En el marco del XVIII Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo, celebrado en la provincia de Salta, la jueza de la Corte de Justicia provincial, María Edit Nallim, reflexionó sobre su trayectoria profesional, los desafíos de las reformas laborales y la responsabilidad de juzgar conflictos que afectan directamente la vida de las personas.
La Justicia no se construye únicamente a partir de normas, procedimientos y sentencias. También requiere sensibilidad, compromiso, independencia y una profunda comprensión de las consecuencias que cada decisión puede generar en la vida de las personas. Esa concepción atraviesa la mirada de María Edit Nallim, integrante de la Corte de Justicia de Salta, quien combina una extensa trayectoria en el ejercicio independiente de la abogacía con la responsabilidad de desempeñarse en uno de los máximos órganos judiciales de la provincia.
En el contexto del XVIII Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo, que reunió en Salta a más de 600 asistentes presenciales y 150 expositores, entre magistrados, funcionarios, académicos y especialistas nacionales e internacionales, Nallim dialogó con Quorum sobre las transformaciones que atraviesa la Justicia argentina.
Durante la entrevista, analizó los desafíos que plantean las reformas legislativas, la incorporación de inteligencia artificial en los tribunales y las nuevas demandas sociales. También reflexionó sobre la importancia de la ética, el diálogo y la necesidad de modernizar las instituciones sin perder de vista su finalidad esencial: resolver conflictos y contribuir a una sociedad más justa.
Una vocación marcada por la familia y el ejercicio de la abogacía
La relación de María Edit Nallim con el derecho tiene un origen profundamente personal. Su padre, abogado durante más de cinco décadas, fue una figura determinante en su elección profesional y en la construcción de su identidad como jurista.
“Creo que empecé estudiando abogacía porque quería entender su mundo personal y esa pasión que tenía por el derecho”, recuerda.
Durante años compartió con él el ejercicio profesional en el estudio jurídico familiar, una experiencia que identifica como una de las etapas más valiosas de su carrera. “Trabajar al lado de él en el estudio fue tal vez lo más lindo de ejercer mi profesión”, afirma.
El fallecimiento de su padre marcó un punto de inflexión. Tiempo después surgió la posibilidad de incorporarse a la Corte de Justicia de Salta, una oportunidad que interpretó como el inicio de una nueva etapa profesional.
La magistratura le permitió continuar vinculada con una actividad que la apasionaba, pero desde una perspectiva diferente. Para Nallim, el paso del ejercicio independiente a la función judicial implicó descubrir otra dimensión del derecho y asumir nuevas responsabilidades.
“Es como ver el otro lado del hilván cuando uno borda. Es un lado y otro de una misma realidad, pero ejercer el derecho de forma independiente tiene una particularidad y resolver tiene otra”, explica.
La transición exigió adquirir nuevas habilidades, desarrollar otros criterios y comprender las particularidades del oficio de juzgar.
Aunque reconoce que su experiencia profesional constituyó una base fundamental, destaca que asumir la magistratura representó un desafío de formación y adaptación.
“Siempre me sentí segura en derecho, pero este oficio nuevo requería también habilidades nuevas”, señala.
Reformas laborales: entre la protección de derechos y la evolución de las leyes
Uno de los principales ejes de la entrevista, realizada durante el encuentro federal dedicado al derecho del trabajo, fue el proceso de transformación que atraviesa la legislación laboral argentina y los desafíos que estas modificaciones plantean para la magistratura.
Nallim considera que el debate exige encontrar un equilibrio entre dos principios fundamentales: la progresividad y no regresividad de los derechos, por un lado, y la posibilidad de que las leyes evolucionen para responder a nuevas realidades, por otro.
“Creo que el gran desafío hoy es poder ponderar este mandato convencional del principio de no regresividad de los derechos y, a la vez, entender que no tenemos derecho a que las leyes nunca cambien”, sostiene.
La magistrada recuerda que el derecho es una disciplina dinámica, especialmente en materia laboral, donde las normas deben acompañar las transformaciones sociales, económicas y productivas.
“El derecho del trabajo, por definición, es un derecho realidad”, enfatiza.
Desde su perspectiva, las reformas no pueden analizarse exclusivamente desde posiciones abstractas o generales. Su interpretación exige considerar las circunstancias concretas de cada conflicto y el marco constitucional y convencional aplicable.
También destaca la importancia de incorporar una mirada federal. “No podemos leer estas leyes nuevas en abstracto, sino en concreto, en los casos particulares, con claves no solo constitucionales, sino también de provincia, porque cada provincia tiene su particularidad, su jurisprudencia, su modalidad, su gente y sus costumbres”, explica.
Para Nallim, esta diversidad constituye un elemento central al momento de interpretar y aplicar nuevas disposiciones laborales.
La aplicación de las nuevas normas y el desafío de la litigiosidad
Las reformas legislativas también generan interrogantes sobre su aplicación temporal, especialmente cuando los conflictos judiciales comenzaron bajo regímenes normativos anteriores.
La jueza advierte que uno de los desafíos más complejos será determinar cómo deben interpretarse y aplicarse las modificaciones en cada situación particular.
En este sentido, menciona las reglas generales de aplicación temporal de las leyes previstas en el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación y las controversias que pueden surgir cuando las reformas introducen soluciones excepcionales.
Según explica, determinadas modificaciones legislativas fueron presentadas con objetivos como reducir la litigiosidad y los montos indemnizatorios. Sin embargo, considera que todavía resulta incierto si efectivamente permitirán alcanzar esos resultados.
“No sé si termina resolviendo el tema de la litigiosidad, porque en definitiva el debate hoy es la constitucionalidad o no constitucionalidad y el modo en que se va a asumir cada uno de los puntos que se reforman”, señala.
La coexistencia de distintos regímenes normativos y la necesidad de definir su alcance pueden abrir nuevas discusiones judiciales. “Tal vez este espacio que queda entre dos normativas sea una de las cosas que más tiempo va a llevar para dilucidar, interpretar y aplicar por la magistratura”, advierte.
En ese escenario, la función judicial adquiere una especial relevancia para garantizar decisiones fundadas, previsibles y respetuosas de los derechos constitucionales.
Independencia judicial y división de poderes: pilares del Estado de derecho
En un contexto de debates públicos intensos sobre las reformas legislativas, Nallim destaca la necesidad de preservar la independencia judicial y respetar las competencias de cada poder del Estado. “La independencia y la imparcialidad son las mayores garantías de un Estado de derecho”, afirma.
La magistrada considera que el Poder Judicial no debe convertirse en un ámbito de discusión sobre la conveniencia política de las leyes, ya que esa tarea corresponde a otros espacios institucionales.
Si bien reconoce que los jueces, como ciudadanos, pueden tener opiniones personales sobre las reformas, sostiene que su responsabilidad institucional es diferente. “No es nuestro rol pelear la ley, imponerla o convencer de su capacidad o su virtuosidad, sino aplicarla”, explica.
Esa aplicación, aclara, debe realizarse dentro del marco de constitucionalidad y convencionalidad, contemplando las particularidades de cada caso.
Para Nallim, el respeto por la división de poderes no constituye una formalidad, sino una condición indispensable para garantizar el funcionamiento democrático. “Mientras más respetemos esa división de poderes, más seguros vamos a estar de que se funciona democráticamente”, sostiene.
En ese sentido, considera que la independencia judicial también protege a los ciudadanos frente a posibles arbitrariedades y garantiza que las decisiones se adopten conforme al derecho y no a presiones externas.
La sensibilidad humana y el rigor jurídico al momento de juzgar
Los conflictos laborales suelen involucrar situaciones de vulnerabilidad, dificultades económicas y consecuencias personales significativas. Frente a esa realidad, la magistrada sostiene que la sensibilidad humana y el rigor jurídico no deben entenderse como valores contrapuestos.
Por el contrario, considera que ambos son indispensables para ejercer adecuadamente la función judicial. “Conviven como los hermanos, porque ninguno podría entenderse sin el otro y, a la vez, no puedo tapar uno en función del otro”, reflexiona.
Nallim destaca que detrás de cada expediente existen personas, historias y situaciones que requieren respuestas judiciales. “Un juez sin sensibilidad seguramente es un poco menos juez, porque es humano sentir, entender y tener siempre presente que lo que estamos resolviendo son conflictos de personas”, afirma.
Esta mirada también se vincula con la necesidad de analizar las consecuencias concretas de las sentencias.
Para la jueza, aplicar correctamente una norma no implica únicamente verificar su adecuación jurídica, sino también comprender los efectos que la decisión puede generar. “Yo podría perfectamente resolver en el despacho una situación aplicando una normativa pura, pero no podría hacerlo sin medir de alguna manera qué consecuencia trae esa sentencia que estoy dictando”, explica.
Desde esta perspectiva, el análisis de las consecuencias constituye una dimensión fundamental de la responsabilidad judicial.
La soledad de las decisiones y la responsabilidad de la magistratura
Al reflexionar sobre las situaciones más difíciles que enfrenta un juez, Nallim introduce una dimensión menos visible de la función judicial: la soledad que acompaña las decisiones trascendentes. “La decisión se toma en soledad. Eso también pasa, especialmente, al momento de juzgar”, sostiene.
Para la magistrada, aunque el trabajo judicial se desarrolla dentro de una estructura institucional y puede apoyarse en equipos técnicos, la responsabilidad final de resolver corresponde a quien firma la sentencia.
Esa responsabilidad implica asumir las consecuencias de la interpretación jurídica y de la solución adoptada. “Quien decide también firma y se responsabiliza de ese estudio, de esa argumentación y de ese modo de subsumir la norma en una situación determinada”, explica.
Por eso, considera indispensable que los magistrados mantengan una formación permanente, actualicen sus conocimientos y utilicen todas las herramientas disponibles para mejorar sus decisiones.
“Deberíamos estar desvelados por buscar las mejores soluciones a los casos que nos tocan. No creo que eso sea una utopía, realmente creo que es parte del compromiso de juzgar”, afirma.
Para Nallim, la responsabilidad judicial no termina en el conocimiento técnico del derecho, sino que exige compromiso, dedicación y una actitud constante de aprendizaje.
Modernizar la Justicia no significa solamente incorporar tecnología
La modernización judicial constituye otro de los grandes desafíos institucionales. Sin embargo, Nallim advierte que transformar la Justicia no puede reducirse a digitalizar expedientes o incorporar herramientas tecnológicas. “Modernizarse no es solo aplicar tecnología. Modernizarse implica cambiar un poco la cabeza, cambiar las perspectivas”, sostiene.
Desde su visión, las innovaciones deben responder a problemas concretos y no implementarse simplemente por seguir tendencias.
La magistrada propone comenzar por identificar las dificultades particulares de cada jurisdicción, especialmente aquellas vinculadas con el acceso a la Justicia, la duración de los procesos y la eficacia de las respuestas.
“No se trata de seguir la moda, de poner un programa de inteligencia artificial o un chatbot para todos. Hay que empezar pensando cuáles son los problemas concretos que tiene nuestra jurisdicción”, explica.
Para Nallim, el objetivo central de cualquier transformación institucional debe ser mejorar el servicio que recibe la ciudadanía. En ese sentido, recuerda que las personas generalmente acuden al Poder Judicial atravesando situaciones conflictivas que requieren una solución.
“El objetivo siempre es pacificar. Solucionamos conflictos”, sintetiza.
Por eso, considera que la modernización debe desarrollarse de cara a quienes utilizan el sistema judicial. “Hay que hacerlo siempre de cara al ciudadano, que es, en definitiva, el que viene con su conflicto a tocar la puerta de la Justicia”, enfatiza.
Inteligencia artificial en la Justicia: “La función de juzgar es indelegable”
La incorporación de inteligencia artificial en los tribunales abre nuevas oportunidades para mejorar la gestión judicial, pero también plantea interrogantes sobre los límites de su utilización.
Nallim considera que estas herramientas pueden resultar valiosas para organizar información, investigar antecedentes, analizar pruebas y facilitar tareas que históricamente requerían procedimientos manuales.
Sin embargo, establece un límite fundamental. “La función de juzgar es indelegable”, afirma categóricamente.
Para la magistrada, la inteligencia artificial puede colaborar con el proceso de elaboración de una decisión, pero nunca reemplazar la responsabilidad del juez. “Podemos utilizar toda esta tecnología para seleccionar, guardar, contrastar y analizar pruebas, pero la función de juzgar es la indelegable, propia del juez”, explica.
En este sentido, sostiene que el debate ya no debería centrarse exclusivamente en aceptar o rechazar las nuevas tecnologías, sino en aprender a utilizarlas de manera responsable.
“Una de las mejores definiciones de inteligencia que conozco es que una persona inteligente es aquella que mejor sabe adaptarse a los cambios. Hoy, o nos adaptamos o nos vamos a quedar afuera”, reflexiona.
No obstante, advierte que la incorporación de estas herramientas exige mecanismos rigurosos de control.
La trazabilidad de la información, la verificación de las fuentes, la protección de datos y la supervisión humana constituyen, desde su perspectiva, condiciones indispensables. “Toda decisión requiere el control humano. No puede dejar de tener mi control, mi chequeo, mi auditoría de la fuente”, señala.
También identifica diferencias generacionales en la relación con estas tecnologías.
Mientras que algunos profesionales encuentran dificultades para adaptarse a las nuevas herramientas, las generaciones más jóvenes pueden correr el riesgo de confiar excesivamente en los resultados automatizados.
Por eso, insiste en la necesidad de mantener una actitud crítica frente a la información obtenida. “Todo el proceso de juzgar tiene que terminar siempre en un control fundamentalmente humano”, enfatiza.
Nuevas tecnologías y transformación de las estructuras judiciales
La magistrada considera que la inteligencia artificial también modificará progresivamente la organización interna de los poderes judiciales.
Algunas tareas administrativas y mecánicas podrán automatizarse, mientras que otras funciones vinculadas con el análisis y la toma de decisiones adquirirán mayor relevancia.
Para ilustrar esta transformación, recuerda sus primeros años de ejercicio profesional, cuando los juzgados contaban con personal destinado específicamente a coser los expedientes en papel.
Aquellas tareas, hoy prácticamente desplazadas por los procesos de digitalización, representan un ejemplo de cómo la tecnología modifica las necesidades organizativas.
Sin embargo, sostiene que estas transformaciones no alteran la esencia de la magistratura. “La función de juzgar va a seguir siendo siempre exclusiva y plena del juzgador”, reafirma.
Desde su perspectiva, la incorporación de nuevas herramientas debe orientarse a liberar recursos, optimizar procedimientos y fortalecer la capacidad de respuesta de los tribunales, sin comprometer las garantías judiciales.
Los avances de la Justicia de Salta y el desafío de la transparencia
Al analizar la situación provincial, Nallim destaca los avances registrados en la modernización del Poder Judicial de Salta.
Según explica, la incorporación de nuevos sistemas de gestión y la transformación de las estructuras organizativas han permitido mejorar la trazabilidad de los procesos y agilizar determinadas decisiones.
“La provincia de Salta ha hecho enormes avances dentro de sus estructuras y ha ido cambiando su organización con la implementación de sistemas que hoy permiten otra trazabilidad y otra celeridad en la toma de decisiones”, señala.
No obstante, reconoce que la modernización constituye un proceso permanente. Las herramientas tecnológicas evolucionan rápidamente y obligan a las instituciones a revisar continuamente sus procedimientos.
En ese marco, destaca el esfuerzo de los agentes judiciales por capacitarse y adaptarse a nuevas exigencias.
También introduce un aspecto fundamental: la transparencia y la rendición de cuentas.
Para la magistrada, las nuevas tecnologías permiten mejorar el seguimiento de los procesos, pero también generan mayores responsabilidades institucionales.
“Tal vez es un poder que no está acostumbrado a rendir cuentas. Esto de la transparencia y de la trazabilidad también lo obliga a eso, y es importante asumir ese rol”, reflexiona.
En su visión, modernizar la Justicia implica no solamente mejorar su funcionamiento interno, sino también fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Ética y buena fe: valores esenciales para las nuevas generaciones de jueces
Consultada sobre los valores que deberían orientar a las futuras generaciones de magistrados, Nallim coloca a la ética y la buena fe en el centro de su reflexión. “Las nuevas tecnologías y los progresos, sin una aplicación ética de todo eso, nos llevarían al fracaso igual”, advierte.
Para la jueza, los avances institucionales carecen de sentido si no están acompañados por principios que orienten su utilización hacia la resolución de conflictos y la protección de los derechos.
En ese sentido, recurre a una metáfora para describir el papel de los valores en el ejercicio judicial. “Los valores, los principios y la ética son el viento que no podemos dejar de tener para que llegue a buen puerto nuestra embarcación”, expresa.
Su ideal de Justicia está vinculado con una sociedad en la que abogados, jueces y litigantes actúen de buena fe y prioricen soluciones razonables.
Considera que esa actitud permitiría construir procesos más rápidos, efectivos y eficientes.
Pero también destaca la importancia de la empatía, la cooperación y la capacidad de comprender las posiciones de quienes intervienen en un conflicto.
La Justicia como servicio, diálogo y consenso
Hacia el final de la entrevista, Nallim retoma una reflexión que atraviesa toda su trayectoria: la necesidad de comprender la abogacía y la magistratura como distintas expresiones de una misma vocación de servicio.
Su experiencia profesional le permitió conocer las dificultades que enfrentan tanto quienes representan a las partes como quienes deben resolver los conflictos.
En ese sentido, considera que una mayor comunicación entre abogados y magistrados contribuiría a mejorar el funcionamiento del sistema. “Si hubiera un poquito más de diálogo entre los que peticionan desde afuera y quienes resuelven desde adentro, sería más fácil entender un lado y el otro”, reflexiona.
La magistrada reconoce que su paso del ejercicio independiente a la Corte le permitió comprender situaciones que anteriormente observaba desde una perspectiva diferente.
Por eso, insiste en la importancia de superar las distancias entre los distintos actores del sistema judicial. “De un lado o del otro del mostrador, la abogacía es un servicio”, afirma.
Desde su perspectiva, tanto el abogado que prepara una defensa como el juez que debe resolver un conflicto comparten una responsabilidad esencial frente a la sociedad.
Esta concepción también se proyecta sobre las transformaciones organizativas de los tribunales.
Nallim considera que los nuevos modelos de gestión pueden favorecer estructuras más horizontales, en las que cada integrante aporte sus conocimientos y experiencias.
Incluso plantea que estos cambios contribuyen a democratizar el funcionamiento de la Justicia, entendiendo ese concepto no como una modificación del sistema de designación de jueces, sino como una mayor participación y colaboración dentro de las instituciones.
“Democratizar significa que cada cual aporte desde su rol para que realmente la democracia sea algo efectivo, donde uno tenga ganas de vivir, donde uno viva mejor”, explica.
Para la magistrada, el verdadero sentido de la modernización institucional debe medirse en su capacidad para mejorar la vida de las personas.
“Si todo esto no sirve para que la gente viva mejor y se mejore su situación, no sirve mucho, por mucha tecnología y mucha modernidad que logremos”, sostiene.
Su reflexión final sintetiza una concepción de la Justicia que trasciende la aplicación de normas y procedimientos.
“La Justicia también tiene que ser diálogo y consenso”, afirma Nallim, convencida de que la ética, la empatía y la cooperación son condiciones indispensables para construir instituciones más humanas y eficientes.
En definitiva, su mirada, compartida durante el XVIII Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo, propone una Justicia capaz de adaptarse a las transformaciones del presente sin perder sus principios fundamentales: independencia, imparcialidad, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía.
Una Justicia en la que los avances tecnológicos y las reformas institucionales no constituyan fines en sí mismos, sino herramientas para alcanzar un objetivo más profundo: resolver los conflictos, fortalecer la convivencia democrática y contribuir a una sociedad más justa.
