Durante más de ocho horas se desarrolló la audiencia pública donde el juez Ariel Lijo defendió su candidatura para integrar la Corte Suprema. Por momentos visiblemente incómodo, el magistrado se defendió de muchos de los cuestionamientos que enfrenta y también detalló algunos de los aportes que podría realizar de ser elegido. La Comisión de Acuerdos ya está en condiciones de emitir dictamen.
Este miércoles el juez federal Ariel Lijo expuso en la audiencia pública a la que concurrió para defender su postulación para ocupar un lugar en el seno de la Corte Suprema de Justicia.
Su presentación arrancó puntualmente a las 10.59, luego de que la locutora oficial leyera el currículum del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo. En primer lugar, el juez federal agradeció al Presidente de la Nación por haber propuesto su nombre para alcanzar lo que definió como “el máximo desafío al que puede aspirar un hombre del Poder Judicial, al que le dediqué mi vida”.
También agradeció al Senado y dijo: “Es este el lugar donde debo dar las explicaciones y formular respuestas sobre mis actitudes y actos para el cargo para el que fui nominado”.
Recordó que esta era la segunda vez en que debía presentarse en ese lugar: “En ese mismo salón donde en 2004 defendí mi nominación para el Poder Judicial. Se discutía entonces mi candidatura al juzgado federal de la Capital que actualmente ocupo. En esa oportunidad… mi papá ya no nos puede acompañar, pero también me acompañó mi mamá… que es una luchadora”.
Luego de extender datos sobre su currículum, Lijo recordó que hizo toda su carrera profesional en el Poder Judicial de la Nación, adonde entró como meritorio, y al respecto resaltó que “gracias a la lucha de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (hoy esos cargos) no está permitidos. Se pasó a un régimen de ingreso más democrático, que evite ese tipo de trabajo sin remuneración”.
Destacó a continuación que fue nombrado auxiliar administrativo, o “pinche”, en una defensoría oficial, lo que le permitió tener “una experiencia extraordinaria, muy enriquecedora”.
Tras detallar su recorrido hasta llegar al lugar que ocupa actualmente y citar casos que le tocó investigar, remarcó que hoy la Corte está “integrada por académicos, jueces que provienen de otros sectores de la actividad jurídica”. En ese marco, agregó, él sería “un representante del Poder Judicial en la Corte”.
“Mi tarea fue resolver un sinnúmero de casos en estos 20 años (como juez). Cada decisión, resolución y expediente incluye muchas decisiones y opiniones concretas que afectan a la gente y el aporte es desde la jurisprudencia. En los procesos en juzgados de primera instancia la regla es que precisamente lo determinante es el control de las partes; es muy marcado el control que tienen las partes, incluso la actividad recursiva son circunstancias que vienen desde distintos medios de obtención de la prueba”, expresó.
Tras referirse a los tres modelos de jueces de la historia detallados por un autor francés (el modelo Júpiter, el Hércules y el actual, el Hermes), consideró que “el modelo que me parece que puede generar un aporte es un modelo de justicia más proactiva. La Corte tiene una función jurisdiccional pura, que es la de resolver casos. Empieza y termina en el caso, esa es la competencia central de la Corte”.
“Es en ese marco que la Corte y todos los jueces ejercen el control de constitucionalidad de las normas, es función central en nuestro sistema jurídico”, apuntó. Los sistemas de control de constitucionalidad tienen distintas naturalezas, dijo enumerando y describiendo los tres: el europeo, el anglosajón y el americano o difuso.
Lijo dijo que la función de los jueces es “mantener la supremacía de la Constitución sobre cualquier cosa. Tiene que ver con el reconocimiento de derechos y la legitimidad de la propia Constitución”. Agregó que “los jueces pueden controlar los procesos de producción democrática y la continuidad de la práctica constitucional, que es lo que nos hace crecer como república”.
Asimismo sostuvo que “la función de los magistrados no se agota en resolver caso. Hay otras decisiones que se deben abordar; una de esas es establecer políticas que irradien y es fundamental conocer qué le pasa a la justicia en todo el país”.
“El federalismo no es una mera expresión vacía que no tiene contenido, implica respetar las autonomías de las provincias. Respetar la gestión de sus políticas de desarrollo. Atrás de cada decisión, hay realidades que tienen que ver con la experiencia humana y los jueces tienen la responsabilidad de conocerlas”, resaltó Lijo, para advertir a continuación que el juez “debe trabajar con el Congreso en la elaboración de propuestas que también generen propuestas para los problemas que tienen las personas. Para eso se cuenta con el apoyo de todos los trabajadores del Poder Judicial de la Nación”.
En su mensaje inicial, el candidato propuesto por el Ejecutivo se refirió a los aportes que podría llegar a aportar con su llegada a la Corte y en un pasaje señaló que “hay que dinamizar los procesos de producción de sentencia”.
Lijo sostuvo que la Corte debe “enfocarse en garantizar el acceso a la justicia” no sólo para “garantizar que haya mayor facilidad en las formas de litigar, hay una barrera cultural y social porque hay personas que no se animan a acercarse a Tribunales o que no saben cómo acudir a la justicia, o la autoexclusión de ‘para qué voy a ir si no me van a resolver nada’”. También señaló que los diseños administrativos que son “complejos y son obstáculos reales”.
“Debe haber una sensibilización del sistema para develar los problemas reales que existen detrás de los conflictos. La respuesta del Poder Judicial no puede ser meramente la resolución del caso sin darse cuenta, sin asumir que hay otras consecuencias alrededor de los casos que le toca”, indicó.
Además consideró que la Corte debe tener una política que implique “la tutela efectiva” de casos que involucren violencia doméstica, género, laboral, de menores y adicciones. Así, sostuvo que la Corte debe establecer “delegaciones” donde hay mayor nivel de conflictividad y que “tome contacto con organizaciones, iglesias, emprenda acciones en conjunto con el Parlamento y el Ejecutivo que deriven en acciones concretas de soluciones para problemas reales que tienen las personas”.
Sobre la modernización de la justicia, manifestó que la Corte debe “tratar de trabajar en procesos de modernización tecnológicos para las tramitaciones por lo que hay que dinamizar los procesos de producción de sentencia”.
En ese sentido, consideró importante el trabajo en conjunto con el Congreso “para encontrar, de una buena vez, mecanismos que simplifiquen y bajen el nivel de litigiosidad que llega a la Corte por diversas vías”, por lo que remarcó que hay “diversos proyectos para que la Corte y el Congreso se sienten y encuentren una solución porque no es viable el nivel de litigiosidad con el que convive la Corte Suprema”.
Lijo señaló que, para ello deben establecer plazos y que, internamente, la Corte “debe trabajar y mejorar las reglas de superintendencia aumentando las autonomías de las Cámaras Federales del interior resolviendo cuestiones de superintendencia, dándoles más autonomía de gestión y económica”. Además, planteó trabajar sobre la gestión de recursos humanos.
“Los distintos sectores de la sociedad avanzaron en un proceso de segmentación. Pero, el Poder Judicial para un universo de conflicto tiene una única propuesta, utiliza el mismo proceso, los mismos recursos, las mismas personas y mismos tiempos para una catástrofe ambiental o el arrebato de un celular”, comparó y agregó: “No es razonable a esta altura que el Poder Judicial tenga una única propuesta ante cualquier tipo de caso”. De esta manera, reiteró que la Corte debe trabajar con el Congreso para “dar respuestas idóneas, diferenciando los procesos por el grado de gravedad y conflicto. Hay que pasar a las soluciones”.
Por otro lado, remarcó la importancia de disminuir el nivel de litigiosidad y señaló que la Constitución Nacional establece esferas de competencia para cada uno de los poderes y un sistema de frenos y contrapesos de funcionamiento de los tres poderes del Estado.
“El cumplimiento de esas atribuciones en el marco del respeto del mandato Constitucional tienen una presunción de legitimidad porque los actos que emanan de los poderes tienen una aprobación de legitimidad incluso cuando son cuestionados. Hay que tender a la estabilidad de los actos de los poderes”, manifestó.
“Las cuestiones de la política deben resolverse en el ámbito de la discusión de ideas que establece la Constitución. Las cuestiones entre el Parlamento y el Ejecutivo tienen también sus propias reglas y no siempre el Poder Judicial es el poder que puede brindar una solución para este tipo de conflictos de la inconstitucionalidad de una norma”, expresó.
Por último, recordó que en los últimos 20 años tuvo la oportunidad de intervenir en la investigación del atentado a la AMIA y, en los últimos meses, está subrogando un juzgado en el atentado a la embajada y contó: “Pudimos avanzar en algunos aspectos que ya venían siendo materia de trabajo de Tribunales. Se trabajó en el reordenamiento del archivo y la documentación y el acceso a la información”.
“Esa experiencia me permite asegurarles que es indispensable que en el ámbito de la Corte Suprema se cree una secretaría especial que investigue el atentado a la embajada que ocurrió en 1994 porque hay mucha información en el mundo. Esa secretaría debería trabajar en dos aspectos, hacia adentro del Poder Judicial en la capacitación de todos los actores del sistema para que puedan dar respuestas y evitar que ocurra lo mismo; y trabajar fuerte en acciones con otras entidades y organismos para luchar contra la discriminación en todas sus formas para concientizar y evitar la discriminación, especial el antisemitismo que es la causa de ambos atentados”, expresó y finalizó: “Estas acciones pueden contribuir a un cambio fuerte en conductas que están muy arraigadas en la sociedad”.
La titular de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, quien llevó el extenso acuerdo con notoria solvencia, dio cuenta de la gran participación popular en torno a este pliego. Solicitó que se dé lectura a 182 preguntas de instituciones, organizaciones y personas que han manifestado su opinión sea por adhesión, impugnación u observación. Algunas de las preguntas se referían al reconocimiento a los derechos y amparos colectivos, cuestión de género en la Corte Suprema y cargos jerárquicos, Ley Micaela y Ley de Protección Integral a las Mujeres, entre otros temas.
En la audiencia los senadores presentes participaron de la interpelación al candidato, la primera fue la senadora Carmen Álvarez Rivero (PRO), quien manifestó: “Queremos y necesitamos generar confianza. Aunque el señor Lijo cumpla formalmente con los requisitos, sabemos muy bien que también es un requisito la idoneidad moral; ¿Considera usted que cumple con ese requisito de idoneidad moral?. Necesitamos confianza para generar confianza”.
Lijo contestó firmemente: “Rechazo por infundada mi supuesta falta de idoneidad moral. Efectivamente fui denunciado, sistemáticamente y por temas que ya ocurrieron. ¿Cómo debe responder un juez ante falsas imputaciones? De acuerdo a mis convicciones decidí que se active el sistema de justicia y todas sus oficinas de investigación”, sostuvo el juez federal y dijo que las investigaciones no encontraron nada.
Por su parte, la senadora nacional de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio (UP), le preguntó a Lijo sobre la decisión de la Corte Suprema de suspender la ley del Consejo de la Magistratura y retomar la ley anterior, que ahora está vigente. El juez Lijo argumentó: “La Corte puede establecer mecanismos, parámetros, imponer la búsqueda de una solución, lo que no puede la corte, es imponer una solución”
La senadora Carolina Losada (UCR) quiso saber la opinión del juez sobre el tema de reemplazar el puesto de una mujer y que la Corte se quede sin mujeres, argumentando que actualmente la justicia cuenta con un 57 por ciento de cupo femenino y que el juez ocuparía un lugar que le corresponde a una mujer.
El magistrado respondió: “Me parece que la Corte Suprema tiene que estar integrada por una mujer. Y respecto de mi propuesta y de si el Ejecutivo cometió un error o cómo evaluar la propuesta del Ejecutivo respecto a la cuestión de género, no es una respuesta que debo responderle yo”. Losada intentó varias veces conseguir alguna otra respuesta pero lo único que logró fue ponerse en una posición incómoda.
Luego del cuarto intermedio de media hora, se reanudó la audiencia con la consulta del senador Sergio Uñac (UP), que fue sobre la cantidad de integrantes de la Corte, y el juez contestó: “No tengo una posición tomada de cuántos miembros debe tener la Corte. En Argentina ha funcionado con distinta cantidad de miembros y los problemas no son derivados de la cantidad de miembros, que son cuestiones que debe evaluar el Parlamento”.
El senador nacional por corrientes Eduardo Vischi (UCR) le preguntó a Ariel Lijo sobre la demora de 18 años en la causa YPF, por qué en la causa Siemens no investigó a los funcionarios nacionales, por qué mandó una causa contra Gildo Insfrán a la justicia formoseña; cuál era el rol de su hermano, Alfredo Lijo, en el supuesto cobro para gestiones judiciales de las causas.
El juez federal postulado para la Corte Suprema respondió: “No soy ajeno a lo que pasa o las especulaciones, ni yo ni mi familia. Luego de investigaciones exhaustivas de todos los resortes del Estado, para investigar a un funcionario que debe someterse al escrutinio público con las reglas del sistema, sin tener una sanción del Consejo (de la Magistratura), con las causas cerradas, terminadas, se sigue teniendo un manto de sospecha, no soy ajeno a esa utilización y a esa especulación que se genera. No puedo contestar sobre especulaciones”.
Al momento de preguntar el senador Francisco Paoltroni (LLA) se refirió al tema del gobierno de Gildo Insfrán y le preguntó al juez si estaba al tanto de que en Formosa existe la reelección indefinida de gobernador, a lo que el magistrado respondió “que lo sabía” y que “cada provincia tiene la autonomía para establecer el mecanismo de alternancia que considere más conveniente, porque de eso se trata el federalismo siempre y cuando esa regulación no sea que sólo tienda a vulnerar el principio de falta de alternancia”.
El senador Martín Lousteau le preguntó sobre la autonomía de la Ciudad y la transferencia de competencias. Lijo fue titubeó a la hora de responder las consultas, como quien no quiere decir lo que realmente piensa sobre el tema.
Tras ocho horas de audiencia, el juez Lijo agradeció “la amabilidad y el respeto con que me trataron cada uno de los senadores, desde sus convicciones, estemos o no de acuerdo espero haber satisfecho sus inquietudes”.
Y destacó: “Sea cual sea el resultado, estoy convencido de que hay que trabajar en muchas de las cuestiones que hablamos hoy, y avanzar en los procesos para salir de los diagnósticos y solucionarles los problemas a las personas”.
Tagliaferri aclaró que el próximo miércoles se llevará a cabo la audiencia pública por la candidatura de Manuel García Mansilla y que los miembros de la Comisión de Acuerdos ya están habilitados para firmar dictamen sobre la propuesta de Lijo.
