El candidato de La Libertad Avanza para representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura cuestionó el sistema de selección de jueces y propuso incorporar inteligencia artificial, auditorías de desempeño y nuevas garantías para los profesionales independientes. En una entrevista con Quorum, apuntó contra el radicalismo, el peronismo y el PRO, y aseguró que busca terminar con la “corporación judicial”.
La disputa por los lugares que ocuparán los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación sumó un nuevo protagonista que promete incomodar a las estructuras tradicionales de la Justicia. Luis Alberto Palomino, candidato de La Libertad Avanza (LLA) y cabeza de la Lista 2, “Abogacía por la Libertad”, cuestionó duramente el funcionamiento del organismo, denunció acuerdos políticos que, según sostiene, condicionan la selección de magistrados y planteó una reforma profunda del sistema.
“Hace 25 años que están y no cambiaron nada. Te dicen que van por el mérito: mentira, es todo mentira”, disparó en una extensa entrevista con Quorum, en la que también puso bajo la lupa el presupuesto de la Escuela Judicial, la falta de controles sobre el desempeño de los jueces y las dificultades que enfrentan los abogados que ejercen la profesión de manera independiente.
La elección para renovar a los cuatro representantes de la abogacía ante el Consejo para el período 2026-2030 dejó de ser un trámite de la colegiación para convertirse en una contienda política de alcance federal. Con un padrón de entre 180.000 y 190.000 abogados matriculados, que votarán bajo reglas de paridad y representación federal, irrumpe por primera vez una lista impulsada directamente por el oficialismo nacional.
Con el respaldo político de Karina Milei y Sebastián Pareja, Palomino busca quebrar la histórica abstención del estamento, que suele oscilar entre el 80% y el 90% del padrón, y disputar representación frente a la Lista 1, “Abogacía Federal”, de Fernando Levene; la Lista 3, “Unidad en Defensa de la Abogacía”, alianza del radicalismo y el PRO conducida por Alberto Biglieri; y la Lista 4, “Abogacía Unida y Dignidad Profesional”, vinculada al peronismo y al rizzismo.
Con 64 años, una década como secretario judicial en el fuero Comercial, experiencia como socio internacional en Baker & McKenzie, titular de su propio estudio jurídico, ex Subsecretario de Empleo de la Nación y concejal en uso de licencia en Vicente López, el candidato despliega una mirada crítica sobre el funcionamiento de los tribunales y el organismo encargado de seleccionar y acusar a los jueces.
De los tribunales al ejercicio privado: por qué quiere llegar al Consejo
Palomino comenzó su carrera profesional dentro del Poder Judicial, donde recorrió distintos escalafones hasta convertirse en secretario de un juzgado comercial. En 1999 decidió abandonar los tribunales para incorporarse al sector privado.
“Es vieja la historia. Yo tengo muchos años desde el Poder Judicial. Entré a trabajar a tribunales bien terminé el servicio militar. Estuve un par de años esperando a que me nombraran e hice toda la carrera judicial hasta secretario. Fui casi diez años secretario comercial, y de ahí, en el año 99, me fui a trabajar a un estudio como Baker & McKenzie. El desafío era armar un departamento de litigios de un estudio internacionalista que no litigaba. Ahí estuve varios años hasta que armé mi propio estudio, donde hacemos derecho empresarial”, recordó.
Su candidatura, explicó, responde a una preocupación que lo acompaña desde hace décadas: la necesidad de transformar el funcionamiento de la Justicia argentina.
“Yo ya estoy para jubilarme, tengo 64 años. Estoy en una etapa de mi vida en la que uno empieza a pensar en el bien común. A mí me interesa la justicia, no en sí el Consejo de la Magistratura. No hay un país viable si no hay justicia. Y la verdad es que la justicia en la Argentina no funciona: vos lo medís y, de las instituciones importantes del país, es la que peor mide. La gente no confía en los jueces. Desde que me fui de los tribunales dije: ‘Algún día voy a volver a tratar de cambiar esto’”, sostuvo.
“Una cosa es ser un erudito y otra ser un buen juez”
Uno de los principales cuestionamientos de Palomino apunta al sistema de concursos para seleccionar magistrados. A su entender, el procedimiento actual privilegia los conocimientos teóricos y la acumulación de antecedentes académicos, pero no permite determinar si un postulante cuenta con las capacidades necesarias para administrar un juzgado.
“El principal error está precisamente en el proceso de selección. La Constitución crea el Consejo para designar jueces, pero una cosa es tener un proceso eficiente de selección y otra muy distinta es que la conclusión de eso sea designar buenos jueces. No es lo mismo. Vos podés venir, dar un buen examen, tener muchos títulos, muchos papeles, muchos másteres, doctorados, resolver bien un caso práctico y después ser un pésimo juez. Una cosa es ser un erudito y otra ser un buen juez”, advirtió.
Para el candidato, las evaluaciones deberían incorporar competencias que hoy no forman parte de los criterios tradicionales de selección. “El Consejo tiene un procedimiento que no te permite evaluar habilidades blandas, el uso de la tecnología, la gestión o el manejo de recursos humanos. La oficina judicial hay que gestionarla; hoy la sociedad exige herramientas como el lenguaje claro que no se evalúan en absoluto. Si te encontrás con un juez que las tiene, la pegaste de suerte, pero el sistema no lo mide”, señaló.
Las entrevistas personales y los acuerdos políticos: “Está todo amañado”
Otro de los puntos que cuestionó es la discrecionalidad que, según su diagnóstico, existe en las entrevistas personales de los concursos.
Palomino sostiene que las diferencias de puntaje, incluso cuando son mínimas, pueden alterar significativamente el orden de mérito y abrir la puerta a decisiones condicionadas por acuerdos políticos.
“En la entrevista personal hoy hay mucha arbitrariedad: es ‘qué buena impresión me causó’. Y medio punto o 0,25 en esa entrevista te hace bajar diez o veinte lugares. Por eso nosotros creemos que la entrevista personal tiene que ser una matriz de preguntas igual para todos, donde vos vengas a exponer cómo vas a gestionar, como si fuera un concurso docente en la facultad”, explicó.
Su crítica se extiende a las agrupaciones que históricamente disputaron la representación de los abogados en el Consejo. “Acá hay mucha arbitrariedad y esto es lo que permite que esté todo amañado. Vos tenés hace 20 o 25 años a dos grupos que manejan todo. Y es así como funciona. Ahora te dicen: ‘No, vamos a cambiar’. Hace 25 años que están y no cambiaron nada. Te dicen que van por el mérito: mentira, es todo mentira”, afirmó.
En ese contexto, defendió la identificación partidaria de su propia candidatura y acusó a sus adversarios de ocultar sus vínculos políticos. “A nosotros nos dicen ‘bueno, La Libertad Avanza’. Nosotros somos lo que somos; los demás se esconden. El peronismo, el radicalismo y el PRO están entongados porque no hay ninguna otra lista que no venga de la política. Son hipócritas: quieren seguir viviendo en ese statu quo donde ellos manejan todo. Nosotros vamos de frente: decimos que esto no funciona y que hay que cambiarlo”, lanzó.
Inteligencia artificial y concursos de seis meses como máximo
Frente a los concursos que pueden demorar entre dos y cuatro años y a la acumulación de vacantes judiciales, la Lista 2 propone establecer plazos de entre 90 días y seis meses para completar los procesos de selección.
Una de las herramientas centrales de esa transformación sería la incorporación de inteligencia artificial tanto en la elaboración como en la corrección de los exámenes. “En tiempos de la inteligencia artificial, el caso práctico hay que hacerlo con inteligencia artificial, y la corrección también. Hay programas que te sacan cien casos en dos minutos. Esa herramienta tiene que estar para la corrección, porque hoy tenés un tribunal que te corrige como una prueba de historia del colegio, con mucha arbitrariedad: ‘me gustó, no me gustó’”, planteó.
La propuesta también contempla mecanismos de evaluación estandarizados y correcciones que reduzcan los márgenes de subjetividad.
Otro de sus objetivos es modificar los criterios que, a su entender, favorecen a quienes desarrollaron su carrera dentro de los tribunales frente a los profesionales que ejercen la abogacía de manera independiente.
“Asistimos a un sistema endogámico donde los jueces se van generando dentro del mismo sistema y no se permite el acceso de los abogados. La calificación es desigual: no vale lo mismo la antigüedad en un tribunal que el ejercicio profesional libre. Esto hay que equipararlo”, sostuvo.
La Escuela Judicial bajo la lupa: “$700 millones para cuatro graduados”
Una de las denuncias más fuertes que formuló Palomino durante la entrevista estuvo dirigida a la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura.
El candidato cuestionó la relación entre los recursos presupuestarios que recibe la institución y sus resultados académicos.
“¿Sabés cuánto se está discutiendo de presupuesto para la Escuela Judicial por año? 700 millones de pesos. ¿Y sabés cuánta gente se graduó en esa escuela en los últimos cinco años? Cuatro personas. Es una joda. Es un órgano que no funciona y que hay que cambiarlo por completo”, aseguró.
Las cifras fueron aportadas por el propio candidato y constituyen uno de los principales fundamentos de su propuesta de revisar el funcionamiento de la institución.
Controlar a los jueces después de su designación
Para Palomino, uno de los déficits del sistema judicial argentino es que la evaluación de los magistrados prácticamente termina cuando son designados.
Por eso propone implementar auditorías periódicas de desempeño que permitan analizar la productividad de los juzgados, los tiempos de resolución, la gestión de recursos humanos y la cantidad de sentencias revocadas por tribunales superiores.
“Algo que nunca se hace es evaluar el post. Se miden tus antecedentes pasados, pero nunca cómo vas a desempeñarte a futuro. Yo quiero saber si el juez dicta las resoluciones en término, si no tiene denuncias, si maneja bien los recursos humanos o si sus sentencias son masivamente revocadas por las Cámaras”, explicó.
Y agregó: “Si un juez tiene un atraso de dos años en dictar sentencia, hay que decirle: ‘Venga, doctor, tómese un café al Consejo. ¿Qué le pasa?’. Si es un vago, hay que actuar. La independencia judicial hay que respetarla a ultranza para fallar, pero la gestión no es independencia: es responsabilidad funcional”.
La iniciativa busca diferenciar la independencia de criterio de los magistrados de las responsabilidades administrativas vinculadas con el funcionamiento de los tribunales.
Una oficina judicial compartida para terminar con los juzgados tradicionales
En materia de organización judicial, la plataforma de “Abogacía por la Libertad” propone reemplazar progresivamente el esquema tradicional de estructuras administrativas individuales por un modelo de oficinas judiciales compartidas.
El objetivo es que varios magistrados puedan utilizar una misma estructura de apoyo, optimizando recursos humanos y administrativos.
“La corporación judicial te dice ‘mi juzgado, mi secretario, mi ordenanza’. Nosotros tenemos una mirada distinta: hay que ir al concepto de oficina judicial donde una estructura administrativa trabaje para varios jueces a la vez, como funciona en EE.UU. o en provincias del interior”, explicó. Y remarcó: “El juzgado no es del juez: es de la gente, y el cargo se lo dio la gente para beneficio de los ciudadanos”.
La propuesta apunta a modificar una concepción de la organización judicial que, según el candidato, contribuye a consolidar estructuras cerradas y dificulta la modernización del servicio de Justicia.
Disciplina y acusación: la propuesta de unificar las comisiones
Palomino también cuestionó la división entre las comisiones de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura.
Según su interpretación, el funcionamiento separado de ambas áreas favorece que determinadas conductas graves sean tratadas únicamente mediante sanciones menores, sin avanzar hacia procedimientos de remoción.
“No hay defensa corporativa más fuerte que la que hacen los jueces de sí mismos. Antes Acusación y Disciplina estaban juntas y ahora están separadas. ¿Para qué sirve? Para que nada pase: te arreglan un hecho grave en disciplina con una multa y listo. Tienen que volver a unificarse”, sostuvo.
En consecuencia, propone revisar la estructura de ambas comisiones para fortalecer los mecanismos de control sobre el mal desempeño de los magistrados.
El fin de los “alegatos de oreja” y un código de ética judicial
Otra de las iniciativas que impulsa la Lista 2 es la adopción de un código de ética que establezca reglas más estrictas para las relaciones entre magistrados y abogados.
Palomino propone tomar como referencia estándares utilizados por la Cámara de Comercio Internacional y otras instituciones iberoamericanas. “El código de ética va a establecer que un juez no puede tener ninguna conversación privada con un letrado si no está la contraparte presente. El ‘alegato de oreja’ se va a acabar”, afirmó.
La expresión alude a las conversaciones informales que algunos abogados mantienen con magistrados fuera de la presencia de las demás partes de un proceso.
Para el candidato, estas prácticas deben ser abordadas desde una perspectiva institucional que garantice la transparencia. “El juez tiene que tener una conducta de decoro porque la ciudadanía lo está mirando: no solo tiene que ser honesto, sino también parecerlo”, agregó.
Honorarios profesionales: denuncias contra los jueces que no respeten la ley
Además de sus propuestas sobre el funcionamiento del Consejo, Palomino presentó una agenda específica para los abogados litigantes. Uno de sus compromisos es habilitar un canal de denuncias para los profesionales que consideren que los magistrados incumplen arbitrariamente las disposiciones legales sobre honorarios.
“Los honorarios tienen carácter alimentario. Hoy hay jueces que se creen con derecho a no aplicar la ley o a perforar los pisos de la UMA”, cuestionó.
En ese sentido, anticipó: “Nosotros abriremos un canal directo para que los colegas denuncien a los jueces que no aplican la ley de honorarios, y nos comprometemos a llevarlos formalmente ante la Comisión de Disciplina o Acusación”.
Y concluyó: “El que no aplica la ley arbitrariamente es un mal juez, y al mal juez hay que removerlo”.
Licencias médicas para abogados independientes: una deuda pendiente
Entre las iniciativas dirigidas al ejercicio profesional independiente, el candidato destacó la necesidad de implementar un régimen de licencias por razones de salud.
La propuesta contempla interrupciones de los plazos procesales de entre 10 y 15 días anuales cuando el abogado acredite una enfermedad o una urgencia médica.
“Si vos trabajás solo en tu estudio y te da un infarto o tenés una urgencia médica, los plazos te siguen corriendo y no podés pedir licencia”, ejemplificó.
“Queremos introducir reglamentariamente licencias cortas de 10 a 15 días al año por razones de salud acreditadas, interrumpiendo el cómputo de los plazos. En materia de licencias y derechos, los abogados independientes terminamos siendo más esclavos que cualquier empleado”, afirmó.
La iniciativa busca atender especialmente la situación de los profesionales que trabajan solos y no cuentan con una estructura que pueda reemplazarlos ante una contingencia.
El traspaso de la Justicia Nacional a la ciudad de Buenos Aires
Palomino también se pronunció a favor de completar el traspaso de la Justicia Nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Su posición incluye los fueros Civil, Comercial y Laboral, junto con los recursos presupuestarios necesarios para garantizar su funcionamiento.
“Toda la justicia civil, comercial y laboral de la Capital Federal tiene que pasar a la Ciudad de Buenos Aires con su respectivo presupuesto. No corresponde que todo el país federal esté sosteniendo la justicia ordinaria porteña”, manifestó.
Desde su perspectiva, esta reorganización permitiría delimitar con mayor claridad las competencias institucionales.
“El Consejo de la Magistratura Nacional debe quedar reservado exclusivamente a la administración de la justicia federal”, concluyó.
Quiénes integran la lista de La Libertad Avanza
La Lista 2, denominada “Abogacía por la Libertad”, reúne a profesionales de distintas jurisdicciones del país y busca presentarse como una alternativa a las estructuras tradicionales de representación colegial.
Los candidatos titulares son:
- Luis Alberto Palomino, de San Isidro, provincia de Buenos Aires.
- Valeria Fredes, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Martín Javier Buscemi, de San Rafael, Mendoza.
- Alicia María Susana Colazo, de Rosario, Santa Fe.
Como suplentes se presentan Marcelo Cangueiro y Alejandra Brasesco, ambos de la Ciudad de Buenos Aires; Matías Sabate, de Tucumán; y María Laura Álvarez, de la provincia de Buenos Aires.
Palomino destacó que la nómina está integrada por abogados con experiencia directa en el ejercicio profesional y buscó diferenciarla de las candidaturas vinculadas con estructuras políticas o cargos públicos.
“Todos los que me acompañan son abogados que trabajamos de abogados, a diferencia de otras listas donde la mayoría son empleados o funcionarios públicos. Somos gente que no vive de la política ni de cargos públicos”, sostuvo.
Y cerró con una definición que resume el perfil que pretende imprimirle a su candidatura: “Los americanos nos dirían ‘street lawyers’: somos abogados de la calle, le ponemos la cara al cliente todos los días y padecemos la ineficiencia del sistema. Por eso queremos volver a los tribunales para cambiarlos de verdad”.
