La interna en la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es novedad. El tres por uno es evidente en la mayoría de las decisiones que toma el máximo tribunal pero, generalmente, los fundamentos de los desacuerdos intentaban guardar las formas. La creación de una Secretaría Penal Especial dejó al descubierto que la guerra entre ambos mundos es total.
El pasado 17 de mayo se aprobó la Acordada 18/2024 por la cual dispone la creación de la Secretaría Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se la asigna la tramitación de todas las causas de competencia penal que tramitaban ante la Secretaría Judicial N° 3 cuyo contenido se refiera a juicios de lesa humanidad, competencia originaria, recursos por retardo o denegatoria de justicia y habeas corpus.
Asimismo, se le atribuye a esa misma secretaría la tramitación de las contiendas de competencia suscitadas en causas penales que hasta el presente tramitaban ante la Secretaría de Relaciones de Consumo, y establece que las restantes causas de competencia penal continuarán tramitando ante la Secretaría Judicial N° 3.
A tal fin se fija que la dotación de personal de la Secretaría Penal Especial estará conformada, además de su titular, por parte de los empleados y funcionarios que actualmente se desempeñan en la Secretaría Judicial N° 3, más los eventuales refuerzos que disponga el Tribunal en lo sucesivo de acuerdo a las necesidades de cada una de las dependencias.
La acordada tuvo las firmas del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y el juez Juan Carlos Maqueda. No obtuvo el apoyo del juez Ricardo Lorenzetti, quien acompañó su decisión con una dura disidencia.
Lorenzetti afirmó que la medida busca que los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario con directivas no publicadas, lo que consideró inapropiado y generador de desconfianza.
En los fundamentos de la mayoría se sostiene que “desde hace varios años se viene incrementando de manera considerable y sostenida la cantidad de expedientes penales que ingresan a la Secretaría Judicial N° 3 de esta Corte” y que “es deber de este Tribunal, como cabeza de uno de los Poderes del Estado, garantizar la buena administración de justicia y adoptar las medidas necesarias para satisfacer eficientemente los crecientes planteos de los justiciables”.
Lorenzetti, por su parte, en su largo descargo expresó que “la invocación de principios de buena administración o gestión, no logran iluminar la oscuridad de los intereses que inspiran una serie de decisiones de los últimos tiempos en materia de superintendencia de esta Corte Suprema. Es lo que ocurre cuando la excelencia es desplazada por la ambición”.
Y añadió: “Lamentablemente considero necesario ponerlo de manifiesto porque la obligación de un magistrado es con la sociedad y, además, con los próximos colegas que integren este tribunal. Que no es grato, y siento verdadera tristeza por el estado de situación de esta Corte (expresión utilizada por los jueces Breyer, Sotomayor y Kagan en la Corte Suprema de Estados Unidos al criticar el voto de la mayoría en un caso muy relevante, SC Usa, “Dobbs, State Health Officer of the Mississippi Department of Health vs Jackson Women´s Health Organization”, certiorari to the US Court of Appeals for the fifth Circuit, June 24, 2022)”.
Para el ex presidente de la Corte que se “revela la falta de fundamento de una serie de decisiones apresuradas para crear oficinas, direcciones, ingresos de personal, como pocas veces se ha visto en este Tribunal. En todos los casos se designa personal con cargos de funcionarios, sin concurso, en base a la amistad o el parentesco y contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad argentina exige. Que, además, esas medidas no se basan en necesidades concretas, ni en urgencias. Por otra parte, siendo público y notorio que se han nominado dos jueces para el ingreso en esta Corte Suprema, es de buena fe esperar a escuchar su opinión y no consolidar situaciones de hecho para condicionarlos”.
También sostuvo: “Las demoras en los fallos y su acumulación, se debe a la falta de gestión en los acuerdos de ministros, como lo puse de manifiesto en notas dirigidas al Presidente del Tribunal, en fechas 22 de noviembre de 2023, 20 de diciembre de 2023 y de 14 de marzo de 2024. En efecto, en las mismas hacía notar que había casi trescientas causas trascendentes y casi sesenta mil expedientes sin resolver en el Tribunal, lo que es inédito. Esos atrasos no se pueden imputar a los secretarios, ni tampoco se solucionan con la designación de nuevos funcionarios. La redacción de sentencias es una función de los jueces, y si no se llevan al acuerdo y no se buscan los consensos necesarios, se producen estas crisis. Es cierto que muchas veces no hay mayorías, pero ello justifica la integración inmediata de la Corte, y no la designación de nuevos funcionarios”.
Cabe mencionar un dato para nada menor. La Secretaría en cuestión está desde 2018 en manos de Fernando Arnedo, que venía de desempeñarse en las vocalías de Raúl Zaffaroni y Lorenzetti.
En respuesta Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda acusaron a Lorenzetti de nepotismo y de entorpecer las medidas del tribunal. “El mayor acto de nepotismo en el tribunal fue perpetrado por el propio Lorenzetti al efectivizar a su esposa como prosecretaria administrativa del Juzgado Federal de Rafaela”, señalaron los jueces de la mayoría, refiriéndose a la resolución N° 2983/2018. También responsabilizaron a Lorenzetti de demorar la votación en varias causas y de imponer cupos mensuales por secretaría, lo que, según ellos, generó atrasos significativos.
La mayoría de la Corte le contestó: “No hay antecedentes de que se hubieran demorado medidas de organización interna por una circunstancia similar a la que menciona el juez Lorenzetti” y recordaron que cuando asumieron Rosatti y Rosenkrantz en la Corte, Lorenzetti, Maqueda y Highton, reorganizaron secretarías y direcciones.
Finalmente, la Corte Suprema nombró al abogado penalista Diego Seitún al frente de la Secretaría Judicial N° 3.
Seitún es un abogado penalista de 47 años que hasta ahora se desempeñó como socio del estudio Durrieu Abogados, desde el cual intervino como defensor en casos de derecho penal económico, empresario, aduanero y tributario. Es Doctor en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona, de la cual también obtuvo un Diploma de suficiencia investigadora. Se formó como abogado en la Universidad Católica Argentina (UCA) y se especializó en Derecho Penal en la Universidad Austral.
