El candidato de la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, busca llegar al Consejo de la Magistratura de la Nación con una propuesta de representación federal. Respaldado por una alianza de colegios profesionales del interior y el espacio que conduce Ricardo Gil Lavedra, plantea cambios en la selección de jueces, mayor control de los plazos judiciales y una defensa de los honorarios profesionales.
La elección de los representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación, prevista para el 20 de octubre, pondrá en juego mucho más que cuatro bancas. Los comicios definirán quiénes representarán al sector durante el período 2026-2030, en un contexto marcado por las vacantes judiciales, las demoras en la tramitación de expedientes y los cuestionamientos al funcionamiento del sistema de Justicia.
En ese escenario, Alberto “Nacho” Biglieri encabeza la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, una propuesta que reúne a dirigentes del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) y referentes de distintas instituciones profesionales del interior del país.
Con una extensa trayectoria académica, experiencia en la gestión judicial y un recorrido por diferentes espacios de representación profesional, Biglieri propone modificar los mecanismos de selección de magistrados, fortalecer el lugar de los abogados independientes y mejorar el funcionamiento cotidiano de los tribunales.
En diálogo con Quorum, el candidato repasó el origen de la alianza, sus principales propuestas y los desafíos que, a su entender, deberá afrontar el próximo Consejo de la Magistratura.
Una alianza federal que nació de la defensa de la profesión
La conformación de la Lista 3 es el resultado de un proceso de articulación institucional que comenzó durante la gestión de Ricardo Gil Lavedra al frente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.
Según recordó Biglieri, “inicialmente el proyecto aunó 13 agrupaciones diferentes de la Capital Federal, atrás de la figura y la conducción de Ricardo Gil Lavedra”. Sin embargo, la expansión hacia el interior del país tuvo un punto de inflexión durante el debate legislativo de las iniciativas que proponían introducir modificaciones en los procedimientos sucesorios y de divorcio.
“Durante los dos mandatos de Ricardo, empezamos a descubrir una cantidad de situaciones en el interior que replicaban los problemas que tenemos los abogados y especialmente cuando salen los proyectos de ley de sucesiones notariales y divorcios administrativos, hubo un fragor, una compulsa pública de esta discusión contra el proyecto del Gobierno nacional que no contemplaba la lógica que todos los abogados conciben”, explicó.
Aquella discusión permitió establecer vínculos con colegios profesionales de distintas provincias.
“Ahí nos convocó el Colegio de Abogados de Rosario, en ese momento presidía Lucas Galdiano, y el Colegio de Abogados de Córdoba, que lo preside actualmente Eduardo Vittar, y empezamos con esos debates que llevamos a Gil Lavedra a la Cámara de Diputados donde fue el debate de Ley de Bases y los legisladores entendieron que esto era un desatino y lo retiraron del proyecto”, recordó.
A partir de esa experiencia, la alianza incorporó el respaldo de colegios de abogados y cajas forenses de Tucumán, Jujuy, Mendoza, Neuquén, San Juan, Corrientes y Bell Ville, entre otras jurisdicciones.
La nómina está encabezada por Biglieri, acompañado por Claudia Ester Sarmiento, de San Juan; Nazario Eduardo Bittar, de Córdoba; y María Jazminka Diana Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza. Entre los candidatos suplentes figuran Carlos Más Vélez, Ana Silvia Ruiz O’Neill, Guillermo Martín Lipera y Carolina Andrea Grillo.
Uno de los aspectos particulares de la propuesta es un acuerdo de alternancia voluntaria entre titulares y suplentes, mediante el cual los integrantes prevén dividir los cuatro años de mandato en períodos de dos años, con el objetivo de ampliar la participación de las distintas provincias.
“La lista es una síntesis de la representación federal y matricular”, resumió Biglieri.
Una trayectoria marcada por la docencia y la gestión judicial
Abogado egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en 1989, Biglieri cuenta con más de tres décadas de trayectoria vinculada al derecho público, la actividad académica y la gestión institucional.
Realizó un MBA en la Universidad de Baltimore en 2001 y un Máster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos en la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad del Salvador en 2007. También cursó estudios de doctorado en la Universidad Nacional de La Plata.
Es profesor titular ordinario de Derecho Administrativo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y profesor regular de Derecho de la Integración en la Universidad de Buenos Aires. Además, fue vicedecano de la UNLZ, conjuez de la Suprema Corte bonaerense, interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica y consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023.
Su vínculo con el derecho tiene, además, una raíz familiar.
“Vengo de una familia de abogados, una familia muy relacionada con la vida política argentina. Mi mamá fue, en el ámbito judicial, defensora del pueblo argentino. Y mi padre también tiene mucha historia con la política, con la abogacía, con la enseñanza del derecho”, contó.
Esa tradición se complementó con un recorrido institucional que comenzó durante sus años universitarios.
“Fui presidente del centro de estudiantes, después fui consejero por los graduados, después consejero por los docentes, y después fui vicepresidente del Colegio de Lomas, vicepresidente de la caja de abogados. Hice todo el camino que me parece que hoy puedo ofrecerle a los colegas que nos voten”, sostuvo.
Para Biglieri, la experiencia previa constituye una condición fundamental para asumir responsabilidades en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Durante su paso por el organismo porteño participó en procesos de selección y evaluación de magistrados, además de intervenir en decisiones disciplinarias.
“La construcción constitucional de la Ciudad es mejor porque se creó después de ver las experiencias del Consejo Nacional. Lo que es trascendente es la responsabilidad que vos aprendés a partir de la toma de decisiones. A mí me tocó conformar ternas para elegir jueces, evaluar jueces”, señaló.
También recordó su intervención en una investigación disciplinaria contra magistrados que habían dispuesto la reapertura de escuelas durante la pandemia.
“Me tocó evaluar cuando se intentó destituir a los jueces que reabrieron las escuelas y archivar esa causa disciplinaria porque yo estaba convencido de que los jueces estuvieron correctamente decidiendo y no eran incompetentes para esa decisión”, explicó.
“Ir a aprender al Consejo de la Nación es demasiado riesgoso para quienes te votan. La fuerza y la preparación que tenemos que llevar los consejeros que aspiramos a ese lugar tiene que ser un correlato de las responsabilidades que nos dan los abogados”, advirtió.
Su experiencia también estuvo atravesada por la emergencia sanitaria del COVID-19, cuando tuvo responsabilidades en la administración del Poder Judicial porteño.
“A mí me tocó ser consejero en un momento de cambio de gobierno, muy traumático, todo el COVID fue muy traumático. Yo estaba de presidente de administración, estuve a cargo de todo el dispositivo de funcionamiento durante prácticamente los dos años del COVID para que gestione la Justicia”, recordó.
En ese recorrido destaca especialmente la influencia de Gil Lavedra.
“Formarse al lado de Gil Lavedra te da una noción de la necesidad de consenso y de la necesidad de tener la audacia suficiente para tomar decisiones, con la mesura necesaria para entender lo que significan las transformaciones en la Justicia”, afirmó.
El desafío de abrir el Poder Judicial a los abogados independientes
Uno de los ejes centrales de la propuesta de Biglieri es modificar los criterios de evaluación de antecedentes en los concursos para cubrir cargos judiciales.
Según el candidato, el sistema actual coloca a los abogados que ejercen de manera independiente en una situación de desventaja frente a los funcionarios que desarrollaron su carrera dentro del Poder Judicial.
Como ejemplo, mencionó que, de un conjunto reciente de más de 170 pliegos judiciales remitidos al Senado, solamente siete correspondían a abogados provenientes del ejercicio independiente de la profesión.
“El abogado en el ejercicio liberal de la profesión está en desventaja porque el reglamento, específicamente con respecto al tema de los antecedentes, desiguala. Un funcionario judicial con 20 años tiene más puntaje que un abogado que hace 20 años en la profesión”, cuestionó.
A su entender, esa diferencia desconoce las responsabilidades que asumen cotidianamente los profesionales que representan a ciudadanos ante los tribunales.
“Nosotros, cada firma que ponemos, ponemos en juego la libertad, el patrimonio y a veces la vida de los ciudadanos. El funcionario judicial quizás no tiene ninguna toma de decisión, porque en definitiva eleva su borrador o su dictamen al juez que es el que toma la decisión. En cambio nosotros tenemos la cosmovisión del expediente”, sostuvo.
En ese sentido, la Lista 3 propone introducir modificaciones en los concursos de selección de magistrados, en línea con los criterios establecidos por la Corte Suprema en la Acordada 4/2026.
Entre las iniciativas se encuentran la implementación de exámenes escritos anónimos, desarrollados en dos etapas y con mecanismos de corrección ciega, y una reducción de los márgenes de discrecionalidad en las entrevistas personales.
Biglieri también asumió un compromiso respecto de la valoración de los resultados obtenidos por los postulantes.
“No vas a encontrar un voto mío que al que salió 100 en el examen aparezca segundo en la terna. Eso es un compromiso firmado”, aseguró.
Pero su planteo va más allá de una modificación reglamentaria. Considera que la incorporación de abogados independientes a la magistratura permitiría acercar el funcionamiento judicial a los problemas concretos de la sociedad.
“El abogado es el que conoce el conflicto, es el que abre su puerta cuando viene una madre llorando porque no le dejan ver a su hijo. Esa relación solamente la tiene el abogado. ¿Cómo no creer que el Poder Judicial se debe oxigenar con una participación más activa e inclusiva del abogado en el ejercicio de la profesión?”, reflexionó.
Honorarios y plazos judiciales: dos prioridades para la abogacía
Otro de los puntos centrales de su plataforma es la defensa de los honorarios profesionales y el cumplimiento de los plazos procesales.
Biglieri considera que el respeto por las leyes arancelarias no constituye únicamente una reivindicación económica de los abogados, sino una condición necesaria para garantizar una adecuada prestación del servicio de Justicia.
“El tema de los honorarios es central. Primero porque el juez tiene que cumplir con la ley y segundo porque el honorario no solamente es un derecho alimentario, es la garantía de la calidad y la prestación del servicio del abogado para el ciudadano. Si el abogado no cobra bien, no se capacita, no se prepara, no defiende bien a su cliente”, afirmó.
Desde esa perspectiva, propone que el Consejo de la Magistratura ejerza un mayor control sobre las decisiones judiciales que fijan honorarios por debajo de los mínimos establecidos por la legislación vigente.
También cuestiona lo que considera una desigualdad en el tratamiento de los plazos procesales.
Mientras que para los abogados el vencimiento de un término puede significar la pérdida de un derecho, sostiene que las demoras de los magistrados no siempre generan consecuencias equivalentes.
“Vos cada vez que se te vence un plazo, perdés el derecho de tu cliente. Y los jueces solamente usan los plazos como cuestiones ordenatorias. Para nosotros son mandatorias”, señaló.
Para revertir esa situación, la Lista 3 propone establecer mecanismos permanentes de seguimiento y auditoría de los tiempos de resolución de los expedientes.
El objetivo, según explicó, es garantizar que los tribunales cumplan con sus obligaciones y que las demoras injustificadas puedan ser detectadas y evaluadas institucionalmente.
Un Código de Ética Judicial que no se convierta en una herramienta política
La necesidad de recuperar la confianza de la sociedad en el Poder Judicial también ocupa un lugar destacado entre las propuestas del candidato.
En ese sentido, Biglieri impulsa la aprobación de un Código de Ética Judicial obligatorio para los magistrados federales, acompañado por procedimientos transparentes de evaluación en el ámbito de la Comisión de Disciplina y Acusación.
Sin embargo, advierte que esas herramientas no deben convertirse en mecanismos de presión política sobre los jueces.
“El Código de Ética obliga a tener pautas claras de relación, pero entendemos claramente que eso no puede ser un artilugio de la política para tener fuerza de presión sobre los jueces. Tiene que ser aprobado con plazos que sean cortos y claros”, explicó.
Y agregó una definición sobre los límites que, a su entender, debe tener la intervención del Consejo.
“Nosotros no vamos a perseguir a los jueces por sus fallos. Los fallos son la resolución del conflicto; las costas y los honorarios no son parte del fallo y sobre ellos ejercemos el control”, sostuvo.
La propuesta también contempla incorporar herramientas tecnológicas que permitan evaluar el funcionamiento de los tribunales mediante información pública y accesible.
Entre ellas, la implementación de tableros estadísticos de gestión que permitan conocer y comparar los tiempos de resolución, la cantidad de expedientes y otros indicadores de desempeño judicial.
No obstante, Biglieri advierte que los números deben analizarse teniendo en cuenta las particularidades de cada jurisdicción.
“El manejo del dato nosotros lo queremos transparente y accesible para controlar y comparar la gestión de los juzgados, pero siempre analizado con el jefe gremial de la abogacía del lugar. El presidente del colegio del lugar va a ser el que nos va a guiar en su opinión porque eso es lo que a nosotros nos informa directamente”, explicó.
La independencia política y el funcionamiento del Consejo
Consultado sobre las tensiones políticas que atraviesan al Consejo de la Magistratura, Biglieri buscó diferenciar a su espacio de las otras listas que competirán en las elecciones.
Según sostuvo, la diversidad ideológica de quienes integran su propuesta constituye una de sus principales fortalezas.
“Venimos de distintos lugares, distintos espacios ideológicos y distintas formas de pensar. Sin embargo, confluimos en un proyecto común en defensa de la abogacía”, afirmó.
Y agregó: “Nuestra lista tiene la capacidad de que sea cual sea el resultado de esta elección y de la elección nacional del año que viene, va a ser siempre la lista que representa a los abogados. Los otros se encolumbran detrás de los bloques políticos”.
El candidato también planteó reparos respecto de la actual estructura de conducción del Consejo de la Magistratura, particularmente por la acumulación de responsabilidades que supone que su presidencia recaiga en el titular de la Corte Suprema.
A su entender, la administración judicial requiere una dedicación permanente que resulta difícil de compatibilizar con otras funciones institucionales.
“La política de administración es una política que genera una dedicación full time”, señaló.
Infraestructura judicial: los problemas que también demoran la Justicia
Más allá de las reformas institucionales, Biglieri considera que uno de los grandes desafíos del Poder Judicial se encuentra en las condiciones materiales en las que trabajan diariamente magistrados, funcionarios y abogados.
Las dificultades del sistema informático Lex100, las limitaciones edilicias y la falta de espacios adecuados para celebrar audiencias son algunos de los problemas que identifica.
“No podés pensar hoy la aplicación de los nuevos procesos si tenés salas de audiencia de 5 o 10 metros cuadrados”, advirtió al referirse a las exigencias que plantea la implementación del sistema acusatorio.
Para el candidato, las deficiencias de infraestructura no son cuestiones secundarias, sino factores que afectan directamente el funcionamiento de los procesos judiciales.
“Si vos tenés una audiencia, ese día se cortó la luz, no hay grupo electrógeno y hay goteras, tenés un problema grave de demora judicial y pérdida de testigos”, ejemplificó.
Su experiencia en administración judicial lo llevó a considerar que las transformaciones normativas deben estar acompañadas por recursos materiales suficientes.
“Ocuparme de la administración es algo que me apasiona porque sin la hoja donde firmar el juez tampoco puede sacar la sentencia”, sintetizó.
Recuperar el prestigio de la abogacía y reconstruir el vínculo con la sociedad
En el tramo final de la entrevista, Biglieri dejó de lado las cuestiones estrictamente institucionales para detenerse en un problema que considera más profundo: la pérdida de reconocimiento social de la profesión.
A su entender, la abogacía debe recuperar su papel como intermediaria entre los ciudadanos y el sistema de Justicia, pero también como una actividad comprometida con la vida pública.
“Tenemos que reconstruir la relación de la abogacía con la sociedad. La sociedad está enojada con la abogacía, con la Justicia, con el periodismo. Ahora, cada vez que tiene un problema grave, acude a la Justicia, a la abogacía y al periodismo”, reflexionó.
En esa contradicción encuentra uno de los principales desafíos para quienes aspiran a representar a los profesionales en el Consejo de la Magistratura.
No se trata solamente de defender condiciones laborales, mejorar los concursos o reclamar el cumplimiento de las leyes de honorarios, sino también de recuperar la confianza de quienes necesitan recurrir a un abogado para defender sus derechos.
“En la cotidianidad hay que volver a hacer revalorizar eso que era ‘mi hijo el doctor’. El abogado era un formador de opinión en la sociedad”, recordó.
Y concluyó con un compromiso que resume el objetivo de su candidatura: “Asumimos el compromiso de trabajar estos cuatro años para llevar adelante la mejor elección de jueces y que la abogacía recupere el prestigio institucional que le corresponde”.
