En el marco del XVIII Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo, realizado en la provincia de Salta, Quorum dialogó con Alfredo Amado Batule, subsecretario de Trabajo provincial, sobre la situación del empleo, las reformas laborales, el crecimiento de la minería y los desafíos que plantean la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.
El funcionario advirtió sobre el incremento de la informalidad, las dificultades económicas que atraviesan trabajadores y empleadores y la necesidad de fortalecer la negociación colectiva. Asimismo, destacó el potencial productivo de Salta y sostuvo que el diálogo entre el Estado, los sindicatos y las empresas será determinante para construir un mercado laboral más inclusivo y sostenible.
Un mercado laboral atravesado por la crisis económica
La situación del empleo en Salta refleja las dificultades que atraviesa el mercado laboral argentino. La informalidad, el estancamiento de las contrataciones y los incumplimientos salariales constituyen algunas de las principales preocupaciones de las autoridades provinciales.
“Lamentablemente, hoy la situación del empleo en la provincia es muy difícil. Estamos por encima de la media nacional en materia de trabajo no registrado y no encontramos una reactivación que permita revertir esta realidad”, señaló Alfredo Amado Batule durante su entrevista con Quorum.
El Subsecretario de Trabajo de la provincia de Salta explicó que, pese a los diferentes mecanismos legales implementados durante los últimos años para promover la registración laboral y estimular nuevas contrataciones, los resultados continúan siendo insuficientes.
“Los marcos legales que buscan incentivar la formalización del empleo no están dando los resultados esperados. Son muy pocos los empleadores que adhieren a los beneficios previstos y creo que el contexto económico es uno de los principales obstáculos para que crezca el empleo formal”, sostuvo.
En este escenario, destacó que la fiscalización constituye una de las herramientas fundamentales de la Subsecretaría de Trabajo.
La articulación con las organizaciones sindicales resulta especialmente importante, dado que muchos trabajadores evitan denunciar irregularidades por temor a perder su fuente de ingresos.
“Existe un temor muy grande de los trabajadores a exponerse y perder su puesto de trabajo. Por eso, muchas veces son las entidades gremiales las que realizan las denuncias y acompañan los procedimientos de fiscalización”, explicó.
Entre los incumplimientos más frecuentes identificó la falta de registración, el pago de remuneraciones por debajo de las escalas salariales correspondientes, los atrasos y el fraccionamiento de los salarios, así como las irregularidades en el pago de aportes y contribuciones.
Estas situaciones, advirtió, no solamente afectan los ingresos de los trabajadores, sino también el acceso a prestaciones esenciales, como la cobertura de salud.
Reforma laboral: modernización, derechos y negociación colectiva
Uno de los ejes centrales del XVIII Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo fue el debate sobre las transformaciones legislativas y sus consecuencias para las relaciones laborales.
Consultado sobre las reformas impulsadas a nivel nacional, Batule planteó una posición que combina el reconocimiento de determinados avances normativos con cuestionamientos a disposiciones que, a su entender, pueden afectar derechos de los trabajadores.
“Creo que hay artículos de la llamada ley de modernización que directamente afectan los derechos de los trabajadores. También hay otros que vinieron a brindar claridad sobre cuestiones que estaban divididas en la doctrina y la jurisprudencia”, afirmó.
Como ejemplo de estas últimas mencionó las modificaciones relacionadas con la indemnización por fallecimiento de un trabajador, al considerar que contribuyen a precisar quiénes tienen derecho a percibirla.
Sin embargo, expresó reparos respecto de la posibilidad de abonar en cuotas determinados créditos reconocidos judicialmente.
“El crédito laboral tiene carácter alimentario. No me parece adecuado que el trabajador, en su condición de acreedor, termine obligado a aceptar que se le pague en cuotas por decisión del empleador”, manifestó.
Más allá de las diferencias sobre el contenido de la legislación, el funcionario consideró que uno de los principales desafíos consiste en fortalecer la negociación colectiva como herramienta para equilibrar los intereses de trabajadores y empleadores.
“La negociación colectiva tiene un desafío enorme: encontrar respuestas a aquellas cuestiones que la legislación no aclara o que pueden interpretarse en perjuicio de los trabajadores”.
En ese sentido, señaló que numerosos convenios colectivos de trabajo requieren una actualización integral.
“Tenemos convenios colectivos de muchos años. En general, las discusiones se concentran en los incrementos salariales y no en un análisis de fondo de todas las condiciones que regulan las actividades”, explicó.
Para Batule, las transformaciones productivas, tecnológicas y organizacionales obligan a revisar estos instrumentos mediante acuerdos entre sindicatos y cámaras empresarias.
También destacó que la seguridad jurídica resulta fundamental para alcanzar un equilibrio entre la necesidad de promover inversiones y contrataciones y la protección de los derechos laborales.
“Las normas claras son las que van a facilitar que exista ese equilibrio. Pero eso debe ir acompañado necesariamente por el diálogo social y la negociación colectiva”, subrayó.
Fiscalización y conciliación: prevenir antes que judicializar
Frente al incremento de los conflictos laborales, la Subsecretaría de Trabajo de Salta busca fortalecer tanto las tareas de inspección como los mecanismos de conciliación.
Batule explicó que se registra un aumento de las consultas de trabajadores relacionadas con dificultades para percibir sus salarios, irregularidades en los aportes y problemas derivados de las condiciones de contratación.
Paralelamente, las organizaciones sindicales solicitan con mayor frecuencia la conformación de mesas de diálogo con representantes empresariales para encontrar soluciones antes de que los conflictos se profundicen.
“La fiscalización y la conciliación son dos funciones esenciales de las autoridades administrativas del trabajo. Nuestro objetivo es que las partes puedan llegar a acuerdos y evitar que las controversias terminen necesariamente en una instancia judicial”, señaló.
El funcionario también reconoció que algunas exigencias administrativas requieren adaptarse a los avances tecnológicos.
En particular, consideró positiva la eliminación de obligaciones documentales que habían quedado desactualizadas, como determinados mecanismos tradicionales de registración en libros laborales, siempre que existan herramientas alternativas para verificar el cumplimiento de la normativa.
Sin embargo, advirtió que otras modificaciones pueden generar dificultades prácticas, especialmente en localidades del interior donde las condiciones de acceso a servicios bancarios son diferentes de las de los grandes centros urbanos.
Para Batule, la modernización administrativa debe contemplar estas particularidades territoriales.
Inteligencia artificial y plataformas digitales: el desafío de proteger el trabajo humano
La incorporación de inteligencia artificial, la automatización de procesos y el crecimiento del trabajo mediante plataformas digitales plantean nuevos interrogantes para el derecho laboral.
Batule consideró que la legislación debe adaptarse a estas modalidades, aunque advirtió sobre las contradicciones que pueden surgir cuando se modifican o eliminan instrumentos regulatorios existentes.
En ese sentido, cuestionó la derogación prevista de la normativa sobre teletrabajo.
“Creo que, si la ley de teletrabajo no estaba dando respuestas suficientes, había que buscar la manera de mejorarla, no necesariamente derogarla”, expresó.
Respecto de las plataformas digitales, destacó la discusión sobre la naturaleza del vínculo entre quienes prestan servicios y las empresas que administran las aplicaciones.
“Más allá de lo que establece la legislación, considero que existen situaciones en las cuales hay una relación de dependencia indiscutible entre el trabajador y la empresa que utiliza la herramienta tecnológica”, sostuvo.
También hizo referencia a las iniciativas desarrolladas en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para abordar las nuevas formas de empleo y construir estándares de protección.
Pero uno de los aspectos que más le preocupa es el impacto de la automatización sobre los puestos de trabajo tradicionales.
“No podemos darle la espalda a las nuevas tecnologías, pero tampoco podemos permitir que su incorporación termine provocando desplazamientos masivos de trabajadores”.
Como ejemplo concreto mencionó la implementación de sistemas de telepeaje, que permiten reemplazar tareas de cobro y administración mediante dispositivos tecnológicos.
“Estamos hablando de trabajadores que desarrollaron una misma actividad durante muchos años y que ahora pueden quedar desplazados. Más allá de las indemnizaciones que correspondan, tenemos que preguntarnos qué posibilidades reales tendrán de reinsertarse laboralmente”, reflexionó.
En particular, manifestó su preocupación por los trabajadores de mayor edad, para quienes la reconversión profesional puede representar mayores dificultades.
Según explicó, la respuesta no debería limitarse a la protección frente al despido, sino contemplar políticas de capacitación, reconversión y acompañamiento.
“Creo que el Estado tiene la responsabilidad de establecer reglas absolutamente claras para que la incorporación de tecnología no termine afectando gravemente el trabajo humano”, afirmó.
En este punto, volvió a destacar la necesidad de un diálogo social tripartito, con participación de los gobiernos, las organizaciones sindicales y los sectores empresariales.
La minería y el litio como motores del empleo regional
El crecimiento de la actividad minera constituye una de las principales oportunidades de desarrollo económico para Salta y las provincias vecinas de Jujuy y Catamarca.
Batule explicó que la expansión de los proyectos vinculados con el litio permitió generar oportunidades laborales, especialmente durante las etapas de construcción e instalación de infraestructura.
No obstante, advirtió que una parte de esos puestos de trabajo tiene carácter temporal y que el verdadero desafío consiste en desarrollar capacidades productivas y laborales sostenibles.
“La minería vino a darnos la posibilidad de incrementar la empleabilidad en nuestras provincias. Pero tenemos que trabajar para que ese crecimiento se traduzca en oportunidades concretas y duraderas para los trabajadores de la región”, señaló.
Uno de los principales obstáculos identificados es la necesidad de contar con personal capacitado para tareas específicas que demanda la industria.
En ese marco, destacó el trabajo conjunto de Salta, Jujuy y Catamarca a partir de los acuerdos de integración regional y de la conformación de espacios institucionales vinculados con la actividad minera.
Entre ellos mencionó la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades para la actividad del litio, que reúne a representantes de los gobiernos, los trabajadores y los empleadores, con acompañamiento de la OIT.
La iniciativa contempla diferentes líneas de acción: formación profesional, capacitación, inclusión de mujeres y comunidades originarias, promoción de prácticas empresariales responsables y fortalecimiento de la seguridad y salud laboral.
“Tenemos actividades muy específicas para las cuales todavía necesitamos formar trabajadores. La capacitación es uno de los ejes centrales si queremos que las oportunidades que genera la minería puedan ser aprovechadas por las comunidades locales”, explicó.
Otro aspecto fundamental está relacionado con las condiciones en las que se desarrolla la actividad, particularmente en establecimientos ubicados a más de 3.000 o 4.000 metros de altura.
Estas características geográficas y ambientales exigen políticas específicas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
Batule destacó, en este sentido, el trabajo articulado con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y otros actores del sistema de riesgos laborales.
Asimismo, puso el foco en la necesidad de desarrollar una cadena de valor que permita multiplicar los beneficios económicos de la minería.
“Cuando hablamos de minería, muchas veces pensamos solamente en la extracción del mineral, pero detrás existe una enorme cadena de valor que puede generar empleo en distintas actividades”.
La construcción, el transporte, la gastronomía, los servicios de mantenimiento y las empresas proveedoras representan, según explicó, oportunidades para impulsar emprendimientos y fortalecer el entramado productivo local.
“El objetivo es que crezcan los proveedores de nuestras provincias y que puedan participar cada vez más de las actividades vinculadas con la minería”, sostuvo.
El diálogo social como herramienta para construir consensos
A lo largo de la entrevista, Batule insistió en la importancia de generar ámbitos permanentes de intercambio entre el Estado, las organizaciones sindicales y el sector empresarial.
Consultado sobre las dificultades para alcanzar consensos, sostuvo que las diferencias de intereses no necesariamente deben constituir un impedimento para negociar.
“Creo que tiene que existir la posibilidad de dialogar, discutir y disentir. Desde la Subsecretaría de Trabajo estamos permanentemente abiertos a propiciar esos espacios”, aseguró.
En su visión, la voluntad de las partes y la buena fe constituyen condiciones esenciales para que los procesos de negociación produzcan resultados.
“Lo fundamental es que exista la intención de sentarse a negociar y dialogar, con un condimento esencial: la buena fe”, remarcó.
El funcionario consideró que este enfoque será especialmente importante frente a los cambios legislativos, las transformaciones tecnológicas y la evolución de las actividades productivas.
Salta hacia 2036: infraestructura, desarrollo productivo y nuevas oportunidades
Al proyectar el mercado laboral salteño para los próximos diez años, Batule se mostró optimista respecto del potencial económico de la provincia, aunque reconoció que su desarrollo dependerá de la concreción de inversiones estratégicas y de mejoras en la infraestructura.
Entre las prioridades mencionó la recuperación de los ramales ferroviarios, el fortalecimiento de las rutas y el avance del corredor bioceánico, una iniciativa destinada a mejorar la conexión logística con los puertos del Pacífico.
Explicó que esta infraestructura podría resultar especialmente relevante para las empresas mineras de origen asiático que operan en la región, al facilitar el transporte y la exportación de su producción.
“Creo que el corredor bioceánico puede generar una mayor reactivación de las actividades que ya estamos desarrollando, especialmente en materia minera”, señaló.
También destacó el potencial de las actividades agropecuarias, que registraron un crecimiento durante los últimos años, y del turismo, uno de los sectores tradicionalmente más representativos de la economía salteña.
Si bien reconoció que la actividad turística atraviesa dificultades como consecuencia del contexto económico, valoró los esfuerzos provinciales para ampliar la conectividad aérea nacional e internacional.
Otro de los sectores con perspectivas de crecimiento es la economía del conocimiento, particularmente las actividades relacionadas con el desarrollo tecnológico.
“Salta tiene un potencial enorme desde distintos puntos de vista. La minería, el agro, el turismo y la economía del conocimiento pueden convertirse en motores fundamentales para la generación de empleo”, afirmó.
En relación con la integración regional, destacó la importancia del trabajo conjunto entre los gobiernos de Salta, Jujuy y Catamarca, así como el acompañamiento de organismos internacionales y entidades especializadas en materia laboral.
En particular, valoró la participación de la OIT en los espacios de cooperación vinculados con la actividad minera y la promoción de oportunidades laborales.
Un futuro laboral que requiere acuerdos y planificación
Como conclusión, Batule planteó que el futuro del empleo dependerá tanto del crecimiento económico como de la capacidad de los distintos actores para anticiparse a las transformaciones del mundo del trabajo.
La actualización de los convenios colectivos, la promoción del empleo registrado, la capacitación profesional, la prevención de riesgos laborales y la incorporación responsable de nuevas tecnologías aparecen como algunos de los desafíos prioritarios.
En ese escenario, consideró que las políticas públicas deberán acompañar el desarrollo productivo sin perder de vista la protección de quienes trabajan.
“Hay muchísimos desafíos hacia adelante. Creo que el diálogo social será fundamental para encontrar respuestas y evitar que los trabajadores queden desplazados frente a las nuevas realidades productivas y tecnológicas”, concluyó.
La entrevista, realizada durante el XVIII Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo, dejó planteada una cuestión central para el debate jurídico y económico: cómo construir un mercado laboral capaz de generar nuevas oportunidades, incorporar innovación y sostener la competitividad, sin resignar la protección de los derechos de los trabajadores.
