El juez federal Patricio Maraniello hizo lugar a una acción preventiva de daños presentada por la conductora. Las empresas tendrán tres días para eliminar los enlaces denunciados.
La Justicia Civil y Comercial Federal hizo lugar a una demanda presentada por Florencia Trinidad, conocida públicamente como Flor de la V, contra Google y Yahoo, y ordenó a ambas empresas bloquear y desindexar los resultados de búsqueda que vinculan su nombre e imagen con sitios pornográficos y plataformas de oferta de servicios sexuales.
La decisión fue adoptada por el juez federal Patricio Maraniello, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N.º 5, quien consideró que la utilización no consentida de la imagen de la conductora en ese tipo de contenidos constituye una afectación de sus derechos personalísimos y debe ser analizada desde una perspectiva de género.
El fallo, dictado el 11 de noviembre de 2026, establece obligaciones concretas para los motores de búsqueda. Una vez que la demandante identifique y comunique los enlaces cuestionados, las empresas tendrán un plazo de tres días para proceder a su desvinculación.
La sentencia también aborda uno de los debates jurídicos más relevantes de la era digital: hasta dónde llega la responsabilidad de los buscadores por contenidos publicados por terceros y qué obligaciones tienen cuando son advertidos de que esos resultados pueden vulnerar derechos fundamentales.
El reclamo de Flor de la V y las intimaciones previas
La controversia comenzó por la aparición recurrente de resultados de búsqueda que asociaban el nombre y la imagen de Flor de la V con páginas de contenido pornográfico explícito y sitios vinculados a la comercialización de servicios sexuales, con los que la conductora no mantenía relación alguna.
Frente a esa situación, la demandante optó por promover una acción preventiva de daños, en lugar de reclamar una indemnización económica. Su objetivo fue impedir que continuara la difusión de esos vínculos y evitar que se agravara el perjuicio sobre su honor, intimidad, imagen y dignidad personal.
Antes de acudir a la Justicia, la conductora había intentado resolver el conflicto mediante intimaciones extrajudiciales.
A través de actas notariales dirigidas a las filiales locales de Google y Yahoo, solicitó que se desvincularan de manera inmediata su nombre y su imagen de las páginas web y los términos de búsqueda cuestionados.
Sin embargo, según sostuvo en su presentación judicial, los resultados denunciados continuaron apareciendo y las medidas adoptadas por las plataformas no lograron neutralizar integralmente la situación.
La demanda planteó que la permanencia de esos enlaces en internet y la facilidad con la que cualquier usuario podía acceder a ellos amplificaban el perjuicio, por lo que resultaba necesaria una intervención judicial destinada a detener la afectación.
Qué argumentaron Google y Yahoo para rechazar la demanda
Las dos compañías comparecieron en el expediente y solicitaron el rechazo de la acción.
Su principal argumento fue que los motores de búsqueda funcionan como intermediarios tecnológicos que permiten localizar información publicada por terceros, pero no producen ni controlan directamente los contenidos que aparecen en las páginas web.
Desde esa perspectiva, sostuvieron que el ordenamiento jurídico no les impone una obligación general de supervisar, fiscalizar o censurar preventivamente la información disponible en internet.
Las empresas advirtieron que una exigencia de esas características desconocería el funcionamiento técnico de los buscadores y ampliaría indebidamente su responsabilidad por publicaciones ajenas.
Google, además, formuló un descargo específico sobre las medidas que había adoptado después de recibir las intimaciones de la conductora.
La compañía aseguró que había procedido a desindexar 197 enlaces denunciados por la actora. Respecto de los restantes vínculos, sostuvo que algunos no se encontraban incorporados a su motor de búsqueda y que otros no contenían el material cuestionado al momento de realizar las verificaciones técnicas.
No obstante, la persistencia de determinados resultados y la posibilidad de que aparecieran nuevas vinculaciones llevaron al magistrado a examinar cuál era el deber de diligencia exigible a las plataformas una vez que habían sido notificadas de la existencia de contenidos potencialmente lesivos.
La responsabilidad de los buscadores y la doctrina de la Corte Suprema
Para resolver la controversia, Maraniello recurrió a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la responsabilidad civil de los motores de búsqueda en internet.
Ese criterio establece una distinción entre la actividad de intermediación tecnológica y la eventual responsabilidad que puede surgir cuando una plataforma, pese a conocer la existencia de contenidos manifiestamente ilícitos, no adopta las medidas necesarias para neutralizarlos.
En términos generales, los buscadores no tienen una obligación de controlar previamente la totalidad de los contenidos publicados por terceros ni responden automáticamente por el solo hecho de facilitar su localización.
Sin embargo, esa situación cambia cuando reciben una comunicación que les permite tomar conocimiento efectivo de la existencia de resultados que vulneran derechos.
A partir de ese momento, deben actuar con la diligencia necesaria para remover, bloquear o desvincular los enlaces identificados cuando corresponda.
La omisión o una demora injustificada puede dar lugar a la intervención judicial y a la atribución de responsabilidad.
En el caso de Flor de la V, el juez consideró que la inexistencia de un deber general de vigilancia no exime a las empresas de adoptar medidas concretas frente a situaciones lesivas debidamente denunciadas.
De esta manera, el pronunciamiento distingue entre la responsabilidad automática por contenidos ajenos, que queda descartada, y la obligación de actuar una vez advertida la existencia de una afectación manifiesta de derechos.

La perspectiva de género: por qué el juez consideró que existió violencia contra la mujer
Uno de los aspectos centrales de la sentencia es la incorporación de la perspectiva de género al análisis de la responsabilidad de las plataformas digitales.
El magistrado no se limitó a evaluar el funcionamiento de los algoritmos o las obligaciones técnicas de los buscadores, sino que examinó la naturaleza de la afectación denunciada por la conductora.
En ese contexto, consideró que la utilización no consentida de su imagen y su asociación arbitraria con portales pornográficos y servicios sexuales constituye una modalidad de violencia contra la mujer.
Para fundamentar ese encuadre, recurrió a la Ley de Protección Integral a las Mujeres y a los estándares establecidos por instrumentos internacionales de derechos humanos.
Entre ellos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
La sentencia sostiene que la utilización de la imagen femenina sin consentimiento, especialmente cuando se la vincula con contenidos de naturaleza sexual, puede constituir una afectación de la dignidad personal que exige una respuesta judicial adecuada.
Desde esa perspectiva, el juez entendió que la explotación digital de la imagen de una mujer sin su autorización debe ser examinada teniendo en cuenta las desigualdades y situaciones de vulnerabilidad que pueden manifestarse en los entornos digitales.
El pronunciamiento incorpora así la perspectiva de género como un elemento relevante para determinar el alcance de la protección judicial frente a contenidos que circulan a través de internet.
Libertad de expresión versus derecho al honor y a la imagen
Otro de los puntos analizados por el magistrado fue la tensión entre la libertad de expresión y los derechos personalísimos de quienes aparecen vinculados a determinados contenidos en internet.
El fallo reconoce que la libertad de expresión constituye una garantía constitucional indispensable para el funcionamiento de una sociedad democrática.
Sin embargo, advierte que ese derecho no es absoluto y debe armonizarse con otras garantías de igual jerarquía, como el honor, la intimidad, la imagen y la dignidad personal.
En particular, el juez examinó la protección del buen nombre frente a vinculaciones públicas falsas o agraviantes, el resguardo de la vida privada frente a intromisiones indebidas y el derecho de cada persona a decidir sobre la utilización de su propia imagen.
También consideró la necesidad de evitar formas de exposición pública que puedan resultar degradantes o afectar la dignidad humana.
Bajo ese razonamiento, el magistrado descartó que la desvinculación de los resultados cuestionados constituya una forma de censura o una restricción ilegítima de la libertad de expresión.
El criterio judicial distingue entre impedir la circulación de información de interés público y evitar que una persona continúe siendo asociada, sin su consentimiento, con contenidos sexuales ajenos a su actividad.
Para el tribunal, la remoción de esas vinculaciones no supone silenciar expresiones constitucionalmente protegidas, sino restablecer el equilibrio entre los derechos involucrados.
Qué deberán hacer Google y Yahoo y cuál es el plazo fijado
La sentencia hizo lugar a la acción preventiva de daños promovida por Flor de la V y estableció un mecanismo concreto para hacer efectiva la protección de sus derechos.
Google y Yahoo deberán bloquear, desindexar y eliminar de sus resultados de búsqueda las vinculaciones entre el nombre de Florencia Trinidad y los sitios pornográficos o de oferta de servicios sexuales identificados en el litigio.
La obligación, sin embargo, no implica un mandato general e indiscriminado sobre todos los contenidos disponibles en internet.
El cumplimiento de la medida requiere que la demandante individualice los sitios o enlaces específicos que considera lesivos y los comunique a las empresas.
Una vez recibida esa identificación, los buscadores dispondrán de un plazo de tres días para concretar la desvinculación.
El mecanismo establece así una distribución de responsabilidades: la actora debe identificar los resultados cuestionados y las plataformas deben aplicar las herramientas técnicas necesarias para impedir que continúen apareciendo en sus índices.
La resolución también delimita expresamente el alcance de la intervención judicial.
Por un lado, no ordena cerrar, eliminar o suprimir las páginas web originales donde se encuentran alojados los contenidos denunciados.
La obligación recae exclusivamente sobre los resultados de búsqueda que permiten acceder a esos sitios a través de Google y Yahoo.
Por otro lado, la sentencia no establece indemnizaciones económicas ni condenas al pago de daños y perjuicios, porque la acción promovida tuvo una finalidad estrictamente preventiva.
El objetivo de la resolución es hacer cesar la situación denunciada y evitar que continúe o se agrave el perjuicio, sin resolver una pretensión patrimonial.
Las costas del juicio y la situación procesal del fallo
En cuanto a los gastos del proceso, Maraniello resolvió imponer las costas por su orden.
Esto significa que cada una de las partes deberá afrontar sus propios gastos judiciales y los honorarios correspondientes a sus representaciones legales.
La decisión se fundamentó en la novedad y complejidad jurídica del conflicto, que involucra la responsabilidad de los intermediarios tecnológicos, la función preventiva del derecho de daños y la aplicación de la perspectiva de género.
El magistrado consideró que esas particularidades justificaban apartarse del criterio tradicional que, como regla general, impone las costas a la parte vencida.
Por último, la documentación disponible no permite establecer si la sentencia de primera instancia fue apelada ante la Cámara Federal o si adquirió firmeza por el vencimiento de los plazos procesales.
Más allá de esa situación, el pronunciamiento vuelve a colocar en el centro del debate judicial los límites de la responsabilidad de los motores de búsqueda y la necesidad de garantizar una protección efectiva de los derechos personalísimos en el entorno digital.
La decisión también introduce un elemento especialmente relevante: el reconocimiento de que la asociación no consentida de la imagen de una mujer con contenidos pornográficos puede ser examinada como una manifestación de violencia de género, incluso cuando esa vinculación se produce a través de sistemas automatizados de búsqueda.
