El candidato de Abogados por la Libertad, espacio identificado con La Libertad Avanza, cuestionó la descentralización de los tribunales, reclamó mayor participación de los abogados litigantes en la selección de jueces y propuso incorporar criterios de gestión empresarial al funcionamiento judicial. “Los que manejaron eso durante 30 años son los mismos que están pidiendo los votos ahora”, advirtió.
El próximo 17 de noviembre, los abogados porteños elegirán a tres representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. En una elección con cuatro listas en pugna, Abogados por la Libertad se presenta como una alternativa a las fuerzas tradicionales que, según sus referentes, dominaron el sistema durante los últimos 30 años.
La lista postula como primer candidato a Diego Carbone, abogado penalista egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA), litigante independiente y docente. Lo acompaña Roxana Kahale, ex presidenta de la Sala III del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF).
Identificado con La Libertad Avanza y vinculado políticamente con la legisladora porteña Pilar Ramírez, el espacio plantea una transformación del sistema judicial que coloque al abogado litigante en el centro de las decisiones, incorpore criterios de gestión empresarial y rompa con lo que considera acuerdos corporativos que condicionan el funcionamiento institucional.
Una rebelión profesional contra las componendas
Al explicar los motivos que lo llevaron a aceptar la candidatura, Carbone reconoce que confluyeron su vocación política, sus vínculos personales y la posibilidad de participar activamente en la elaboración de una propuesta.
“Fundamentalmente, vocación política, un momento de mi vida en la cual me pareció un desafío lindo, mis relaciones personales que me invitaron a integrar este espacio y con mucha libertad, tanto para trabajar en el diseño de las propuestas… y también mucha libertad en la selección de los demás integrantes de la lista”, explica.
Uno de los aspectos que busca diferenciar a su espacio es el perfil profesional de quienes integran la nómina. En ese sentido, reivindica la experiencia cotidiana de quienes ejercen la abogacía y cuestiona a aquellos dirigentes que, a su entender, se han alejado de la práctica profesional.
“Todos trabajamos de abogados y no vivimos de la abogacía, vivimos del ejercicio profesional y no de la abogacía, es un concepto que yo lo repito porque es algo con lo que me encontré mucho del otro lado, de gente que vive en un ecosistema propio que es jurídico pero no es de ejercicio profesional y contra el que, de alguna manera, venimos a rebelarnos”, sostiene.
En el plano político, Carbone reconoce su identificación con el oficialismo nacional y destaca el vínculo con la legisladora Pilar Ramírez.
“Tengo una identificación con la procedencia del espacio en el que estoy ahora, de La Libertad Avanza, y la invitación fue a través de Pilar Ramírez, con la cual me siento muy cómodo trabajando, sobre todo en la mirada que tienen… de realizar cambios que adapten las cosas a un nuevo orden… una nueva organización, un nuevo momento de la sociedad, de la tecnología, de la ciudadanía”, señala.
Frente a las comparaciones con los comicios recientes, Carbone aclara de forma tajante que su equipo no intervino en el armado para el Consejo de la Magistratura nacional: “El espacio de La Libertad Avanza en Capital no participó en la elección nacional más que suministrando la arquitectura de fiscalización en la Ciudad. Nosotros no fuimos parte ni del diseño de las listas, ni de la decisión de competir, ni del armado de la campaña, no intervenimos”.
No obstante, rescata dos saldos muy favorables de aquella experiencia: “En la Ciudad, prácticamente sin hacer nada, hubo más o menos 500 votos, o casi 600 votos, que es el piso, el metabolismo basal del espacio. Y lo otro, que nos pusimos a prueba en la fiscalización y fue muy buena, moderna y eficiente… con un sistema informático que en tiempo real va marcando quién vota en cada mesa”.
Desde esa base autónoma, arremete contra los armados tradicionales: “Los que manejaron eso durante 30 años son los mismos que están pidiendo los votos ahora. ¿Qué pueden ofrecer distinto cuando tuvieron 30 años para hacer lo que ahora dicen que van a cambiar?”.
Y profundiza sus diferencias con los acuerdos electorales entre sectores de distinta procedencia: “Ves unos rejuntes que decís a gente amiga, pero vos ¿qué hacés ahí con este?… Eso no es un acuerdo político, eso es una componenda… implicaría resignar cosas trascendentes: afinidades personales, afinidades de valores y afinidades de ideas”.
Descentralización judicial: una política que propone revisar
Uno de los cuestionamientos más contundentes de Carbone apunta al proceso de descentralización de las dependencias judiciales porteñas. Según su diagnóstico, la dispersión de edificios y organismos no estuvo acompañada por una planificación adecuada ni contempló las necesidades de los profesionales que deben recorrer diariamente los tribunales.
“El mecanismo, la descentralización de los tribunales ha sido mala. La administración de los recursos edilicios no ha sido eficiente ni buena. Tenés un edificio inaugurado en Balbín, en un lugar inhóspito para acceder, muy complicado para llegar… y a los tres meses de inaugurado no andan los ascensores, está con un plan de reforma… Y así rebolearon fiscalías y juzgados por todos lados sin un criterio coherente, sin un estudio de factibilidad, ni escuchar a la opinión de los abogados”, advierte.
Frente a ese escenario, propone una revisión integral de la distribución territorial de las dependencias judiciales, incluso si eso implica revertir decisiones ya adoptadas.
“Una revisión muy fuerte del proceso de descentralización de dependencias. Muy fuerte… Es preferible a tiempo volver atrás lo que se hizo mal, a seguir esperando y desperdigando dependencias por todos lados… Yo para ver una causa te perdés un día cuando antes veías diez, funciona claramente mal”, afirma.
Modernización tecnológica y una Justicia que atienda mejor al ciudadano
La modernización informática constituye otro de los ejes de su propuesta. Carbone cuestiona especialmente la falta de integración entre las plataformas utilizadas por el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, así como las dificultades que enfrentan los abogados para acceder a los expedientes.
“Tenemos un sistema informático de fiscalía que es casi cerrado y los abogados no podemos acceder a las causas que llevan las fiscalías, cuando es un sistema acusatorio nativo… tendrás que esperar que te manden un mail con las copias… Tampoco tiene intercomunicación con el sistema del Poder Judicial”, explica.
Pero su propuesta no se limita a la digitalización. También plantea incorporar herramientas de gestión propias del ámbito empresarial para mejorar la relación entre la Justicia y quienes necesitan recurrir a ella.
“Hay dos conceptos de la empresa que la Justicia no ha incorporado, uno es todos los sistemas de atención al cliente… no hay que demonizar la palabra… Es la persona a quien vos tenés que darle un servicio eficiente y lograr su satisfacción independientemente del resultado”, sostiene.
Para ejemplificar las dificultades que observa en el funcionamiento cotidiano de las dependencias judiciales, describe una situación habitual para los litigantes.
“Llegás a una fiscalía y tu primer contacto es un empleado de seguridad… En vez de abrirte la puerta, te la cierra. Te dice usted a qué viene, por qué, deme el documento… Eso no es amigable para el justiciable”, cuestiona.
Selección de jueces: más oportunidades para quienes ejercen la profesión
En materia de selección de magistrados, Carbone propone modificar los criterios de evaluación para reconocer especialmente la experiencia de los abogados que ejercen de manera independiente.
“Queremos que los profesionales sumen puntaje por años de antigüedad en el ejercicio demostrable de la profesión con algún disparador… Cuantos más años tengan más puntaje… Queremos gente con más experiencia que pueda competir con más oportunidades”, explica.
Además, impulsa la incorporación de cupos para profesionales provenientes del ejercicio libre de la abogacía en los concursos con numerosos aspirantes.
“Concurso de más de diez personas, mínimo tiene que haber tres garantizados que vengan de la profesión… La mirada que puede tener un abogado que litigó… que le tocó lograr la subsistencia de una compañía hostigada por el fisco, hostigada por juicios laborales, tiene una experiencia que no la tiene el tipo que del 1 al 10 de cada mes cobra el sueldo hace 40 años”, sostiene.
En la misma línea de promover mayor transparencia en los procesos de selección, propone televisar los sorteos de jurados que intervienen en los concursos judiciales.
Respecto del fuero laboral, también plantea la necesidad de revisar los perfiles de quienes acceden a la magistratura.
“No podemos seguir buscando jueces que provengan del sector sindical y que solamente aporten una mirada y que en la Justicia Nacional en los últimos 30 años tienen una sobre representación que no es normal”, afirma.
Disciplina judicial: cuándo una sentencia puede justificar una sanción
Otro de los puntos de su plataforma está vinculado con el control disciplinario de los magistrados y los límites de la independencia judicial.
Carbone considera que las diferencias de interpretación jurídica no deberían constituir, por sí mismas, un motivo de sanción. Sin embargo, sostiene que existen situaciones excepcionales en las que el contenido de una resolución puede justificar la intervención de los organismos disciplinarios.
“No avalamos la sanción por la discrepancia con un criterio jurídico… Ahora, hay sentencias que pueden ser objeto de sanción cuando hay extralimitaciones groseras… Una sentencia no es una pizarra para hacer política… No es un dogma para nosotros que los jueces sean absolutamente impunes por el contenido de sus sentencias”, plantea.
De esta manera, el candidato propone distinguir entre la independencia de criterio que debe garantizarse a los jueces y aquellas conductas que, a su entender, exceden los límites propios de la función jurisdiccional.
El desafío de construir una nueva representación
De cara a las elecciones del 17 de noviembre, Carbone insiste en la importancia de que los abogados matriculados participen activamente en la elección de sus representantes ante el Consejo de la Magistratura porteño.
“Es importante en esta oportunidad, más que nunca en la historia de la Ciudad, que los abogados participen en la composición del Consejo de la Magistratura. Y que vayan a votar”, convoca.
Finalmente, reivindica la identidad propia de Abogados por la Libertad y asegura que, independientemente del resultado electoral, el espacio busca consolidar una representación que no dependa de acuerdos posteriores con otras agrupaciones.
“Pase lo que pase, nuestros votos son nuestros. Nosotros no los dividimos, no tenemos que el día 17 o 18 decir ‘tantos son de tal’… Nosotros estamos construyendo, arrancamos de cero, y bueno, veremos a dónde llegamos”, concluye.
