El Vicepresidente de la Corte Suprema cuestionó la escasa participación de los abogados en las elecciones de sus representantes ante el Consejo de la Magistratura y reclamó mayor transparencia en la selección de jueces. También destacó el papel de la abogacía en la calidad de las sentencias y llamó a asumir una mayor responsabilidad institucional.
La calidad de la Justicia no depende únicamente de quienes ocupan los estrados. También está condicionada por la preparación de los abogados, la solidez de sus argumentos y, fundamentalmente, por la responsabilidad que asumen a la hora de elegir a quienes tendrán en sus manos la designación de los futuros magistrados.
Con esa premisa, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, lanzó una fuerte advertencia sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y cuestionó la escasa participación de la abogacía en las elecciones de sus representantes.
Lo hizo durante la jornada institucional “Diálogos para la Argentina, edición 2026: Seguridad jurídica, inversión y futuro”, organizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en el hermoso e histórico recinto de la Bolsa de Comercio. Aunque era consciente de que buena parte de los abogados presentes en el auditorio integraba ese reducido porcentaje que había participado activamente de las elecciones, y de que durante la campaña ya se había planteado la necesidad de revisar los mecanismos de selección de jueces, Rosenkrantz eligió trascender los límites del auditorio. Su mensaje no estaba dirigido únicamente a quienes lo escuchaban, sino también, y especialmente, a aquellos que conocerían sus reflexiones a través de los medios de comunicación.
En su exposición, el ministro del máximo tribunal puso el foco en dos cuestiones centrales: la influencia que tienen los abogados litigantes sobre la calidad de las decisiones judiciales y su responsabilidad en la selección de magistrados que, una vez designados, permanecerán durante décadas en sus cargos.
Su intervención adquirió particular relevancia en momentos en que el Consejo de la Magistratura se prepara para una renovación de sus integrantes a partir del 18 de noviembre, luego de las elecciones celebradas el 20 de octubre, en las que participó apenas el 18,5% del padrón de abogados habilitados para votar.
Qué necesita un juez para ser un buen juez
Rosenkrantz comenzó su exposición con una reflexión sobre las virtudes que debe reunir un buen magistrado y la importancia que tienen los abogados para que esas cualidades puedan traducirse en sentencias justas y debidamente fundamentadas.
Para el vicepresidente de la Corte, la función judicial exige mucho más que conocer las leyes. Implica identificar los hechos relevantes de una controversia, determinar cuáles se encuentran efectivamente acreditados y construir decisiones sustentadas en argumentos jurídicos sólidos.
En ese sentido, señaló una de las principales debilidades de la formación jurídica argentina: la ausencia de estándares probatorios suficientemente claros y la escasa preparación universitaria para evaluar pruebas.
Recordó el conocido adagio anglosajón según el cual “el diablo siempre está en los detalles”, para destacar la importancia de que los jueces examinen minuciosamente las circunstancias particulares de cada expediente.
Otra de las virtudes sobre las que puso especial énfasis fue la independencia judicial, aunque desde una perspectiva diferente de la que suele dominar el debate público.
Según explicó, la independencia más difícil de ejercer no necesariamente es aquella que se manifiesta frente a los poderes políticos o económicos, sino la que exige que un magistrado tome distancia de sus propias convicciones morales, ideológicas o políticas.
Los jueces, sostuvo, no son designados para imponer al derecho aquello que personalmente consideran deseable, sino para resolver las controversias de acuerdo con lo que establece el ordenamiento jurídico vigente.
También destacó la necesidad de contar con capacidad de ponderación para resolver conflictos en los que intervienen hechos, derechos e intereses que no pueden reducirse a fórmulas matemáticas ni solucionarse mediante algoritmos.
El papel de los abogados en la calidad de las sentencias
En este punto, Rosenkrantz trasladó parte de la responsabilidad sobre el funcionamiento del sistema judicial a los profesionales que ejercen la abogacía.
Explicó que los jueces deben identificar los mejores argumentos jurídicos disponibles, pero que esos argumentos no deberían ser construidos exclusivamente por los tribunales, sino aportados por los representantes de las partes.
Cuando un abogado presenta una defensa rigurosa, contribuye a que el magistrado pueda resolver con mayor precisión, evaluar adecuadamente los hechos y evitar que sus preferencias personales condicionen la decisión.
Desde esa perspectiva, incluso un abogado que pierde un juicio puede haber realizado una contribución más valiosa al servicio de justicia que otro que obtiene una sentencia favorable sin haber desarrollado argumentos jurídicos sólidos.
La calidad de las sentencias, en definitiva, está estrechamente relacionada con la calidad de los escritos, las pruebas y los alegatos que los magistrados reciben durante el proceso.
Por eso, el ministro consideró necesario revisar los planes de estudio de las facultades de Derecho, incorporar una mayor formación práctica y desarrollar mecanismos objetivos que permitan evaluar si los profesionales cuentan con las capacidades necesarias para litigar.
“La calidad de un Poder Judicial equivale a la calidad de su peor juez”
El segundo tramo de la exposición estuvo dedicado a la selección de magistrados y a las consecuencias que tienen las decisiones adoptadas por el Consejo de la Magistratura.
Rosenkrantz recordó que los jueces argentinos pueden permanecer en sus cargos durante varias décadas. Como ejemplo, señaló que un magistrado designado a los 45 años podría desarrollar una trayectoria judicial de aproximadamente 30 años.
Para dimensionar el impacto de cada nombramiento, presentó una serie de cálculos sobre la actividad de los tribunales nacionales.
Según explicó, con aproximadamente 1.000 jueces en funciones y cerca de 200.000 sentencias anuales, cada magistrado dicta, en promedio, unas 200 resoluciones por año.
Proyectada esa actividad durante tres décadas, un solo juez podría intervenir en alrededor de 6.000 sentencias a lo largo de su carrera.
Es decir que una decisión adoptada hoy por los integrantes del Consejo de la Magistratura puede condicionar el acceso a la justicia de miles de ciudadanos durante los próximos 30 años.
Para explicar por qué no alcanza con seleccionar algunos magistrados excelentes, Rosenkrantz recurrió a una metáfora militar: “Los ejércitos marchan al ritmo del paso más lento”.
La comparación apunta a una cuestión central. Si en un concurso se designan tres jueces de excelente desempeño y uno que carece de las condiciones necesarias, el ciudadano cuyo expediente termine en manos de este último no recibirá una justicia de calidad promedio, sino el servicio deficiente de ese magistrado.
De allí su conclusión: “La calidad de un Poder Judicial equivale a la calidad de su peor juez”.
En consecuencia, sostuvo que los mecanismos de selección no deberían concentrarse únicamente en atraer a los mejores candidatos, sino también en elevar los estándares mínimos de idoneidad para impedir que accedan a la magistratura quienes no reúnen las condiciones necesarias.
La advertencia por la baja participación en las elecciones del Consejo
Uno de los momentos más críticos de la exposición llegó cuando Rosenkrantz se refirió a las elecciones de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura.
El organismo está integrado por 20 miembros, entre ellos cuatro representantes de los abogados, cuatro senadores, cuatro diputados, jueces y académicos.
Ninguno de los estamentos cuenta por sí solo con las mayorías necesarias para adoptar las decisiones más importantes. Por eso, los representantes de la abogacía tienen un peso determinante en la conformación de los acuerdos necesarios para seleccionar magistrados.
Sin embargo, en las elecciones celebradas el 20 de octubre participó solamente el 18,5% del padrón electoral.
La lista ganadora obtuvo algo más de 12.000 votos, equivalentes al 34% de los sufragios emitidos, y consiguió dos de las cuatro bancas correspondientes al sector.
Rosenkrantz advirtió sobre la paradoja de que una proporción tan reducida de profesionales termine definiendo una representación institucional con capacidad para intervenir en nombramientos judiciales cuyos efectos se extenderán durante décadas.
En ese contexto, cuestionó que buena parte de la abogacía haya resignado su poder de decisión a través de la abstención electoral.
Para el ministro, esa falta de participación equivale a una forma de designación “por omisión”, porque quienes no votan también terminan incidiendo indirectamente en el resultado.
La preocupación no se limita a la representatividad electoral. También está vinculada con el conocimiento que los abogados tienen sobre el funcionamiento cotidiano de los tribunales.
A diferencia de otros sectores que integran el Consejo, los profesionales que litigan interactúan permanentemente con los jueces y pueden evaluar aspectos de su desempeño que difícilmente aparecen reflejados en un expediente de concurso.
Saben qué magistrados preparan las audiencias, cuáles estudian los expedientes en profundidad, quiénes cumplen los plazos, quiénes escuchan a las partes y cómo es el trato que dispensan a los ciudadanos.
Se trata de información que, según destacó, constituye un aporte fundamental para evaluar la idoneidad de quienes aspiran a ocupar cargos judiciales.
El proyecto de Rosenkrantz y Lorenzetti para limitar la discrecionalidad
Durante su intervención, el Vicepresidente de la Corte también recordó una iniciativa que impulsó junto con el ministro Ricardo Lorenzetti para introducir modificaciones en los procedimientos de selección de magistrados.
La propuesta apunta especialmente a las entrevistas personales que se realizan durante los concursos del Consejo de la Magistratura.
Actualmente, esa instancia puede modificar el orden de mérito de los postulantes, incluso cuando las evaluaciones técnicas y los antecedentes profesionales habían ubicado a otros candidatos en posiciones superiores.
Rosenkrantz cuestionó que esas modificaciones puedan realizarse sin una fundamentación escrita suficientemente precisa, lo que abre espacio para decisiones discrecionales y criterios ajenos a la idoneidad.
El ministro planteó una contradicción institucional: mientras los jueces están obligados a fundamentar sus sentencias, el organismo encargado de intervenir en su designación puede alterar el orden de mérito sin dejar asentadas por escrito las razones que justifican esa decisión.
La iniciativa impulsada desde la Corte busca reducir esos márgenes de discrecionalidad y fortalecer la transparencia de los concursos.
El objetivo es que las decisiones sobre los candidatos respondan a criterios verificables y que cualquier modificación de las calificaciones o posiciones obtenidas durante el proceso cuente con una explicación fundada.
Tres compromisos para mejorar la selección de jueces
Sobre el final de su discurso, Rosenkrantz propuso tres acciones concretas que, según explicó, están al alcance de la propia abogacía y no requieren reformas legislativas ni acuerdos políticos.
La primera consiste en aumentar significativamente la participación electoral en los comicios que definen a los representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura.
La segunda apunta a exigir compromisos públicos a las listas de candidatos antes de cada elección, especialmente respecto de los criterios que aplicarán en los concursos de selección judicial.
La tercera propone mantener un control activo sobre la actuación de los consejeros una vez que asumen sus funciones.
En particular, planteó que los abogados deberían reclamar explicaciones públicas cuando sus representantes avalen modificaciones en los órdenes de mérito de los concursos, especialmente si no prosperan las reformas reglamentarias destinadas a transparentar esas decisiones.
El ministro cerró su intervención con una mirada optimista sobre el Poder Judicial argentino, al destacar que cuenta con numerosos magistrados de excelente desempeño y con los recursos humanos necesarios para mejorar su funcionamiento.
Sin embargo, insistió en que esa mejora requiere una participación más comprometida de quienes ejercen la profesión legal.
El Colegio de Abogados y el debate sobre la institucionalidad
La jornada comenzó con las palabras de apertura de la presidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Fernanda Mierez, quien celebró la recuperación del ciclo “Diálogos para la Argentina”, luego de algunos años de interrupción.
La propuesta busca generar un espacio de reflexión plural sobre los problemas estructurales del país, alejado de las confrontaciones cotidianas y de las discusiones limitadas a la coyuntura política.
Durante su intervención, la titular de la institución destacó la importancia de reunir a profesionales, especialistas y representantes de distintos sectores comprometidos con la defensa de las instituciones republicanas y el Estado de Derecho.
El encuentro incluyó debates sobre el futuro de la abogacía, las transformaciones tecnológicas y el impacto de la inteligencia artificial en los estudios jurídicos, las áreas legales de las empresas y la formación universitaria.
Otro de los ejes centrales fue la relación entre seguridad jurídica, inversión y crecimiento económico, especialmente en sectores estratégicos como la minería, la energía, la agroindustria y la tecnología.
En ese marco, se destacó la necesidad de contar con reglas claras y previsibles que permitan sostener proyectos de inversión de largo plazo sin que las condiciones institucionales deban redefinirse permanentemente.
La agenda también contempló paneles de Derecho Constitucional, la participación de referentes de los sectores público y privado y el trabajo de la Comisión Pro Bono del Colegio, que desde hace más de 25 años promueve el acceso a la justicia y la función social de la abogacía.
Asimismo, estaba prevista la participación de la senadora nacional Patricia Bullrich en el panel de cierre, dedicado al análisis de la actualidad política e institucional del país.
En su reflexión sobre la importancia de las instituciones, la presidenta del Colegio hizo referencia a la obra Por qué fracasan los países, de Daron Acemoglu y James Robinson, y a las investigaciones sobre la relación entre instituciones y prosperidad económica que contribuyeron al Premio Nobel de Economía de 2024, compartido con Simon Johnson.
A partir de esa perspectiva, destacó la diferencia entre las instituciones inclusivas, que favorecen la innovación, la protección de los derechos y el cumplimiento de la ley, y las instituciones extractivas, que concentran el poder y los recursos en beneficio de sectores reducidos.
El mensaje central fue que sin instituciones republicanas sólidas, seguridad jurídica y un compromiso efectivo con la transparencia, el desarrollo sostenible resulta difícil de alcanzar.
Una reflexión que encontró continuidad en las palabras de Rosenkrantz: la calidad institucional no depende solamente de las normas y de quienes ejercen el poder, sino también de la responsabilidad con la que los distintos actores participan en su funcionamiento.
Y en el caso de la Justicia, esa responsabilidad alcanza especialmente a los abogados, que no sólo intervienen en los procesos judiciales, sino que también tienen en sus manos parte de la decisión sobre quiénes serán los jueces del futuro.
