Más allá de las mayorías circunstanciales que puede construir la oposición, el referente socialista y diputado nacional advierte sobre los límites de una estrategia centrada únicamente en resistir las iniciativas del Gobierno. Cuestiona la agenda oficialista, analiza el escenario electoral de 2027 y plantea la necesidad de construir una alternativa con propuestas concretas.
El despacho de Esteban Paulón está en lo más alto del Anexo de la Cámara de Diputados. No tiene una gran vista ni demasiado espacio. A diferencia de otros despachos del Congreso que parecen casi sin uso, el del diputado socialista muestra movimiento y trabajo cotidiano.
El escritorio está listo para la entrevista. Hay papeles desordenados, una revista de una muestra realizada por Anfibia, la bandera del orgullo, el termo, el mate y una computadora que, cada tanto, avisa que llegó un nuevo mensaje de WhatsApp.
El fotógrafo propone hacer unas tomas y Paulón acepta sin problemas. Se muestra predispuesto, aunque no pasa demasiado tiempo hasta que se frota las manos y apura: “Vamos a hablar. Dale, que vinimos a hablar”.
En un rato bajará varios pisos para participar de la discusión por la ley de emergencia en discapacidad. El diputado por Santa Fe, que busca también hacerse un lugar en la política porteña después de su recorrido nacional, considera que Javier Milei llegará competitivo a las elecciones de 2027 y que la oposición deberá hacer un esfuerzo para construir una propuesta alternativa.
De cara a lo que viene en el Congreso, además, sostiene que al oficialismo le resultará cada vez más costoso construir los consensos necesarios para aprobar las leyes que envíe el Poder Ejecutivo.
Queda el último trimestre del año parlamentario. Recientemente, la oposición logró articular 133 voluntades en la Cámara de Diputados para frenar iniciativas e imponer agenda. ¿Cree que esa construcción política puede mantenerse o el año electoral que se aproxima terminará dinamitándola?
Se va a mantener, pero respondiendo a una dinámica electoral inversa a la habitual. Sectores que venían colaborando con el Gobierno en la aprobación de leyes necesitan marcar una diferenciación y recuperar protagonismo en la agenda a medida que se acercan las elecciones, sabiendo que en sus provincias van a disputar los votos directamente contra candidatos libertarios. Pasó algo similar el año pasado, donde sesionamos hasta una semana antes de los comicios; en un gobierno con el perfil de Javier Milei, una parte importante de la sociedad ve al Parlamento como una caja de resonancia. La articulación opositora se va a sostener siempre que encontremos líneas de unidad sobre los temas del “metro cuadrado” de la gente, aquellos que resuelven problemas cotidianos. La agenda de Milei es superestructural y está orientada al beneficio de los sectores más concentrados e inversores internacionales -como Peter Thiel-, pero carece de contacto con la realidad social diaria.
Usted habla de una agenda “superestructural”. ¿En qué proyectos se ve esa desconexión con las urgencias de la gente de a pie?
Se puede ver en la orientación de sus leyes principales. Cuando se discutió la reforma laboral, el eje no fue otorgar más derechos a los trabajadores, sino reducir el costo laboral. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se diseñó para facilitarle a los inversores el acceso a recursos naturales y tierras. La reforma de la Ley de Glaciares no buscaba una mejor calidad ambiental para las personas, sino despejar el camino a las mineras, ni hablar del RIGI y el SUPER RIGI. Mientras el Ejecutivo se enfoca en esos marcos, los problemas reales estallan en el territorio: cuando se cae una prestación en discapacidad, cuando se caen los contratos de alquiler en el interior porque la gente pierde el trabajo registrado y la garantía propietaria, o cuando aumenta la demanda en comedores comunitarios porque la gente no llega a comer, van a golpear las puertas del municipio o de la provincia. Eso también va a pesar.
¿Esa realidad que se vive en provincias y municipios comienza a verse en el Congreso?
Se da una anomalía constitucional: la Cámara de Diputados se transformó en un Cuerpo con una dinámica muy parecida a la del Senado. Salvo honrosas excepciones, hoy existen “diputados de los gobernadores”. Aunque la Constitución supone que los diputados representan ideas, partidos y a la Nación, hoy los gobernadores peronistas de Catamarca o Tucumán, o los de Misiones y Salta, arman bloques pequeños y mueven sus fichas según el tema. Salvo el peronismo que suma 93 bancas y La Libertad Avanza que tiene 95, el espacio del medio es heterogéneo y responde mayoritariamente a los mandatarios provinciales. Aunque los gobernadores intentan no pelear con el Gobierno nacional por el reparto de recursos, la crisis en sus territorios los obliga a fijar límites cuando la cosa se complica.
Hasta ahora la articulación opositora ha funcionado principalmente a la defensiva, frenando o modificando proyectos del oficialismo. ¿Hay margen para pasar a una postura de iniciativa propia?
Con el tema del endeudamiento público ya cambió la dinámica, porque ahí la oposición tomó la iniciativa con proyectos ingresados desde el año pasado. En mi caso, presenté cuatro iniciativas desde marzo junto a colegas de Encuentro Federal como Oscar Agost Carreño. Para frenar a Milei no alcanza con la crítica en el Congreso; hay que empezar a proponer. Hay sectores donde el proceso de destrucción es evidente, como el entramado PYME. El Gobierno reinstaló el impuesto al cheque retirando exenciones y ARCA aplica embargos preventivos de cuentas bancarias en solo 10 días, impidiendo pagar sueldos, proveedores o la luz. Ni siquiera al que es competitivo por creatividad le sacan el pie de la cabeza. Frente a esto, debemos impulsar la suspensión de embargos de cuentas y derogar la resolución de la CNV sobre el echeq.
¿En el camino a pasar a la ofensiva, hay algo que mejorar en especial para lograr los objetivos?
Nos ha faltado inteligencia y picardía política. Caímos en la dinámica de responder a cada recorte del Gobierno impulsando “leyes de emergencia”: emergencia en universidades, en discapacidad, en pediatría para el Garrahan, o en salud sexual y reproductiva para el Plan ENIA y VIH. Eso le permite al Gobierno argumentar discursivamente: “¿Por qué una ley de emergencia y no una ley permanente y sistémica?”. Al plantear soluciones de emergencia ante la desesperación de prestadores y familias que salen a la calle, muchas veces quedamos atrapados en el juego del oficialismo en lugar de proponer cambios estructurales y sustentables en el tiempo. Por ejemplo, frente al RIGI, presentamos un proyecto de ley complementario que otorga incentivos fiscales, financieros y de fomento a toda la cadena de proveedores PyME locales, además de fijar estándares ambientales y de sustentabilidad. Asimismo, impulsamos la creación de una empresa minera nacional denominada Recursos Estratégicos Argentinos (REA) o la potenciación de YPF Minería. Si YPF hoy cotiza en bolsa, da ganancias, vale cinco veces más y ya cuenta con una división minera, debe asociarse con el capital privado para capturar parte de la renta mineral en el país en lugar de ceder el 100% a corporaciones como Barrick Gold. Si no, como dice el refrán, “las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas”.
De cara al escenario político futuro, ¿cree que la oposición está en condiciones de ser competitiva en 2027?
Si la oposición actúa con inteligencia, es perfectamente posible ganarle a Milei. El Presidente mantiene un 40% de imagen positiva y un 60% de negativa, pero la oposición se encuentra fragmentada entre especulaciones individuales y dirigentes que se están posicionando para el 2031. Para ganarle en las urnas hay que superar el ego, el narcisismo político y la lógica binaria. Necesitamos construir un centro de ideas sólido. No hablo de “ideas de centro”, sino de un centro de ideas con propuestas claras en minería, régimen penal juvenil, obra pública, modernización del Estado, PYMEs e inteligencia artificial. Desde el Partido Socialista iniciamos una ronda de diálogo con la CGT, las CTA, la UIA y gobernadores como Pullaro, Kicillof, Llaryora y Frigerio para presentar un documento programático y ofrecerle a la sociedad un proyecto alternativo de país.
Hablando de elecciones. El Poder Ejecutivo busca impulsar una reforma electoral que incluye la eliminación o suspensión de las PASO y cambios drásticos en el financiamiento partidario. ¿Cuál es tu postura y la del Partido Socialista?
Desde el Partido Socialista la definimos como una contrarreforma antidemocrática. El Presidente busca eliminar o dificultar el acceso a las mismas herramientas que le permitieron llegar a la Casa Rosada. Es como aquel que sube por una escalera y, cuando llega arriba, la patea para que nadie más pueda subir. Milei habla de eliminar los llamados “sellos de goma”, que no son otra cosa que partidos minoritarios con derecho a organizarse y participar. Él mismo carecía de una estructura nacional y terminó construyendo La Libertad Avanza como una suerte de “partido del Estado” desde el propio Gobierno. Además, Milei es producto directo de las PASO. Ese sistema le garantizó minutos de aire en los medios de comunicación, financiamiento y visibilidad. En definitiva, fue también lo que se conoce como el voto útil lo que le permitió llegar a la Presidencia “sin pegar un solo afiche en la Ciudad de Buenos Aires”, como él mismo suele decir.
El oficialismo argumenta que las PASO y el financiamiento de la política tiene un costo muy elevado para el Estado.
Es un gran mito. El Partido Socialista, con personería nacional en 14 provincias, 130 años de historia y la sede propia en calle Entre Ríos al 1000 donada por Guillermo Estévez Boero, recibe del Fondo Partidario Permanente 1.400.000 de pesos por año. ¡No pagamos ni el servicio de internet de la sede!. Nos sostenemos únicamente por el aporte obligatorio del sueldo de nuestros legisladores y funcionarios. Lo que busca el Gobierno es desfinanciar a los partidos, exigirles requisitos imposibles de afiliados y abrir la puerta al financiamiento privado sin límites ni declaración de terceros. Quieren forzar un sistema bipartidista entre libertarios y peronistas. Argentina es uno de los países con menor financiamiento público a la política; en Chile el Estado paga sueldos a empleados partidarios, en Uruguay funciona plenamente y en México financia secretarías de diversidad. Debilitar esto nos encamina al modelo de Bukele, Nicaragua o Perú.
Más allá de la reforma electoral, otro de los temas con los que busca avanzar el Gobierno es con el proyecto de ley vinculado a la soberanía de las Islas Malvinas.
El proyecto tiene la fórmula del Fernet: 70-30. Pero sólo el 30% corresponde a Malvinas, contemplado en los artículos 1 al 40. El 70% restante, del artículo 41 al 134, está dedicado a la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. La iniciativa propone concentrar el poder público en el Presidente y cinco funcionarios de su entorno: SIDE, Legal y Técnica, Defensa, Cancillería y Economía. Este organismo tendría facultades para adoptar medidas de carácter judicial, como congelar cuentas o promover causas penales, ad referéndum de la Justicia. Además, incluye un artículo que me parece ridículo: penaliza a quienes, mediante supuestas “campañas de desinformación”, dificulten la libre toma de decisiones de las instituciones. A mi entender, el proyecto refleja un sesgo paranoico y autoritario, similar al que expresan líderes como Erdogan, Orbán o Trump. Es una herramienta que, lejos de limitarse a la cuestión Malvinas, parece diseñada para intimidar el debate democrático y desactivar la protesta social.
Dentro del panorama que describe aparece claro que la Constitución no es un freno para el Gobierno a la hora de presentar proyectos.
Hay un problema gravísimo en el control de constitucionalidad en Argentina. No puede ser que el DNU 70/23 siga vigente a pesar de los fallos acumulados. Vemos un esquema de impunidad donde a los funcionarios del Gobierno y a Toto Caputo les cierran causas en 24 horas otorgándoles un “fresh start”, fruto de pactos entre el oficialismo y sectores de la oposición para repartirse nombramientos judiciales. Sin caer en la elección popular de jueces, que en México está saliendo mal, hay que exigir e impulsar una reforma profunda sobre la independencia judicial.
Lo cambio de tema y lo llevo al debate con el que suele cerrar el año ordinario en el Congreso. En breve comienza el análisis del Presupuesto, ¿qué posibilidades ve de lograr acuerdos o modificaciones en el recinto?
El proyecto presentado es un presupuesto de ajuste e invotable en sus términos actuales, ya que desconoce y no aplica leyes aprobadas por este mismo Congreso. El Gobierno guarda una reserva de 10.000 millones de dólares y utiliza la asignación discrecional de fondos para profundizar la disgregación nacional y hacer que cada gobernador intente salvarse solo. Catamarca piensa que se salva con la minería y San Juan con una ruta. Vemos discriminaciones absurdas, como financiar el gasoducto para Córdoba, pero negárselo a Santa Fe. Aunque se puedan dar peleas puntuales en discapacidad o universidades, la estrategia oficialista es fragmentar la negociación.
