La segunda audiencia del juicio Los Sauces-Hotesur continuó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio y se centró en la gestación de la empresa Los Sauces y la descripción del presunto circuito para beneficiar a empresarios amigos que luego devolverían ese dinero a través de operaciones inmobiliarias “innecesarias” con las firmas inmobiliarias y hoteleras de la familia Kirchner.
La acusación sostuvo que Néstor y Cristina Kirchner montaron una asociación ilícita estable y permanente entre 2003 y 2016, para favorecer a Lázaro Báez, Fabián de Souza y Cristóbal López a través de la asignación irregular de obra pública, beneficios impositivos, contratos y licencias, que explican el crecimiento “fenomenal” de sus activos durante el gobierno del matrimonio presidencial, quienes luego incorporarían parte de sus ganancias en su patrimonio.
Para mantener ese andamiaje, que consistía en aportar fondos del erario público a sus empresarios favoritos para que éstos a su vez los devolvieran parcialmente a sus favorecedores, dice el requerimiento, hizo falta una pléyade de funcionarios públicos, contadores, escribanos y personas de estricta confianza que la mantuvieran en funcionamiento.
Habría existido un “acuerdo de voluntades y acciones coordinadas que como píezas de rompecabezas armaron un esquema de corrupción sin precedentes”, que no excluyó a funcionarios estatales, como la AFIP bajo la titularidad de Ricardo Echegaray, que se encargó, de acuerdo con el requerimiento, de no exigirle el pago de ITC entre 2011 y 2013 a Oil Combustibles, de Cristóbal López y Fabián de Souza. Ese beneficio, afirma el requerimiento, se condice con el alquiler de amenities en el edificio de Madero Center, propiedad de los Kirchner.
En este esquema se inscribe la participación de Víctor Manzanares, quien fue el encargado de organizar los aspectos contables, llevando los números de las empresas y ocupándose de que la facturación de Los Sauces y Hotesur fuera consistente con las declaraciones juradas de los Kirchner.
Romina Mercao, hija de Alicia Kirchner, fue a la vez directora de Los Sauces y empleada de Inversora M&S, del grupo Indalo y uno de los inquilinos que aportaba un porcentaje muy alto de la facturación total de la familiia mediante el alquiler de oficinas y departamentos en Puerto Madero.
Esta doble función le permitió a la imputada “encontrarse tanto en la empresa pantalla como en aquella que canalizaba los fondos que luego eran sometidos al proceso de blanqueo”.
Si bien los ex presidentes y su hijo mayor constituyeron Los Sauces en 2006, no fue sino hasta 2009 que comenzaron a adquirir toda clase de inmuebles, lo que requirió la participación de los escribanos Jorge Ludueña y Ricardo Albonoz (ambos imputados en este expediente), que luego serían alquilados, u objeto de contratación por los empresarios favorecidos desde la esfera estatal, aún siendo “innecesarios o a un precio mayor al de mercado”.
Durante 10 días hábiles se leerá el extenso requerimiento de elevación a juicio de “Los Sauces”. A partir de entonces ya podrá ser incorporado el de Hotesur, cumplido el plazo que el código ordena que transcurra desde el llamado a juicio, que originariamente había sido fechado en marzo de 2027 pero que la Cámara de Casación ordenó unificar con Los Sauces.
La mayoría de los 19 imputados siguen el debate a través de la plataforma Zoom, pero deberán presentarse cuando termine la lectura del requerimiento, ya que el Tribunal Oral Criminal Federal 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, resolvió que “la presencialidad será la norma”.
