Mediante una cadena nacional el presidente de la Nación Alberto Fernández, un día antes de conocerse el veredicto contra Cristina Kirchner por el caso Vialidad, denunció “un perverso juego de cohechos” y pidió avanzar penalmente contra funcionarios judiciales, políticos y empresarios que habrían compartido un viaje a Bariloche al campo del empresario británico Joe Lewis.
Con su discurso, el Presidente apuntó contra el juez federal Julián Ercolini, que además de Vialidad, instruyó contra Cristina Kirchner los casos Hotesur y Los Sauces; Pablo Yadarola (juez penal económico); Carlos Mahiques (camarista de Casación); Pablo Cayssials (juez en lo contencioso administrativo federal); Juan Bautista Mahiques (Fiscal General de la Ciudad); Marcelo D’Alessandro (Ministro de Justicia y Seguridad porteño); Jorge Rendo y Pablo Casey (directivos del Grupo Clarín); Tomás Reinke (asesor de comunicación) y Leo Bergot (ex funcionario de inteligencia).
El diario Tiempo Argentino reveló la filtración de chats de quienes habrían compartido el viaje al sur al campo del empresario británico Joe Lewis. En el supuesto intercambio, los protagonistas hablan sobre cómo responder a las consultas sobre ese viaje, tanto de periodistas como de la Justicia.
“Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas”, dijo el Presidente, quien no fue preciso a la hora de dar como válidos o no los chats filtrados.
Porque si bien Alberto Fernández se refirió en potencial al viaje afirmando que “habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia”, luego expresó: “Parece evidente que el viaje existió”.
Asimismo, añadió: “Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido”.
“Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan. Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia”, agregó.
El Presidente, “convencido de que debemos decir ‘Nunca Más’ a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, resolvió:
1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.
2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.
3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.
4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación.