La candidata de la Lista 4, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, encabeza un armado federal respaldado por 37 colegios de abogados. Cuestiona las demoras judiciales, la falta de transparencia en los concursos y las regulaciones de honorarios. Sus propuestas para transformar el organismo y llevar la voz de los profesionales del interior.
El próximo 20 de octubre, cerca de 180.000 abogados con matrícula federal estarán habilitados para elegir a los cuatro representantes de la abogacía que integrarán el Consejo de la Magistratura de la Nación durante el período 2026-2030. En una elección que definirá parte de la composición del organismo encargado de seleccionar, controlar y eventualmente promover la remoción de jueces nacionales y federales, la representación del interior vuelve a ocupar un lugar central en el debate.
Una de las protagonistas de esta disputa es Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba, y candidata por la Lista 4, Abogacía Unida y Dignidad Profesional. Su postulación se presenta como un hecho inédito: es la primera vez que una presidenta en ejercicio de un colegio de abogados de una ciudad del interior encabeza una lista con aspiraciones de representación en el Consejo.
Demarchi llega a la elección respaldada por una construcción que reúne a 37 colegios de abogados de distintas provincias y por el espacio Abogacía Transformadora, surgido en 2022 con el propósito de descentralizar las decisiones de la política judicial.
Su discurso combina la defensa de los honorarios profesionales, el reclamo por una Justicia más eficiente, la transparencia de los concursos y la necesidad de que quienes ejercen diariamente la profesión tengan mayor protagonismo en el organismo constitucional.
“Una cosa es ser abogado; el título de abogado se otorga con un título universitario y una matrícula, y otra cosa es ejercer la abogacía, vivirla todos los días”, sostuvo en declaraciones a MDZ Online. Y sintetizó el espíritu de su candidatura con una definición: “La abogacía litigante tiene que ir al Consejo de la Magistratura a incomodar la agenda”.
Una candidatura que busca romper con el centralismo porteño
Para Demarchi, uno de los principales problemas de la representación de los abogados en el Consejo es la desigualdad que existe entre quienes ejercen en la Ciudad de Buenos Aires y los profesionales del resto del país.
En una entrevista con C20N de Villa María, explicó por qué considera especialmente relevante la participación de los colegios del interior.
“El Consejo de la Magistratura dirime no solamente la selección, sino que la sanción, la denuncia y la posible remoción de los jueces federales, además de administrar el dinero, el presupuesto del Poder Judicial”, señaló.
Y agregó: “Es la primera vez históricamente que una presidenta de colegio en ejercicio del interior del interior del país como Villa María encabeza una lista y tiene posibilidades de representar a Córdoba en el Consejo de la Magistratura”.
La dirigente también cuestiona las diferencias en los requisitos para participar de las elecciones. “Buenos Aires con el sólo hecho de matricularte en tu colegio ya tenés el poder de votar en estas elecciones; de la General Paz hacia acá necesitás hacer un trámite extra de sacar la matrícula federal para poder votar, lo cual implica un doble gasto y un doble trámite”, explicó durante una entrevista con LT10 de Santa Fe.
Según los números que mencionó, de aproximadamente 185.000 profesionales habilitados, unos 85.000 corresponden a Buenos Aires, mientras que el resto se encuentra distribuido en las provincias.
“Hay una discriminación de acuerdo al domicilio de residencia”, advirtió.
Su propuesta apunta a que las necesidades de los tribunales federales del interior tengan el mismo peso institucional que las de la Capital Federal y a que los abogados que litigan fuera de los grandes centros urbanos puedan participar efectivamente de las decisiones.
Honorarios profesionales
Uno de los ejes más fuertes de su campaña es la situación económica de los abogados independientes y, particularmente, el incumplimiento de los mínimos arancelarios establecidos por la Ley 27.423.
La agrupación impulsó, junto al Centro de Metodología de la Universidad de Buenos Aires, un relevamiento que alcanzó a más de 400 profesionales de distintas provincias.
De acuerdo con los resultados difundidos por Demarchi, ocho de cada diez abogados que litigan en la Justicia federal manifestaron que sus honorarios son regulados habitualmente por debajo de los parámetros legales.
“Hicimos un informe a nivel nacional en donde entrevistamos a más de 400 colegas a lo largo y a lo ancho del país respecto de la perforación de honorarios en la Justicia nacional y Justicia federal. Si yo te contara los resultados son escalofriantes”, afirmó en NewsDigitales.
La candidata agregó que el 80% de los abogados que trabajan en cuestiones de seguridad social debe realizar un trámite adicional ante la ventanilla virtual de ANSES, situación que, según explicó, genera nuevas demoras para percibir sus honorarios.
Para ejemplificar el problema, relató dos situaciones que conoció durante sus recorridas por el país.
“La semana pasada a una referente de nuestra agrupación le regularon 0,36 UMAS. Eso equivale a un paquete de yerba y no de la mejor marca. A otra de nuestras referentes le regularon 6.000 pesos; los devolvió diciendo que se los guarden para cualquier tipo de necesidad que tengan en el juzgado”.
Para Demarchi, estas situaciones no constituyen únicamente un problema económico. También afectan la independencia profesional y el acceso a la Justicia de los ciudadanos que necesitan representación legal.
En ese sentido, cuestiona la imagen de una abogacía económicamente privilegiada y sostiene que la realidad de numerosos profesionales independientes es muy diferente.
“Somos abogados que no tenemos que poner ‘tribunales en el GPS’ para llegar, que sabemos lo que es patear tribunales”, expresó.
Entre sus propuestas figura la creación de un Observatorio Federal de Perforación de Honorarios, destinado a identificar los incumplimientos de la legislación arancelaria y promover mecanismos de control sobre las regulaciones judiciales.
La demora judicial y las personas que no llegan a obtener una sentencia
La defensa de los abogados litigantes constituye, para Demarchi, una cuestión estrechamente vinculada con los derechos de quienes acuden a la Justicia.
En sus intervenciones públicas, la candidata suele mencionar los problemas que enfrentan los ciudadanos cuando necesitan resolver un amparo de salud, un reajuste previsional o una controversia vinculada con derechos fundamentales.
Una de las historias que utiliza para explicar su postura es la de un jubilado de Villa María al que representó profesionalmente. “Llegó con 92 años a mi estudio y me dijo: ‘Tati, cuando cobremos el reajuste jubilatorio vamos a cortar la cuadra e invitar a los vecinos a un asado’”, recordó durante una entrevista con NewsDigitales.
El hombre, a quien identificó como Vico, murió antes de que pudiera concretarse aquella celebración.
“Vico no llegó. Cortamos la cuadra con su familia en homenaje a Vico. Por eso te digo que quien no tiene esa cercanía con la ciudadanía, quien no sabe de lo que se trata defender a un jubilado, mal puede representar los intereses”.
Y añadió una reflexión sobre las consecuencias de las demoras: “Detrás de cada uno de esos abogados hay adultos mayores que se nos mueren esperando una sentencia”.
La candidata también cuestionó las diferencias de funcionamiento entre juzgados federales de distintas provincias.
“No puede ocurrir que en Jujuy un juez federal esté demorando tres años para dictar un amparo de salud. No tengo que ni decirles qué pasa con una persona con una enfermedad oncológica cuando tiene que esperar tres años. Sin embargo, en San Juan demoraron 48 horas”, sostuvo en LT10.
En la misma entrevista mencionó el caso de un magistrado federal de Santa Fe que, según sus declaraciones, dictaba sentencias mientras cumplía prisión preventiva con una tobillera electrónica.
Para Demarchi, estas situaciones ponen de manifiesto la necesidad de contar con herramientas que permitan medir el funcionamiento de los tribunales y detectar demoras injustificadas.
Su plataforma contempla la creación de un Observatorio Federal de Demoras de Sentencias, con indicadores públicos sobre los tiempos de resolución de los distintos juzgados.
Vacantes judiciales: “Las subrogancias deben ser excepcionales”
Otro de los cuestionamientos de Demarchi está relacionado con la cobertura de cargos vacantes en la Justicia federal. La dirigente considera que los tribunales del interior suelen quedar relegados frente a las necesidades de la Ciudad de Buenos Aires, incluso cuando las vacancias afectan jurisdicciones especialmente sensibles.
En declaraciones a MDZ Online, mencionó como ejemplos los juzgados de Paso de los Libres, en una zona fronteriza expuesta a delitos como la trata de personas, y Rosario, donde la criminalidad organizada y el narcotráfico representan desafíos permanentes.
También se refirió a la situación de Villa María, donde señaló que existe una vacante judicial desde hace más de cinco años.
“Todas las vacantes tienen que tener la misma prioridad; las subrogancias deben ser excepcionales y no convertirse en una solución permanente”, planteó.
Desde su perspectiva, la demora en los concursos y las designaciones afecta directamente el servicio de Justicia y obliga a mantener soluciones transitorias que terminan prolongándose durante años.
La candidata propone establecer criterios objetivos de prioridad para cubrir las vacantes, sin que la ubicación geográfica de los tribunales determine su importancia institucional.
Concursos judiciales: la crítica a la “endogamia” del sistema
La selección de magistrados constituye otro de los principales puntos de su plataforma.
Demarchi cuestiona lo que define como una estructura de concursos que favorece a quienes desarrollaron su carrera dentro del Poder Judicial y dificulta el acceso de los abogados provenientes del ejercicio independiente.
Según los datos que expuso en LT10, de cada 20 personas que acceden a la magistratura, 19 provienen de la carrera judicial y solamente una de la abogacía litigante.
“¿Está bien o está mal eso? Está pésimamente mal, primero por una discriminación”, sostuvo.
Para la dirigente, uno de los problemas radica en la valoración de los antecedentes profesionales.
“Hay una Escuela de la Magistratura que es discriminatoria; el abogado litigante no sabe que existe. Por otro lado, los antecedentes no te los computan: ¿por qué no van a computar como antecedentes las demandas y la creación doctrinaria de los escritos en lugar de solo la antigüedad en el Poder Judicial?”, se preguntó.
Su propuesta consiste en reconocer el trabajo profesional desarrollado fuera de los tribunales como un antecedente relevante para acceder a la magistratura.
Esto incluiría la elaboración de demandas, recursos, escritos jurídicos y otras producciones que permitan evaluar los conocimientos y la experiencia de los postulantes.
También reclama modificaciones en el sistema de entrevistas personales, al considerar que pueden introducir un componente de discrecionalidad en la confección de las ternas.
En sus declaraciones públicas recordó el caso de un postulante que, según relató, pasó del puesto 23 del orden de mérito a ocupar un juzgado federal después de una entrevista de apenas cinco minutos, durante la cual buena parte de las preguntas estuvieron relacionadas con el fútbol.
Para Demarchi, cualquier modificación del orden de mérito debería contar con fundamentos objetivos, concretos y públicos.
El objetivo, sostiene, es evitar que una instancia de evaluación subjetiva termine desvirtuando los resultados de los exámenes y la valoración de antecedentes.
El control disciplinario de los jueces y las denuncias que no avanzan
La candidata también dirige sus críticas hacia el funcionamiento de las Comisiones de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura.
En NewsDigitales hizo referencia a investigaciones de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para cuestionar el tratamiento de las denuncias contra magistrados.
“Sólo el 1,3% de las denuncias que ingresan al Consejo de la Magistratura terminan en destitución, sanción o resolución. Te digo números exactos: de 4.950 denuncias, solo 49 terminan en resolución”, afirmó.
Según su relato, numerosos colegios profesionales presentaron denuncias por malos tratos o demoras judiciales que nunca recibieron una respuesta satisfactoria.
“Las autoridades colegiales me dicen que hicieron denuncias mil veces por mal trato o demoras inaceptables y ni siquiera les contestaron”, señaló.
Demarchi considera que el organismo debe mejorar los mecanismos de seguimiento y resolución de las presentaciones, con mayor transparencia sobre el tratamiento de cada expediente disciplinario.
Desde su perspectiva, el Consejo no puede limitarse a intervenir en la selección de magistrados, sino que también debe ejercer efectivamente sus atribuciones de control.
La reforma laboral y la cautelar que suspendió dos artículos
La candidatura de Demarchi también quedó vinculada con una reciente controversia judicial relacionada con la reforma laboral.
El Colegio de Abogados de Villa María, acompañado por más de 28 colegios profesionales del interior, impulsó una acción colectiva contra disposiciones de la Ley 27.802 que consideró perjudiciales para el ejercicio de la abogacía, tal como lo llevó a cabo el Colegio de la Abogacía de la Capital Federal.
En ese expediente, el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11, dictó una medida cautelar que suspendió por 90 días la aplicación de dos artículos cuestionados.
Uno de ellos contemplaba el pago en cuotas de determinadas sentencias laborales y honorarios profesionales, mientras que el otro regulaba la responsabilidad de los abogados por las costas en supuestos de pluspetición inexcusable.
La decisión judicial tiene carácter provisorio y no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
Para Demarchi, ambas normas comprometían aspectos centrales del ejercicio profesional y podían afectar especialmente a quienes representan a trabajadores.
“El artículo 20 planteaba una responsabilidad objetiva: si un juez en una sentencia consideraba un monto menor al demandado, nos podía cargar las costas en nuestro patrimonio sin contemplar contingencias probatorias”, explicó en NewsDigitales.
Y agregó: “Intentan disuadir al abogado para que piense tres veces antes de defender a los más vulnerables, como la clase trabajadora. Ni hablar de fijar 6 y 12 cuotas en los honorarios y créditos alimentarios”.
La candidata presenta esta intervención judicial como un ejemplo de la acción colectiva que propone impulsar desde el Consejo, particularmente en cuestiones vinculadas con la defensa de la profesión.
Una lista federal, el respaldo de Juan Manuel Olmos y un acuerdo de alternancia
La Lista 4, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, reúne a dirigentes de distintas jurisdicciones y trayectorias institucionales.
La nómina encabezada por Demarchi, tiene como segundo candidato a Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, referente de Gente de Derecho y consejero porteño.
También la integran Julia Tamara Toyos, especialista en seguridad social de Salta, y Andrés Abramovich, dirigente colegial de Santa Fe.
La construcción electoral cuenta con el respaldo de 37 colegios de abogados y busca consolidar una representación que combine la experiencia de los profesionales del interior con dirigentes de la Capital Federal.
Durante la campaña también surgieron preguntas sobre los apoyos políticos del espacio, particularmente por la participación del auditor general de la Nación Juan Manuel Olmos.
En una entrevista con NewsDigitales, Demarchi reconoció ese acompañamiento, aunque rechazó que haya determinado la conformación de la lista.
“Juan Manuel Olmos escuchó a los 35 presidentes de colegios que me acompañaban y dijo: ‘Acá estoy viendo algo distinto de lo que he visto en el Consejo de la Magistratura siempre, así que vaya todo mi apoyo para este espacio’”, relató.
Sin embargo, aclaró: “Juan Manuel Olmos no definió ninguno de los candidatos. Los candidatos los definieron los 37 colegios de abogados que exigieron que yo encabece”.
Otro aspecto particular de la propuesta es el compromiso de alternancia en la representación institucional.
Según explicó Demarchi, existe un acuerdo con Adriana Coliqueo, dirigente del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús, para promover la rotación de la banca.
“Hay un acuerdo de alternancia, lo cual es democracia pura. Eternizarse en el cargo no corresponde; que la vocalía pueda tener otra voz habla de la democracia y del peso de la palabra”, afirmó.
Y aseguró que se trata de un compromiso que será respetado: “Es un compromiso que se va a cumplir sin duda”.
Coliqueo es la primera suplente. A continuación siguen Andrés Ayale, Patricia Trotta y Marcelo Álvarez.
Las propuestas de Demarchi para transformar el Consejo de la Magistratura
La plataforma de la Lista 4 incluye iniciativas orientadas a modificar el funcionamiento del organismo y fortalecer la representación de los abogados independientes.
En materia de honorarios, propone crear un Observatorio Federal de Perforación de Honorarios, destinado a detectar regulaciones que incumplan los mínimos establecidos por la legislación vigente y promover medidas frente a esas prácticas.
En relación con el funcionamiento de los tribunales, impulsa un Observatorio Federal de Demoras de Sentencias, con información pública sobre los tiempos de resolución de las causas y herramientas para identificar retrasos injustificados.
Respecto de los concursos judiciales, plantea revisar la valoración de antecedentes para reconocer la experiencia de los abogados litigantes, limitar la discrecionalidad de las entrevistas personales y garantizar que las modificaciones del orden de mérito estén debidamente fundamentadas.
La plataforma también contempla una iniciativa destinada a fortalecer la representación jurídica de niñas, niños y adolescentes, mediante la creación de un Registro de Abogados de Niños, Niñas y Adolescentes, financiado con recursos del propio Consejo.
En materia tecnológica, propone incorporar herramientas que permitan simplificar tareas administrativas, automatizar cálculos de honorarios y mejorar las liquidaciones previsionales.
Entre las iniciativas mencionadas figura la integración de herramientas de inteligencia artificial al sistema de gestión judicial LEX 100, con el objetivo de reducir cargas burocráticas y agilizar determinados procedimientos.
Para Demarchi, estas medidas forman parte de una misma concepción: un Consejo de la Magistratura que no se limite a administrar concursos y expedientes disciplinarios, sino que también contribuya a mejorar el funcionamiento cotidiano de la Justicia.
“Votarnos es votarte a vos mismo”
En el tramo final de la campaña, Demarchi busca interpelar especialmente a los abogados que ejercen de manera independiente y que, según su diagnóstico, no encuentran suficiente representación en el Consejo.
Su mensaje insiste en la necesidad de que los profesionales participen de la elección y comprendan la relación entre las decisiones del organismo y las dificultades que enfrentan diariamente en los tribunales.
“El 20 de octubre se vota quién te va a defender en cada perforación de honorarios y en cada demora de sentencia que vivís al lado de tu cliente”, expresó.
Y concluyó: “No hay que quedarse cómodos en los estudios: es el momento de ir a votar a la Lista 4, porque votarnos es votarte a vos mismo. La dignidad profesional hoy no está garantizada y el Consejo de la Magistratura hoy no funciona. Vamos a defender la abogacía en serio como bandera”.
