El abogado e integrante de Usina de Justicia participó del ciclo de entrevistas de Quorum y analizó uno de los grandes interrogantes del sistema penal argentino: cuántos prófugos hay y quiénes los buscan. Cuestionó la falta de estadísticas confiables, advirtió sobre los niveles de impunidad y reclamó una mayor protección para las víctimas. También puso el foco en la futura designación del Defensor General de la Nación.
¿Cuántos prófugos hay en Argentina? ¿Quiénes los buscan? ¿Existe un registro confiable que permita saber cuántas personas están siendo requeridas por la Justicia? Las preguntas parecen sencillas, pero las respuestas dejan al descubierto una problemática que, pese a sus implicancias para la seguridad pública y el funcionamiento del sistema penal, permanece prácticamente fuera del debate.
Daniel Roggero, abogado e integrante de Usina de Justicia, fue el invitado de una nueva edición del ciclo de entrevistas de Quorum, donde analizó el informe Prófugos S.A., realizado por el periodista Leonardo Nieva y publicado en la edición 22 de la revista.
Durante la conversación, el especialista advirtió que las estimaciones sobre la cantidad de prófugos en la Argentina oscilan entre 45.000 y 200.000 personas, cuestionó la ausencia de una metodología sistemática de búsqueda y sostuvo que muchas capturas se producen por circunstancias fortuitas.
También reflexionó sobre los niveles de impunidad, la posibilidad de aprovechar los registros digitales para mejorar las investigaciones y las consecuencias que estas falencias tienen para las víctimas y sus familias.
En ese sentido, Roggero hizo un balance de la implementación de la Ley de Víctimas, sancionada en 2017, y planteó la necesidad de que la futura designación del Defensor General de la Nación contribuya a equilibrar el lugar que ocupan las víctimas dentro del sistema judicial.
“No hay un número certero de prófugos en la Argentina”
¿Cuántos prófugos hay en la República Argentina?
Esa pregunta es excelente porque, en realidad, no hay un número certero. Esa es la primera respuesta. Segundo, tal cual dice la nota de la revista Quorum, una nota muy buena que hizo Leonardo Nieva, cuya lectura recomiendo, ahí están los números. Tenemos una gama desde 200.000, según algunas fuentes; 105.000, según otras; 55.000 y 45.000, según otras. Ocurre que, como ese número queda dibujado en el aire, no hay una fuente exacta que lo acredite. Porque eso implicaría tener listados los nombres, los juzgados, las causas y las fechas. Estamos hablando, en general, de prófugos vinculados al tema penal. Existen los plazos de prescripción, es decir, que el paso del tiempo para el prófugo, dependiendo de su circunstancia procesal, lo puede beneficiar. De hecho, en la nota, muy bien cuenta el periodista Nieva, hay casos emblemáticos de prófugos que dejaron vencer su plazo de prescripción y después aparecieron. Y la Justicia, al prescribir eventualmente la pena, ya no puede ejecutarla. Entonces, no es un tema simplemente estadístico o numérico, sino que tiene una repercusión directa sobre el sistema penal.
¿Quién mide, quién controla o quién lleva la estadística de cuántos prófugos hay?
Lo primero que hay que decir es la definición técnica y jurídica de prófugo. La palabra prófugo, en el sentido amplio, la tenemos en el lenguaje común. Hay hasta canciones con ese título, series, películas y novelas. Ahora, cuando lo remitimos específicamente al tema jurídico, la ley tiene que definir qué es prófugo y en qué condición se lo está buscando. Puede ser alguien cuyo paradero se desconoce, incluso por una causa civil. Puede ser alguien evadido de una cárcel o alguien que tiene una condena, no se presentó el día de la sentencia y no vuelve a aparecer. Puede ser prófugo porque está identificado, pero nunca lo encontraron. Puede ser que lo encontraron y después perdieron el rastro. Hay muchas variantes. Eso en cuanto a definir qué es prófugo. Después están los organismos del Poder Ejecutivo nacional o provincial, que son los encargados de llevar estos registros. El más importante estaría dentro del área del Registro Nacional de Reincidencia. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se notifican los organismos del Poder Ejecutivo, sean nacionales o provinciales, de la existencia de estos casos? Por información que les va a remitir la Justicia, el juzgado o la fiscalía con acuerdo del juzgado. Entonces, si no lo notifican o esa información llega errónea, eso dificulta la elaboración de este famoso listado misterioso. Por eso el título de la revista me parece un logro. Es como un agujero negro: entran y no se sabe exactamente qué sale de ahí. Tenemos organismos en el Ministerio de Justicia, el Registro de Reincidencia, el Ministerio de Seguridad y, en el ámbito específicamente de la investigación policial, organismos a nivel federal y provincial. Pero la gran pregunta, y acá cambio el rol de periodista, es cuál es el método y la técnica de investigación que amerita la posibilidad de encontrarlos. Porque imaginemos que en algún lado está esa lista con los nombres, las fechas, los juzgados y demás. ¿Cuál es el procedimiento por el cual, si están prófugos, deberían estar buscándolos? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es la metodología? ¿Existe eso? Esa es la gran pregunta dentro de la gran pregunta: ¿dónde están o quiénes son? ¿Quién los busca?
“Muchas veces se recurre al azar para encontrar a un prófugo”
Claro, el tema es si hay alguien que los busque.
Para casos específicos, donde el juzgado, sobre todo en causas de relevancia o donde hay un cómplice, tiene datos que pueden resultar efectivos, se ordena una investigación, un seguimiento especial. Pero en otras, diría que es la regla general, no hay un organismo que esté todo el día buscándolos con una metodología. Por eso marcaba la importancia de la técnica y la metodología. Muchas veces se recurre al azar. La nota lo explica muy bien. En los ingresos a eventos deportivos, traducido, canchas de fútbol, se toma el registro y cada tanto se encuentra a alguno que tenía pedido de captura o estaba prófugo. Puede ocurrir también, aunque es más raro, cuando salen o entran del país. Todos hemos hecho los trámites en el aeropuerto. Eventualmente, otra variante, siempre dentro del marco del azar o la suerte, es cuando van a votar. El prófugo tiene un deber cívico y va a votar. Ha ocurrido. O en los micros o transportes de larga distancia, donde en los últimos años hay que presentar el DNI y se registra. Entonces, aparece un pedido de captura, se hace el informe y demás. No es que lo detiene el chofer del micro. Hay que identificar si todavía está vigente la captura, encontrarlos y detenerlos. Traducido, entonces, tenemos dos cuestiones. Número uno: ¿dónde está la lista identificada con todos los detalles que mencioné? Y número dos: ¿cuál es el método y la tecnología certera de búsqueda? Un dato que puede servir, porque me gustan las anécdotas ilustrativas: tanto es un no tema que entré en el catálogo de la biblioteca jurídica más importante del país, que es la Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es accesible por internet y puse en la búsqueda de títulos la palabra “prófugo”. De los 110.000 ejemplares que la propia Biblioteca de la Corte dice que hay, solamente aparecen tres con la palabra prófugo en el título. Y de esos tres, solo uno se refiere específicamente a lo que estamos hablando. Los otros dos se refieren al efecto jurídico de la prescripción o a lo que pasa en el tema procesal respecto del prófugo. Pero específicamente sobre la búsqueda o el control de los prófugos, en la Biblioteca de la Corte hay un solo texto en nuestro país que se ocupó del tema. Y ni siquiera es un libro. Es el título de una nota en una revista, creo que de investigaciones policiales o algo semejante. No es que alguien haya dedicado un estudio sistematizado, exacto y verificable sobre este tema. No existe como tema. Hice otro rastreo de seminarios, conferencias, coloquios y congresos donde apareciera el tema de los prófugos. Por lo menos yo no encontré, a nivel local argentino, ningún ámbito académico que lo estudie o que se ocupe del tema. Entonces, eso te da un panorama: no tenemos los nombres, no se sabe quién o cómo los busca y no hay interés, hablo de la doctrina judicial, en interiorizarse sobre esto. Por lo tanto, lo de la revista Quorum creo que es disruptivo, en el sentido positivo, porque si hoy cualquiera busca el tema en Google o le pregunta a ChatGPT, aparece la revista Quorum.
Las consecuencias de la impunidad
O sea, no los buscan, no se sabe cuántos son y tampoco hay interés en darle entidad o visibilidad al tema. ¿Por qué es importante saber cuántos prófugos tenemos y por qué es importante buscarlos?
Por varias razones. Una, porque el sistema penal tiene una etapa previa, que es la de prevención, eventualmente investigación preventiva si hay una orden judicial o fiscal. Segundo, una etapa de juicio, lo que la gente conoce: hay una denuncia, se pone en movimiento el mecanismo, hay una acusación, un procesamiento, un eventual juicio y una eventual condena. Y hay una última etapa, que es la ejecución de la pena. Para cada una de estas tres etapas hay mecanismos, recursos e instituciones. El prófugo es como que atraviesa cualquiera de esas tres instancias y lo hace con impunidad. Hay una denuncia y nunca encontraron al denunciado. O estaba en proceso y desaparece. O estaba detenido y se fuga, se evade de la cárcel. Entonces, la necesidad del sistema de encontrarlo cuando lo buscan, o cuando ya lo encontraron que no se les vaya, o cuando ya lo condenaron que no se evada del establecimiento penitenciario, es importante porque uno de los fines del sistema penal es justamente penar. Eso en cuanto al sistema. En cuanto a la gente, yo represento una ONG, una organización de la sociedad civil que se llama Usina de Justicia, que se ocupa de las víctimas de homicidio y de sus familias. Para la concreción del sentido de justicia, ya no hablo del sistema sino del valor justicia, porque el sistema se crea para eso, para las víctimas, sobre todo de los delitos graves, lo mínimo que exigen es que haya una compensación. Excluida la venganza por mano propia, por supuesto, una compensación moral de que el autor del delito sea encontrado, juzgado y condenado. Si es prófugo no va a ser ni encontrado ni juzgado. Y si es condenado, eventualmente quedará como evadido. Con el dato que siempre repito: en la Argentina, de cada diez homicidios solamente se resuelven seis. Es decir, cuatro quedaron impunes. Puede ser justamente porque el autor está o fue prófugo. Entonces, que una persona, una familia, una víctima, no pueda concluir este proceso hace que una cosa como la Ley de Víctimas sea absolutamente intrascendente. Y el tercer segmento es la sociedad en general. Estamos conviviendo, salimos a la calle, compartimos un medio público. El otro día encontraron a uno en un shopping, paseando. Convivimos nosotros, nuestros hijos, la sociedad en general, en la calle, con personas que están prófugas. Puede ser un vecino, puede ser una persona que sea cliente de un comercio y esa persona tiene pedido de captura. Es decir, hay entre 45.000, tomando el rango menor, y 200.000 personas caminando, compartiendo nuestra vida, que probablemente, si son prófugos y por eso no se presentan a la Justicia, es porque tienen alguna deuda con ella. Muy probablemente sean delincuentes y comparten nuestra vida habitual. Y no estamos hablando de poca gente. Son decenas de miles, para generalizar. Tal vez sea nuestro vecino, tal vez sea una persona de la que no sabíamos que tenía ese estado o que cometió tal o cual delito. En muchos casos pasan años y, cuando los encuentran, dicen: “Ah, pero fulano vivía acá, armó su familia, compartía la escuela con mis hijos”. Y esa persona era un delincuente y la sociedad no lo sabía. En ese sentido también es importante destacar este riesgo potencial, porque el prófugo va a recurrir a los elementos que pueda para mantener su situación. En la Argentina todos saben que los delincuentes tienen abogados gratis. No tendrían que hacer ningún gasto. Esas son las tres preocupaciones de por qué hay que poner un foco sobre el tema de los prófugos.Hace días capturaron a un prófugo que había estado catorce años en esa situación, porque había tenido tal vez un poco más de notoriedad el caso. Entonces, eso significa que si se lo busca, se lo puede llegar a encontrar. Si se lo busca, tal vez se lo encuentre. Lo que estoy seguro es que si no se lo busca, salvo por alguna casualidad, un error o una gran torpeza, no se lo va a encontrar. O sea, si se lo busca, es más probable que se lo encuentre.
“De cada cien hechos delictivos denunciados, solamente 1,4 termina en condena y cumplimiento de pena”
Vos decís que ser delincuente es algo que prácticamente no tiene pena en la Argentina. Es fácil.
Yo uso la frase de que es la profesión más redituable, más segura. Porque estos son datos oficiales: de cada cien hechos delictivos denunciados, solamente 1,4 termina en una condena y cumplimiento de pena, según el último informe oficial, que ya tiene un par de años. Es decir, redondeando el número y haciéndolo más ilustrativo, de cada cien hechos delictivos solamente el riesgo es uno en cien de que te atrapen y te condenen. Eso si tomamos los hechos ilícitos denunciados. La realidad es que también hace unos años hice una encuesta de victimización y solo se denuncia uno de cada tres delitos.
Es decir que eso se agravaría por tres. Simplemente un dato: por día, los hechos ilícitos son alrededor de 5.500, en promedio, según datos oficiales. Si lo multiplicáramos por tres, porque dos tercios no se denuncian, serían por día 15.000 delitos que se cometen. No todos van a ser de una gravedad mayúscula, no estamos hablando de homicidios, pero para la víctima todo delito la perjudica. Eso es importante saberlo. En conclusión, en el último informe del año pasado estamos hablando de más de dos millones de hechos ilícitos denunciados. Si uno de cada cien va a ir condenado, por eso digo que el 99%, por diferentes razones, también por ser prófugo, va a quedar impune. Esos son datos oficiales.
La información digital y las herramientas para encontrar prófugos
Hablás de datos oficiales y sé que intentás explicar y hacer toda tu argumentación sobre la base de datos. ¿Cuántos datos hay en la Argentina? ¿Se mide realmente?
Excelente pregunta. Hoy sobreabundan los datos. Por ejemplo, nosotros estamos atravesados, todos los que usamos una red, una aplicación, Cabify, Rappi, las instituciones oficiales. Cada vez que pagamos con una tarjeta, compramos un vuelo, entramos en una página o incluso ahora que se digitalizó la historia clínica. Sobreabundan los datos. Y si uno pudiera cruzarlos, en teoría le corresponde al sistema judicial, podríamos tener el perfil incluso de lo que hace cada uno, dónde se mueve, dónde manda a sus hijos a la escuela, cuánto paga de expensas, porque todo eso está digitalizado. Si fue al médico, incluso en un hospital público, se cargan sus datos. Ahora, yo sé que la pregunta, por eso me atrevo a calificarla de excelente, es sobre los datos reales con los cuales se trabaja. En el caso del sistema judicial, la gran defensa, y esto me hago cargo de lo que digo, es evitar que quede a la luz todo esto. Por eso daba el ejemplo del prófugo. Nadie lo estudia. Entonces, si nadie lo estudia, no se menciona. Lo que no se menciona no se conoce. Lo que no se conoce no está. No hay prófugos. Y si hay, será un tema de algún juez o de algún fiscal que lo esté buscando, o de alguna fuerza de seguridad o de policía. Entonces, datos hay y de sobra hoy. En otra época, en el mundo del papel, en la galaxia Gutenberg, era más difícil. Hoy se puede cruzar todo de una manera casi instantánea, desde lo comercial hasta los gastos, cosas que uno ni siquiera imagina. Todo queda registrado. Para que uno no apareciera en los datos debería vivir solo con lápiz y papel, no tener teléfono, no usar ninguna aplicación, no mirar Netflix, nada. Porque los datos están y de una manera sobreabundante.
Los rastros digitales están…
Multiplicados hoy al infinito, sin darnos cuenta. El teléfono sabe dónde estamos, cuánto tiempo estuvimos en un lugar, qué aplicación usamos. Ustedes han visto que ahora se van poniendo de moda los relojes con información médica. Ellos saben dónde caminamos, cuánto caminamos, cuántas horas dormimos, dónde dormimos. Y esos datos, si uno los pudiera cruzar, por datos directos o por inferencia, volviendo al tema de los prófugos, sus cómplices, su familia o sus vecinos, uno podría inferir determinadas situaciones. Por ejemplo, alguien que va todos los días a un lugar. ¿Por qué será? Porque le lleva, estoy inventando el ejemplo, la comida a alguien que no puede salir. ¿Por qué va tres veces por día a una casa donde no vive? Este tema de los datos es cierto que puede dar lugar a abusos. De hecho, creo que lo menciona la nota cuando se hizo el registro facial, que generó un problema durante la gestión, creo que fue de Macri, donde las cámaras tomaban imágenes en las estaciones terminales de ferrocarriles o de subte para cotejar los datos faciales. Los datos nuestros están en todos lados. Cualquiera que saca una cuenta tiene que registrar su imagen y eso va a una fuente. Entonces, todos esos datos concordados, armonizados, por inferencias estadísticas, permiten deducir al propietario de los datos y sus vínculos también. Eso es importante. Ni hablar de los que entran o salen del país, que queda registrado; los que compran un pasaje, los que abren una cuenta. Hasta la cosa más ingenua, una aplicación de diversión, tiene datos de lo que hacemos, de nuestra vida, de lo que gastamos, de lo que nos ingresa. Normalmente, lo que ocurre es que tenemos los datos fragmentados. Una fuente enorme de datos es ARCA. También están los datos de las aplicaciones, de las fintech, que ahora están de moda, hasta las aplicaciones de diversión y de juegos. Todo eso está registrado. Se podría hacer perfectamente un ensamblado de esos datos y, por inferencia estadística, definir qué hace cada uno, cómo lo hace, con quién lo hace, dónde está, etcétera.
Ley de Víctimas: “Venimos de la nada”
Quiero aprovechar, antes de despedirte, para preguntarte algo que tiene que ver con el trabajo que hacen ustedes en Usina de Justicia. ¿Cómo se está implementando la Ley de Víctimas? ¿Cuál es el balance? ¿Se les da otro lugar en el proceso de justicia o todavía estamos muy lejos?
También es una buena pregunta. Venimos de la nada. Siempre hay un ideal, un escenario ideal. En el año 2017 se sanciona y promulga la ley a nivel nacional. Esa ley después se reglamenta, se crea un Observatorio de Víctimas y, entre las cuestiones operativas, se ordena nombrar un defensor de víctimas por cada jurisdicción. Eso está cumplido en un 50%, aproximadamente. O sea que, pese a que ya tiene nueve años la ley, todavía está pendiente de cumplimiento. Después, cada provincia, por un efecto mimético, ha sancionado sus propias leyes de víctimas. Porque pensemos que la ley nacional va a ser para casos donde interviene la Justicia nacional o federal, y las leyes provinciales para los casos de la Justicia local. La Argentina es un país federal y esas son las pautas. Es decir, tenemos la ley en cumplimiento, en parte sí y con cuestiones todavía pendientes. Y tenemos las leyes provinciales, algunas muy buenas también, en parte cumplidas y en parte con demoras. ¿En qué se demora, por ejemplo? Y esto quiero subrayarlo. Todo delincuente desde el minuto uno tiene la asistencia en todos los planos del Estado. Gratuita, médica, jurídica, techo, comida, defensa, hasta en algunas provincias teléfono. Y lo hemos visto en los videos, hacen fiestas, etcétera. La víctima no tiene nada. Repito: no tiene nada. La ley trató de compensar eso designándoles un defensor. Como mínimo, que tengan un defensor propio. Ese mecanismo de nombrar un defensor implica, como la designación de cualquier defensor, todo un procedimiento. Nombramientos, acuerdos, después elección del defensor. El Poder Ejecutivo arma una terna, después tiene que ir al Senado. Hablo a nivel nacional.
La designación del Defensor General de la Nación y el lugar de las víctimas
¿Qué debería cambiar para que las víctimas tengan una representación más equilibrada dentro del sistema judicial?
Quiero dejar este mensaje que me parece muy importante. El organismo propio que establece la Ley de Víctimas para defender a las víctimas se llama Ministerio Público de la Defensa. Sería el equivalente: está la Corte Suprema, está el fiscal, que es el Procurador General, y está la Defensa, que es el Ministerio Público de la Defensa o Defensor General. Esa defensoría siempre ha tenido un sesgo prodelincuente porque fue pensada así. El Estado defiende al delincuente. Entonces, tiene toda una organización a nivel nacional, tiene 3.000 empleados y abarca todo el país. Y apareció después de la ley que había que hacerles un lugar a los defensores de víctimas, nacionales de víctimas, que insisto, se nombró más o menos la mitad. Ahora está vacante el cargo. Hay un interino porque su titular anterior venció por edad, hizo los intentos para quedarse, pero tenía un sesgo totalmente prodelincuencia y prácticamente nada províctima. Con la designación, y esa es un poco la idea de nuestra organización, si se nombrara un defensor público a cargo del Ministerio Público de la Defensa que tuviera una visión más equilibrada, con semejante estructura, sin gastar un peso de más, se podría hacer mucho. Ellos se manejan con programas, o sea, tienen el presupuesto y pueden dedicar programas para víctimas de trata, por ejemplo, o programas para víctimas de otros delitos. A través de fusionar programas o crear programas sin sumar un peso más de gasto, necesitaríamos que eso se hiciera. Si se designa un defensor acorde con esta idea, se equilibraría la balanza. Porque la Justicia no es solo para el delincuente. Está bien que se lo defienda, porque es una garantía constitucional, pero tiene que estar al mismo nivel la víctima. Y el organismo institucional que tiene los recursos ya existe. Ese es un gran argumento: no hay que crear estructuras, recursos, gastos ni empleados. Ya está el organismo. Solamente tendría que nombrarse un defensor que tenga un perfil más províctima, por lo menos más equilibrado. Y sin gastar prácticamente un peso de más, reacomodar los programas, que son las acciones que se llevan adelante. Perfectamente las víctimas podrían ser satisfechas en su deseo, que ahora es un derecho, de acceso a la Justicia de una manera más equilibrada. Entonces, creo yo que, si bien no es uno de los cargos que aparecen en los medios, es uno de los cargos más deseados. Es deseado porque maneja una estructura muy importante. No estamos hablando ni de Corte ni de Procuración. No tiene la prensa que tiene Procuración y que tiene Corte, pero a nivel constitucional está exactamente al mismo nivel. Y para las víctimas es el cargo más importante. Ocurre que para que ese cargo lo ocupe alguien que sea, como digo yo, más equilibrado, tiene que haber candidatos que lo puedan ocupar. Entonces, eso implica que ese cargo sea elegido por la persona adecuada. Si no, volveríamos a cometer el mismo error. Es la situación que están viviendo hoy, esta orfandad que están viviendo las víctimas a nivel institucional.
