El candidato de la Lista 1 “Abogacía Federal” al Consejo de la Magistratura cuestionó la discrecionalidad en la selección de jueces, advirtió sobre el colapso de los tribunales federales y reclamó una representación independiente de la política partidaria. Su propuesta para defender a los abogados litigantes y mejorar el funcionamiento de la Justicia.
La Justicia federal argentina enfrenta un escenario complejo: más del 30% de los cargos judiciales vacantes, millones de expedientes acumulados, demoras procesales y un sistema de selección de magistrados que continúa despertando cuestionamientos. En ese contexto, los abogados de la matrícula federal están convocados a elegir a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030.
Uno de los protagonistas de esa disputa es Fernando Levene, candidato de la Lista 1 “Abogacía Federal”, quien plantea la necesidad de recuperar el protagonismo de los abogados litigantes dentro del organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces y administrar los recursos del Poder Judicial.
Con más de 28 años de ejercicio profesional, una extensa trayectoria en la dirigencia colegial y un fuerte vínculo con la abogacía del interior, Levene sostiene que los problemas de la Justicia no pueden resolverse sin escuchar a quienes recorren diariamente los tribunales.
En diálogo con Quorum, el abogado platense repasó su historia personal, analizó las principales deficiencias del Consejo de la Magistratura, cuestionó las arbitrariedades en los concursos judiciales y explicó las propuestas de su espacio para mejorar las condiciones del ejercicio profesional.
También dejó una definición sobre el papel de los colegios de abogados frente al poder político: “Podrán llevarse un abogado puesto, pero no a un Colegio de Abogados”.
Una vocación que nació lejos de la tradición familiar
El apellido Levene tiene un peso particular en la historia jurídica argentina. Está inevitablemente asociado a Ricardo Levene, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y una figura de referencia del derecho procesal argentino.
Sin embargo, Fernando Levene aclara que su vocación no surgió directamente de esa tradición familiar.
“Efectivamente, cuando uno escucha el apellido Levene es el código; si bien tenemos un parentesco, ya que es primo abuelo de mi abuelo, mi familia directa mayoritariamente son ingenieros y solo mi hermana es abogada”, explica.
Fue precisamente su hermana mayor quien, sin proponérselo, despertó su interés por el Derecho. Durante su infancia observaba cómo estudiaba y se preparaba para ejercer la profesión.
“Cuando empecé a ejercer me di cuenta de que esa vocación se había despertado con mucha anticipación y me pareció una herramienta para poder ayudar a la gente”, recuerda.
Para Levene, la abogacía no puede reducirse a una actividad económica. Aunque reconoce la necesidad de obtener una remuneración digna, considera que existe una dimensión humana que atraviesa el ejercicio profesional.
“La profesión encierra una gran vocación de ayudar al prójimo”, sostiene.
Egresado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), lleva más de 28 años ejerciendo la profesión. Su trayectoria combina el litigio independiente en los fueros civil, comercial y laboral con su desempeño como letrado de la Asesoría Letrada de esa universidad y su experiencia en el sector público descentralizado.
De abogado litigante a dirigente colegial
Su llegada a la política colegial ocurrió casi por casualidad.
En 2004 integró, como quinto suplente, la lista institucional encabezada por Pedro Augé para las elecciones del Colegio de Abogados de La Plata (CALP). Aquella experiencia, que inicialmente parecía circunstancial, terminó convirtiéndose en una parte central de su carrera.
“Hay algunos colegialistas que dicen que la colegiación es un virus portador sano, que una vez que ingresás es difícil salir, y a mí me pasó eso”, confiesa.
La lista resultó electa y Levene comenzó un recorrido institucional que lo llevó a ocupar la vicepresidencia del Colegio de Abogados de La Plata entre 2008 y 2012, la presidencia de la entidad en 2013 y la secretaría general del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA).
También se desempeñó como representante en la Caja de Previsión Social para Abogados hasta 2021.
Esa experiencia consolidó una convicción que hoy atraviesa su candidatura: la representación colectiva constituye una herramienta fundamental para defender a los profesionales frente a las decisiones del poder público.
“El abogado naturalmente es individualista; cuando trabajamos en el estudio estamos encerrados con nuestro caso, pero la colegiación tiene que ver con salir de ese individualismo y buscar lo colectivo para tratar de ayudar a todos los colegas”, reflexiona.
Levene recuerda especialmente las dificultades que enfrentan los abogados al comenzar su carrera y la distancia que muchas veces existe entre la formación universitaria y la práctica cotidiana.
Pero también destaca que las instituciones profesionales pueden desempeñar un papel decisivo cuando se afectan las condiciones del ejercicio de la abogacía.
Como ejemplo menciona el conflicto de 2013, cuando la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) intentó excluir a los letrados de determinados trámites previsionales.
“Nos ponían carteles, nos cerraban la puerta en la cara y nos trataban de estafadores; ahí demostramos que podrán llevarse un abogado puesto, pero no a un Colegio de Abogados, porque es la representación colectiva de miles de profesionales con otra caja de resonancia”, recuerda.
El Consejo de la Magistratura, entre los avances y las deudas pendientes
A tres décadas de la reforma constitucional de 1994, Levene reconoce que la creación del Consejo de la Magistratura representó un avance institucional significativo.
El organismo nació con el objetivo de incorporar criterios de idoneidad, participación y transparencia en la selección de magistrados, limitando la discrecionalidad que históricamente caracterizaba al procedimiento de designación judicial.
Sin embargo, considera que el sistema todavía presenta deficiencias que repercuten directamente en la calidad del servicio de Justicia.
“Un juez que no es honesto, que no es trabajador ni responsable, lo pagamos los justiciables y los abogados; un juez que no trabaja es un fallo que se dicta tardíamente y genera un retardo directo en el servicio de justicia”, advierte.
Para el candidato, el debate sobre el funcionamiento del Consejo no debe quedar restringido a las negociaciones políticas o a los equilibrios entre los distintos estamentos que integran el organismo.
Por el contrario, sostiene que es necesario recuperar la mirada de quienes conocen de primera mano las dificultades que enfrentan los ciudadanos cuando necesitan una respuesta judicial.
Concursos judiciales: el cuestionamiento a las entrevistas personales
Uno de los aspectos que más preocupa a Levene es la discrecionalidad que persiste en los concursos para seleccionar jueces, particularmente en la etapa de entrevistas personales.
El candidato considera que el sistema permite alterar de manera significativa el orden de mérito obtenido por los postulantes a partir de sus exámenes y antecedentes.
En ese sentido, analiza favorablemente el proyecto de reforma del reglamento de concursos impulsado por integrantes de la Corte Suprema, aunque entiende que todavía resulta insuficiente.
“Hoy el examen se compone de la prueba escrita, los antecedentes y la entrevista; lo que viene pasando de manera patológica es que postulantes que quedan primeros o segundos en el orden de mérito técnico terminan postergados porque, mediante la discrecionalidad subjetiva de las entrevistas, se pasa a alguien del puesto 28 al puesto 2 o 3”, cuestiona.
Para Levene, el problema no radica en la existencia de entrevistas, sino en el peso que pueden adquirir dentro del procedimiento de selección.
De hecho, considera indispensable evaluar habilidades que no siempre quedan reflejadas en una prueba escrita.
“Un buen examen y buenos antecedentes no garantizan un buen juez, porque el magistrado debe saber dirigir un juzgado, organizar tareas y dar órdenes; la entrevista es esencial, pero debe tener un puntaje determinado y fundado para que no sea utilizada como una herramienta para alterar injustificadamente el orden de mérito”, explica.
Su propuesta apunta a establecer parámetros objetivos, limitar las modificaciones arbitrarias y exigir fundamentos concretos para cada evaluación.
También plantea la necesidad de corregir las desigualdades que enfrentan los abogados independientes cuando compiten con funcionarios que ya integran la estructura judicial.
“Los profesionales de la matrícula parten con un puntaje negativo implícito frente a quienes vienen de la estructura interna del Poder Judicial; necesitamos modificar las reglamentaciones para que los abogados independientes compitan en pie de igualdad real”, sostiene.
A esa preocupación suma otra vinculada con la participación de las mujeres en los cargos judiciales.
“El cupo femenino no puede ser un requisito de apariencia para completar una terna; debe garantizar un acceso efectivo e igualitario a los cargos judiciales”, afirma.
Una Justicia federal con más del 30% de vacantes
La situación operativa de los tribunales federales constituye otro de los ejes centrales de su diagnóstico.
Según las cifras que expone Levene, las vacantes judiciales superan el 30% a nivel nacional, una situación que obliga a recurrir a sistemas de subrogancias y que, a su entender, contribuye a profundizar las demoras procesales.
La falta de magistrados se combina con una creciente acumulación de expedientes y una estructura que, en numerosos casos, resulta insuficiente para responder a la demanda.
“En el año 2025 ingresaron 400.000 demandas en el fuero federal de todo el país y se acumulan más de 4 millones de expedientes; en juzgados como el Federal de Lomas de Zamora, los jueces firman 400 despachos diarios y han tenido que manifestar formalmente a la Corte que no dan abasto”, describe.
Para el dirigente, estos números reflejan una problemática que excede la cantidad de magistrados disponibles.
También involucra la distribución de los recursos humanos, la infraestructura edilicia, la conectividad y los sistemas informáticos utilizados por los tribunales.
“Nos encontramos con juzgados que deben trabajar en esquemas virtuales porque no cuentan con conectividad mínima en sus edificios”, señala.
A esas dificultades agrega las limitaciones de los mecanismos de auditoría y evaluación de desempeño.
Según explica, históricamente el Consejo de la Magistratura contó con apenas tres agentes destinados a auditar la producción estadística de casi mil jueces en todo el país.
Desde su perspectiva, esa estructura resulta insuficiente para elaborar diagnósticos confiables y detectar los problemas que afectan el funcionamiento de los juzgados.
Un observatorio para transformar los reclamos de los abogados en información concreta
Frente a ese escenario, la Lista 1 “Abogacía Federal” propone crear un Observatorio del Ejercicio Profesional dentro de la estructura operativa del Consejo de la Magistratura.
La iniciativa busca establecer un mecanismo permanente para registrar, sistematizar y analizar las dificultades que enfrentan los abogados en su actividad cotidiana.
La propuesta contempla identificar problemas recurrentes en las mesas de entradas, demoras procesales, fallas en los sistemas digitales y obstáculos administrativos que dificultan el acceso a los expedientes.
El objetivo es que esos reclamos dejen de ser situaciones aisladas y puedan convertirse en indicadores objetivos sobre el funcionamiento de cada dependencia judicial.
De esa manera, la información recopilada podría utilizarse como insumo para las auditorías de gestión, las evaluaciones de desempeño y las decisiones relacionadas con la asignación de personal, tecnología e infraestructura.
Para Levene, el abogado litigante debe tener una participación activa en el diagnóstico de los problemas de la Justicia, precisamente porque es quien enfrenta diariamente sus consecuencias.
Honorarios profesionales: una defensa frente a las regulaciones judiciales
La defensa de los honorarios constituye otro de los puntos centrales de la plataforma electoral.
Levene cuestiona las decisiones judiciales que, según sostiene, desconocen las escalas previstas en las leyes arancelarias y afectan el carácter alimentario de la retribución profesional.
En ese contexto, destaca la intervención de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura frente a situaciones en las que magistrados declararon sistemáticamente la inconstitucionalidad de normas arancelarias.
Como ejemplo menciona el caso del juez Coyi, respecto de quien se propuso una sanción por su actuación en materia de regulación de honorarios.
“Desde el Consejo debemos velar por el cumplimiento estricto de las leyes arancelarias y garantizar regulaciones dignas en todo el territorio nacional”, afirma.
El candidato considera que la protección de los honorarios no representa únicamente una reivindicación económica, sino también una condición necesaria para preservar la independencia de los profesionales y garantizar el acceso de los ciudadanos a una defensa adecuada.
Ética judicial, transparencia y condiciones para ejercer la profesión
La plataforma de Abogacía Federal también incluye propuestas vinculadas con la conducta de los magistrados y el fortalecimiento de los estándares institucionales.
Entre ellas se destaca la elaboración de un Código de Ética Judicial, armonizado con los Principios de Bangalore y las Reglas de Brasilia.
La iniciativa busca establecer criterios claros sobre el comportamiento esperado de los jueces, definir los límites del correcto desempeño de sus funciones y contemplar consecuencias frente a eventuales incumplimientos.
En paralelo, el espacio propone avanzar en medidas destinadas a facilitar el ejercicio profesional en la Justicia federal.
Una de ellas consiste en instrumentar acuerdos que permitan la matriculación gratuita y simultánea ante los tribunales federales para los abogados que ya se encuentren colegiados en sus respectivas jurisdicciones locales.
También plantea habilitar salas de uso profesional exclusivas para abogados dentro de los edificios judiciales del interior del país.
Estas iniciativas forman parte de una concepción que, según Levene, pretende devolverle centralidad a las necesidades concretas de quienes ejercen diariamente la profesión.
Quiénes integran la Lista 1 “Abogacía Federal”
La propuesta electoral encabezada por Fernando Levene reúne a dirigentes con trayectoria en distintos colegios profesionales y jurisdicciones del país.
Entre sus integrantes se encuentran:
- Fernando Pablo Levene (La Plata): abogado litigante con 28 años de ejercicio, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata y exsecretario de COLPROBA.
- Sandra Silvina París (Zárate): abogada, docente universitaria de la UNLP y exintegrante del Consejo de la Magistratura bonaerense.
- Eduardo Daniel Awad (Ciudad de Buenos Aires): expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
- Myriam Beatriz Londero (Córdoba): profesional vinculada con temáticas de género y derecho del trabajo.
- Alejandra Lázaro: abogada con trayectoria en el ámbito judicial y en materia de concursos.
- Laura Martínez (Mendoza) y Juan Manuel Araos (Córdoba): profesionales con participación en la colegiación del interior.
El espacio cuenta además con el respaldo del Colegio de la Abogacía de La Plata, sectores de la colegiación bonaerense y del interior, y referentes vinculados con el ámbito universitario.
Entre los dirigentes que acompañan esta construcción se mencionan Diego Molea, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; el ex presidente del Consejo de la Magistratura Miguel Piedecasas; y la consejera Fernanda Vázquez.
Para Levene, la diversidad de procedencias constituye una de las fortalezas de la propuesta.
“Si el estamento de los abogados termina ocupado por la política partidaria, se pierde la visión del litigante”
Uno de los principales argumentos de campaña del candidato es la necesidad de preservar la independencia de la representación profesional frente a las estructuras partidarias.
Levene sostiene que el Consejo de la Magistratura ya contempla una participación específica de los representantes políticos y que, por ese motivo, las bancas correspondientes a los abogados deberían expresar prioritariamente los intereses y necesidades de la profesión.
“Nosotros somos abogados que ejercemos la profesión, caminamos los tribunales diariamente y ganamos nuestro salario digno con el honorario; no nos cuentan cómo son los juzgados porque los vivimos”, afirma.
El dirigente recuerda que el organismo cuenta con ocho representantes del Congreso Nacional, cuatro diputados y cuatro senadores.
Desde esa perspectiva, considera que una mayor influencia partidaria sobre la representación de los abogados podría alterar el equilibrio entre los distintos sectores que integran el Consejo.
“Si el estamento de los abogados termina ocupado por la política partidaria, se agranda la representación política pero se pierde la visión genuina del litigante sobre cómo deben cumplirse los plazos y cómo debe funcionar la justicia”, advierte.
Su planteo apunta a reivindicar una representación profesional que conozca las dificultades del ejercicio cotidiano y que no responda exclusivamente a los intereses de los espacios políticos.
El desafío de construir consensos y recuperar la confianza en la Justicia
El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros provenientes de distintos estamentos. Esa composición obliga a construir acuerdos para avanzar en las decisiones institucionales.
Levene reconoce que la búsqueda de consensos constituye una condición indispensable para mejorar el funcionamiento del organismo, aunque advierte que esos acuerdos deben estar orientados a criterios técnicos y no a conveniencias partidarias.
“En un órgano multisectorial la clave es la búsqueda de coincidencias; los abogados y académicos aportamos la mirada técnica del perfil de juez que se necesita, desarticulando las pretensiones de la política de nombrar funcionarios afines para causas coyunturales”, reflexiona.
El candidato también se refiere a los escándalos de corrupción que han involucrado a magistrados federales en distintas provincias y considera que esos episodios profundizan el deterioro de la confianza ciudadana en el Poder Judicial.
Frente a esa realidad, insiste en la necesidad de fortalecer los mecanismos de selección, exigir estándares de conducta y priorizar la idoneidad de quienes aspiran a ocupar cargos judiciales.
Para Levene, la legitimidad de la Justicia depende, en buena medida, de que los ciudadanos puedan confiar en la independencia, la honestidad y la capacidad de quienes deben resolver sus conflictos.
“El nombramiento de un juez no puede entenderse como la acumulación de favores políticos; necesitamos a los mejores, a los más probos y honestos, porque el día de mañana, cuando dejemos la función pública, todos seremos justiciables que requeriremos resoluciones dictadas en tiempo razonable y con estricto apego a la ley”, concluye.
