A más de dos décadas de la destitución del ex juez de la Corte Suprema, fallecido el 20 de agosto de 2014, el tribunal interamericano declaró la responsabilidad del Estado argentino por la violación de garantías judiciales y derechos políticos. El fallo cuestiona la utilización del contenido de las sentencias como causal de mal desempeño y establece criterios que deberán respetarse en futuros procesos de remoción de magistrados.
A más de dos décadas de uno de los episodios institucionales más controvertidos de la historia democrática argentina reciente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado argentino por las irregularidades cometidas durante el juicio político que culminó con la destitución de Eduardo Moliné O’Connor, quien integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta diciembre de 2003.
El ex magistrado falleció el 20 de agosto de 2014, por lo que el pronunciamiento internacional llegó más de 12 años después de su muerte. Sus causahabientes participaron del acto de notificación de la sentencia, transmitido desde San José de Costa Rica.
Sin embargo, reducir esta decisión a una condena indemnizatoria o a la reivindicación tardía de una figura emblemática de la judicatura de los años noventa implicaría desatender el verdadero núcleo jurídico del pronunciamiento.
El fallo establece un límite para los poderes políticos: el criterio jurídico expresado en resoluciones judiciales no puede constituir, por sí mismo, una causal de “mal desempeño” ni servir de fundamento para remover magistrados de sus cargos, porque ello comprometería la independencia judicial y la separación de poderes.
Al mismo tiempo, los votos individuales que acompañan la decisión -especialmente el voto concurrente de la jueza costarricense Nancy Hernández López- exponen las debilidades estructurales del mecanismo tradicional de juicio político bicameral y plantean un debate de plena vigencia: cómo compatibilizar el legítimo control republicano con la estabilidad judicial y cómo abordar eventuales procesos de restauración democrática frente a judicaturas cooptadas sin incurrir en nuevas arbitrariedades.
El juicio político de 2003: cuando las sentencias se convirtieron en acusaciones
La controversia internacional tuvo su origen en el juicio político desarrollado por el Congreso de la Nación entre junio y diciembre de 2003.
En aquel momento, la Cámara de Diputados formuló nueve cargos acusatorios centrados en el contenido de resoluciones dictadas por Moliné O’Connor durante su desempeño como integrante del máximo tribunal. Esas decisiones fueron encuadradas bajo la causal de “mal desempeño” contemplada en el artículo 53 de la Constitución Nacional.
La Corte IDH cuestionó este mecanismo al considerar que someter a juicio político a un juez por sus decisiones jurisdiccionales vulnera la garantía de independencia judicial protegida por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El tribunal recordó que el razonamiento jurídico, la valoración de los hechos y la interpretación de la ley que realizan los jueces deben ser revisados mediante los recursos procesales previstos en el ordenamiento jurídico, y no a través de mecanismos de remoción impulsados por mayorías legislativas.
En otras palabras, la disconformidad política con una sentencia no puede transformarse en una causal de destitución.
La protección funcional de los magistrados, sin embargo, no es absoluta. No impide exigir responsabilidades ante infracciones intencionales manifiestas, hechos de corrupción comprobados, negligencia grave o retardos injustificados en la administración de justicia.
A los cuestionamientos sobre el contenido de la acusación, el tribunal interamericano sumó severas observaciones sobre el procedimiento parlamentario.
Falta de fundamentación. Distintas resoluciones adoptadas durante el proceso carecieron de la debida motivación, una exigencia indispensable cuando se encuentra en juego la permanencia de un magistrado en su cargo.
Afectación del derecho de defensa y de la imparcialidad. Se rechazaron recusaciones formuladas contra legisladores que habían actuado como denunciantes o anticipado públicamente su posición. El argumento utilizado fue que las cámaras legislativas no podían “desintegrarse” por la separación de sus integrantes.
En el Senado, además, la producción de prueba quedó delegada a una comisión interna, la deliberación final fue secreta y la votación se limitó a respuestas afirmativas o negativas sobre cada cargo, sin una fundamentación individualizada.
Ausencia de tutela judicial efectiva. Los recursos presentados por Moliné O’Connor ante los tribunales argentinos contra las decisiones del Congreso no recibieron una respuesta que examinara de manera suficiente y congruente los agravios denunciados, en contradicción con el artículo 25.1 de la Convención Americana.
La Corte IDH también declaró vulnerados el derecho a la propiedad privada, al trabajo y a la seguridad social, así como la garantía del plazo razonable y el proyecto de vida del exmagistrado.
Estas últimas violaciones estuvieron vinculadas con la decisión estatal de revocar, después de su destitución, la pensión vitalicia que le correspondía. La controversia derivó en un prolongado recorrido judicial que se extendió durante más de diez años sin una resolución definitiva.
Las reparaciones y una nueva interpretación del artículo 53 de la Constitución
En materia de reparaciones, la Corte IDH estableció que su propia sentencia constituye una forma de reparación por las violaciones acreditadas.
Además, ordenó al Estado argentino regularizar el régimen jubilatorio o de pensión correspondiente a Moliné O’Connor, difundir íntegramente el pronunciamiento y su resumen oficial, y pagar las indemnizaciones fijadas por daño material, daño inmaterial, costas y gastos procesales.
Dado que el exjuez falleció en 2014, las medidas patrimoniales adquieren particular relevancia para sus causahabientes, quienes continuaron vinculados al reclamo internacional.
No obstante, la decisión de mayor trascendencia institucional se relaciona con la interpretación del artículo 53 de la Constitución Nacional, que regula las causales de juicio político.
Por cinco votos contra uno, el tribunal dispuso que las autoridades argentinas deberán interpretar y aplicar esa disposición constitucional de conformidad con los estándares de debido proceso, independencia judicial y derechos políticos establecidos en la Convención Americana y en la jurisprudencia interamericana.
Esta pauta busca impedir que la amplitud de la expresión “mal desempeño” permita a las mayorías políticas utilizar el juicio político como una herramienta para desplazar jueces por el contenido de sus decisiones.
La sentencia fue adoptada por un tribunal presidido por Rodrigo Mudrovitsch, de Brasil, e integrado también por la vicepresidenta Patricia Pérez Goldberg, de Chile; Ricardo C. Pérez Manrique, de Uruguay; Nancy Hernández López, de Costa Rica; Alberto Borea Odría, de Perú, y Diego Moreno Rodríguez, de Paraguay.
La jueza argentina Verónica Gómez se abstuvo de intervenir conforme a las reglas aplicables.
El pronunciamiento estuvo acompañado por votos concurrentes de Mudrovitsch y Hernández López, y votos concurrentes con disidencias parciales de Pérez Goldberg, Pérez Manrique y Borea Odría.
El voto de Nancy Hernández López: ¿puede el Congreso juzgar imparcialmente a un juez?
Uno de los aspectos más relevantes del precedente surge del voto concurrente de la jueza Nancy Hernández López, quien profundizó sobre las dificultades estructurales del sistema de juicio político parlamentario.
La magistrada costarricense planteó una distinción fundamental: las garantías exigibles en un procedimiento de remoción de jueces no pueden equipararse a las aplicables a funcionarios políticos.
Mientras que un presidente, un gobernador o un ministro pueden responder políticamente por decisiones de oportunidad, conveniencia o pérdida de confianza, los jueces cumplen una función diferente dentro del sistema constitucional.
Su responsabilidad consiste, precisamente, en controlar que las mayorías políticas respeten la Constitución y los derechos fundamentales.
Por esa razón, someter su permanencia en el cargo a la conformidad de esas mismas mayorías compromete la función contramayoritaria de la Justicia.
Desde esta perspectiva, Hernández López sostuvo que la división formal de funciones entre Diputados, que acusa, y el Senado, que juzga, no resulta suficiente para garantizar la imparcialidad objetiva y el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
La magistrada advirtió que ambas cámaras pueden responder a las mismas alineaciones partidarias y a acuerdos políticos que condicionen anticipadamente el resultado del procedimiento.
Cuando un órgano político concentra la investigación, la determinación de los hechos y la decisión final, aparecen dos problemas centrales.
Por un lado, se obliga al Parlamento a desempeñar funciones propias de un tribunal, para las cuales no fue concebido, generando una suerte de judicialización de la actividad legislativa.
Por otro, el derecho de defensa corre el riesgo de convertirse en una formalidad si la decisión de destituir ya fue acordada políticamente antes de analizar las pruebas y los argumentos del acusado.
Frente a estas dificultades, Hernández López propuso una separación funcional más clara entre la investigación jurídica de los hechos y la decisión política de remoción.
Según su razonamiento, una instancia independiente, dotada de garantías jurisdiccionales, debería instruir el procedimiento, recibir las pruebas y determinar objetivamente si las conductas denunciadas configuran infracciones graves o si, por el contrario, encubren un cuestionamiento al contenido de las sentencias.
Esa función podría recaer, por ejemplo, en una corte suprema integrada sin la participación del magistrado involucrado o en un órgano especializado de justicia.
Una vez acreditados los hechos mediante un procedimiento imparcial, el Parlamento conservaría su competencia constitucional para evaluar su gravedad institucional y decidir sobre la destitución.
La propuesta encuentra antecedentes en el derecho comparado. En Alemania, la Ley Fundamental contempla la intervención del Tribunal Constitucional Federal en determinados procedimientos de remoción de jueces, a solicitud del Bundestag.
La propia Argentina incorporó una diferenciación institucional con la reforma constitucional de 1994, que asignó al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento competencias vinculadas con la selección y remoción de jueces inferiores.
Sin embargo, los integrantes de la Corte Suprema continúan sometidos al sistema de juicio político ante el Congreso, una particularidad que el voto concurrente invita a revisar desde la perspectiva de las garantías judiciales.
Restauración democrática y captura judicial: los límites de las mayorías
Otro de los aspectos más complejos del voto de Hernández López se vincula con los procesos de restauración democrática y los intentos de recuperar sistemas judiciales que fueron sometidos al control político de gobiernos autoritarios.
La cuestión excede ampliamente el caso argentino.
En distintos países de América Latina y Europa, las transiciones posteriores a regímenes autoritarios plantearon el desafío de reconstruir instituciones judiciales cuya independencia había sido comprometida.
Las experiencias de Hungría, Polonia y Venezuela permiten ilustrar las tensiones que aparecen cuando nuevas mayorías políticas intentan modificar la integración de tribunales considerados funcionales a los gobiernos anteriores.
El problema consiste en determinar hasta dónde puede avanzar una transformación institucional sin reproducir las prácticas arbitrarias que se pretende superar.
Hernández López advierte que la restauración democrática no puede utilizarse como justificación para reemplazar una arbitrariedad por otra.
La estabilidad judicial, desde esta perspectiva, no constituye un privilegio personal de los magistrados ni un mecanismo de protección corporativa.
Se trata de una garantía institucional que pertenece, en última instancia, a los ciudadanos, quienes tienen derecho a contar con jueces independientes de los gobiernos y de las mayorías parlamentarias.
Incluso frente a tribunales heredados de contextos de captura política, cualquier proceso de depuración debe respetar condiciones mínimas del Estado de derecho.
En primer lugar, debe existir una acreditación objetiva de la captura institucional, que no puede fundarse exclusivamente en la valoración política de las nuevas autoridades.
En segundo término, las investigaciones deben ser individualizadas y sustentarse en causales previamente establecidas, evitando remociones colectivas o decisiones retroactivas.
Finalmente, deben garantizarse una investigación imparcial, la posibilidad de controvertir las pruebas y el acceso a una revisión judicial efectiva.
El objetivo es impedir que la necesidad de recuperar la independencia judicial termine convirtiéndose en una nueva herramienta de subordinación de los tribunales al poder político.
Un precedente que trasciende la destitución de Moliné O’Connor
La sentencia de la Corte Interamericana llega cuando Eduardo Moliné O’Connor ya no puede recibir personalmente la reparación por las violaciones que sufrió durante el proceso que terminó con su destitución.
Su fallecimiento, ocurrido el 20 de agosto de 2014, introduce una dimensión particular al pronunciamiento: el reconocimiento internacional de las irregularidades se produjo más de dos décadas después de su salida de la Corte Suprema y más de doce años después de su muerte.
Pero el alcance del fallo supera la situación individual del ex magistrado.
Al establecer límites al enjuiciamiento de jueces por el contenido de sus sentencias y exigir garantías efectivas de debido proceso y revisión judicial, la Corte IDH coloca a la Argentina frente a la necesidad de revisar sus prácticas parlamentarias en materia de responsabilidad judicial.
El pronunciamiento también interpela a otros sistemas presidenciales de la región, donde las tensiones entre el poder político y los tribunales suelen expresarse mediante mecanismos institucionales de remoción.
La cuestión de fondo no consiste en impedir que los jueces respondan por sus conductas, sino en asegurar que esa responsabilidad se determine mediante procedimientos compatibles con su independencia.
La protección de los magistrados frente a las presiones del poder político no busca consagrar privilegios personales, sino preservar una garantía esencial de la democracia constitucional: que quienes deben controlar a las mayorías puedan hacerlo sin temor a perder sus cargos por el contenido de sus decisiones.
