El nuevo texto que La Libertad Avanza busca llevar al recinto restituye fondos a las provincias, desjudicializa las internaciones y fija reglas para adicciones Infantiles. ¿Será suficiente?
Después de idas, vueltas y negociaciones el oficialismo logró un acuerdo que parece sellar la futura media sanción de la nueva ley de Salud Mental en el Senado. El texto que llegaría próximamente al recinto modifica la propuesta original del Poder Ejecutivo y ajusta la Ley 26.657. Los puntos clave que facilitaron el acuerdo con los aliados tiene que ver con el financiamiento federal, la devolución de atribuciones clave a la psicología, la elimina de la venia judicial previa para las internaciones involuntarias y prohibición de las prácticas manicomiales.
El nuevo texto que debatirán los senadores reconfigura parcialmente el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo y, al mismo tiempo, introduce profundas modificaciones con respecto al régimen vigente. La nueva redacción, según expresaron desde el oficialismo, equilibra las garantías individuales con la agilidad médica que exigen los especialistas de la salud.
El primer contraste con el proyecto original del Ejecutivo surge en la distribución de recursos económicos. Mientras el proyecto original del Ejecutivo eliminaba del artículo 41 la mención expresa sobre el aporte técnico y financiero directo de la Nación, el dictamen del Senado dio marcha atrás y restituyó la cooperación federal directa hacia las provincias . En términos sencillos a diferencia de lo que pasó con la ley Penal Juvenil en este caso la norma cuenta con los recursos que le harán falta a las provincias para llevar adelante la norma.
En los fundamentos de la medida, los legisladores dejaron asentado el motivo central del cambio: “Restituimos la cooperación técnica, económica y financiera nacional en los convenios con las jurisdicciones”. De esta forma, el Senado remarcó que con esta modificación “se preserva el respaldo normativo al financiamiento de las políticas de salud mental en las provincias”.
La integración de los profesionales de la salud marca otro punto de diferenciación. El despacho establece que cada provincia estructurará sus planteles de acuerdo con sus propios recursos humanos. Para resolver la escasez de especialistas, por ejemplo psiquiatras, en zonas del interior del país , el dictamen incorpora la intervención a través de la teleconsulta sincrónica, una alternativa tecnológica ausente en la legislación actual.
A diferencia tanto del proyecto del Ejecutivo como de la norma vigente, el dictamen que impulsa el bloque oficialista del Senado modifica los requisitos de firma para autorizar una internación. La norma reemplaza la exigencia exclusiva del psiquiatra por la firma de un médico, preferentemente psiquiatra o especialista en salud mental, junto con la firma de otro profesional, preferentemente psicólogo.
En este lo punto lo que hace el nuevo texto es reconocer de forma explícita el rol del psicólogo tanto en la evaluación clínica como en la firma del alta médica. En paralelo, el texto restituye las garantías de capacitación continua y la protección de la salud laboral del personal sanitario.
Internaciones involuntarias: desjudicialización y nuevos plazos
Quizá este punto sea el que más debate conlleve a la hora del tratamiento legislativo. El nuevo texto establece, en clara contraposición a la ley vigente, la eliminación de la autorización judicial previa para realizar una internación involuntaria. Más allá de eso, el magistrado conserva la atribución de solicitar peritajes e informes y mantiene la facultad de revocar cualquier internación que considere injustificada.
El centro de salud mantiene la obligación de notificar la medida al juez y al órgano de revisión en un plazo de 24 horas, además de remitir las evaluaciones médicas en 48 horas. El nuevo esquema, a diferencia de lo que planteaba el proyecto original, amplía de 24 a 48 horas el plazo para que un equipo interdisciplinario especializado revalide la decisión cuando un solo médico ordene la internación de emergencia ante un riesgo grave. En ese marco, el texto estipula que en ese periodo los profesionales podrán utilizar la teleconsulta psiquiátrica. Asimismo, para las internaciones voluntarias que superen los 60 días, el proyecto elimina la evaluación judicial obligatoria cada cinco días que exige la ley actual; la comunicación se limita de forma exclusiva al órgano de revisión.
Adicciones
El tratamiento de los consumos problemáticos también muestra diferencias entre las iniciativas. A diferencia de la propuesta original que diferenciaba expresamente entre drogas “legales o ilegales” , el dictamen final suprime esa clasificación binaria y adopta una definición general sobre las adicciones dentro de la salud mental. Así las cosas, según expresaron los asesores al tanto del tema se “otorga amparo normativo explícito a las adicciones sin sustancia, como la ludopatía”.
Menores y voluntades previas
El dictamen redactado en la Cámara Alta suma dos figuras ausentes tanto en la ley vigente como en el proyecto del Ejecutivo. En primer término se trata del Régimen para la infancia y adolescencia. La norma crea un marco de atención específica para menores con consumos problemáticos mediante equipos infanto juveniles y centros diferenciados de las áreas para adultos. El articulado consagra la autonomía progresiva, el derecho del menor a expresar su opinión, la confidencialidad y el trabajo comunitario con las familias. La internación de un niño en salas para adultos queda prohibida, salvo por imposibilidad técnica acreditada y durante el lapso mínimo indispensable.
La segunda figura que se incorpora es la de d irectivas anticipadas. En este caso el texto concede a los ciudadanos el derecho de asentar de manera previa su decisión de aceptar o rechazar tratamientos. La persona podrá designar representantes que expresen su voluntad si sobreviene una incapacidad. Los médicos deben acatar estas instrucciones, excepto ante un riesgo grave para la vida o la integridad física propia o de terceros. El paciente conserva la facultad de revocar la directiva en cualquier instante.
Prohibición de manicomios y control de altas
El proyecto ratifica la prohibición estricta de crear manicomios. En ese marco, el dictamen restituye el catálogo de dispositivos comunitarios que comprende casas de convivencia, hospitales de día y talleres de capacitación sociolaboral.
Para evitar las institucionalizaciones permanentes, la iniciativa exige la elaboración de un plan de egreso desde el diagnóstico inicial, con metas concretas para el alta. El dictamen define como “internación prolongada” a aquella que supera los 180 días en un período de dos años. Ante este supuesto, el Órgano de Revisión interviene de oficio de forma inmediata para supervisar la situación, con excepción de los casos que obedezcan de manera exclusiva a razones sociales.
Por último, el articulado limita la responsabilidad legal de las familias a los padres o hijos. En caso de vulnerabilidad familiar, el Estado asume la obligación de proveer dispositivos comunitarios de apoyo.
