La medida establece pautas de acompañamiento desde el primer contacto con la Justicia hasta la finalización de los juicios. Busca evitar la revictimización y contempla medidas especiales para sobrevivientes, familiares, menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad.
La experiencia de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, y las dificultades que enfrentaron las víctimas durante investigaciones judiciales prolongadas, fueron tomadas como antecedentes para elaborar un nuevo protocolo destinado a garantizar asistencia especializada a las personas afectadas por ataques terroristas.
La Procuración General de la Nación aprobó el documento que establece criterios para acompañar a las víctimas durante las distintas etapas del proceso penal y procurar que su participación en las investigaciones no profundice las consecuencias de los hechos sufridos.
El protocolo, aprobado mediante la Resolución PGN 82/2026, fue elaborado conjuntamente por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), ambas dependientes del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Entre los puntos centrales de la iniciativa se indica que la asistencia no estará condicionada a que una persona se constituya como querellante, tenga un reconocimiento judicial formal como víctima o colabore con la investigación.
El documento contempla una definición amplia de las personas destinatarias, que incluye tanto a quienes sufrieron directamente un atentado como a sus familiares, testigos y otras personas afectadas por sus consecuencias.
Acompañamiento durante los juicios
Las nuevas pautas ponen especial atención en las situaciones que pueden provocar que las víctimas vuelvan a experimentar el trauma sufrido, como las declaraciones testimoniales, los reconocimientos de sospechosos, las reconstrucciones de los hechos y la exposición a imágenes sensibles.
Para los juicios orales se prevé que los equipos especializados puedan intervenir antes, durante y después de las audiencias, con el objetivo de facilitar la participación de las personas damnificadas y reducir los riesgos de revictimización.
Entre las recomendaciones figura evitar contactos innecesarios entre las víctimas y los imputados, disponer espacios adecuados de espera, informar previamente cómo se desarrollarán las audiencias y contemplar las necesidades particulares de cada persona.
También se establece que los equipos podrán asesorar a las fiscalías sobre las condiciones en que deben realizarse los testimonios, procurando evitar reiteraciones innecesarias de los relatos y situaciones que puedan incrementar el sufrimiento de los sobrevivientes.
Además, el protocolo contempla la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas para facilitar la participación de personas que residan en otras jurisdicciones o en el extranjero, siempre que se respeten las garantías procesales.
Atención a víctimas vulnerables
La resolución también establece estrategias diferenciadas para niñas, niños y adolescentes, personas con dificultades idiomáticas, víctimas extranjeras y quienes hayan sufrido violencia sexual durante un ataque terrorista.
En estos casos, se recomienda la intervención coordinada de equipos interdisciplinarios y organismos especializados para garantizar una atención adecuada a las necesidades de cada persona.
A su vez, la Procuración recomendó a los fiscales federales considerar la aplicación de estas pautas en las investigaciones de hechos que pudieran constituir atentados terroristas y solicitar tempranamente la intervención de los equipos especializados.
Además, encomendó a la DOVIC coordinar su implementación en las distintas jurisdicciones y, junto con la SAIT, desarrollar actividades de capacitación y actualización periódica.
