La Justicia porteña libró un exhorto a Santa Cruz y la Policía Federal allanó la casa donde vive el acusado. Lo investigan por golpear y asfixiar al animal dentro de una bolsa mientras cuidaba a un chico de diez años en Buenos Aires. Le secuestraron celulares y computadoras.
La Justicia porteña imputó por maltrato y crueldad animal a un hombre que aceptó cuidar por una noche en la ciudad de Buenos Aires al hijo de diez años de una conocida, quien debía concurrir a un compromiso. En esa oportunidad apaleó, golpeó y asfixió al gato de la familia metiéndolo dentro de una bolsa.
Para dar con él, la Justicia porteña tuvo que cruzar el país: la Policía Federal allanó su casa en Puerto San Julián, Santa Cruz, donde reside, y le secuestró todos sus dispositivos electrónicos. El maltrato del felino, investigado por el fiscal Blas Michienzi, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), derivó en un pedido de exhorto a la justicia santacruceña.
Susana Parada, titular del juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 31, libró el pedido, que fue concedido y terminó con el allanamiento de la casa del maltratador, ejecutado por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, a cargo del comisario Diego Francisco Novoa.
Cómo se inició la investigación
El caso comenzó con la denuncia de una mujer que había contratado al imputado, a quien conocía y le tenía confianza, para que cuidara a su hijo mientras ella iba a un reunión social. Cuando volvió a su casa, encontró al nene aterrado, angustiado, lloroso y al gato moribundo, incapaz de ponerse de pie. Lo llevó de urgencia a una veterinaria pero el animal llegó con muy pocos signos vitales y murió.
Con ese relato, la UFEMA tomó declaraciones testimoniales y sumó al expediente fotografías del lugar y las constancias de la atención veterinaria del gato. Michienzi con esas pruebas pidió el allanamiento, que la jueza autorizó.
En el domicilio del acusado, ya en Santa Cruz, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, discos externos y otros dispositivos de almacenamiento. La fiscalía busca preservar evidencia digital, en particular fotos o filmaciones del animal y las conversaciones que el hombre mantuvo con la denunciante y con los testigos. Todo el material será analizado por especialistas del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño.
Michienzi imputó al hombre por actos de maltrato y crueldad animal, previstos en la Ley 14.346, que prevé penas que van desde los 15 días a un año de prisión.
