ex diputado nacional por el kirchnerismo Santiago Igón intentó evitar el juicio con una donación económica a un hopital de su provincia, pero la Corte con los votos coincidentes de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rozenkrantz, desestimó la pretensión “por inadmisible”.
Santiago Nicolás Igón, diputado nacional por Chubut en el período 2015-2023, vio frustrado por la Corte Suprema su intento de evitar el juicio oral y público por haberse vacunado en 2021 contra el COVID, según la denuncia, cuando las dosis sólo estaban disponibles para el personal sanitario, invocando su condición de legislador.
El legislador de la bancada kirchnerista buscaba, a través de una donación de tres millones de pesos, que la causa en la que fue procesado por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, por el delito de recepción de dádivas, se cerrara.
Juanto a Igón, el magistrado procesó y envió a juicio a Carlos Emiliano Biondo, el funcionario responsable por entonces de supervisar el operativo de vacunación. El ex diputado manifestó durante el proceso que había pedido inmunizarse porque padecía diabetes y obesidad, ambos factores de riesgo, pero la denuncia aseguró que sólo recibió las dosis porque era legislador nacional.
El mecanismo resultó muy similar al investigado en el “Vacunatorio VIP”, una causa que se investiga en los tribunales federales porteños en la que personajes pertenecientes o allegados al poder fueron protegidos contra el COVID cuando las vacunas eran escasas y debían destinarse, según los decretos del Ejecutivo de entonces, primordialmente a médicos y enfermeras.
La decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. En septiembre de 2025, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que intervino en la causa, accedió a que Igón pagara una reparación integral del perjuicio que había pedido la defensa: unos tres millones de pesos destinados al Hospital Provincial de Chubut, en Esquel.
La fiscalía apeló y la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón, sobre base de los antecedentes y la oposición del Ministerio Público. La defensa entonces apeló en queja a la Corte Suprema que desestimó el planteo “por inadmisible”.
