El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió la detención y declaración indagatoria de 25 funcionarios, militares y policías de la República de la Unión de Myanmar por «crímenes de genocidio y lesa humanidad» cometidos contra la comunidad rohingya entre 2012 y 2018. La jueza María Servini determinará el impacto internacional de este expediente.
La denuncia fue presentada el 13 de noviembre de 2019 por Maung Tun Khin, presidente de la “Burmese Rohingya Organization UK” (BROUK), en los tribunales de Comodoro Py. La acusación incluye matanzas, violaciones grupales y la destrucción de aldeas, forzando a los rohingyas a huir a Bangladesh.
Los representantes legales de BROUK eligieron Argentina para presentar su demanda debido a la trayectoria del país en la aplicación del principio de justicia universal, utilizado en casos como la investigación de los crímenes del franquismo en España. Este principio permite que cualquier tribunal internacional haga justicia, independientemente del lugar de los crímenes, la nacionalidad de los autores o las víctimas, siempre que se trate de crímenes que afecten a la comunidad internacional.
“Como víctimas, tenemos derecho a buscar justicia en cualquier lugar. El Poder Judicial argentino tiene un historial progresivo en la aceptación de casos de jurisdicción universal, lo que ha dado esperanza a millones de víctimas en todo el mundo», afirmó Tun Khin. BROUK está representado en esta causa por el abogado Tomás Ojea Quintana, relator especial de Derechos Humanos de la ONU para Corea del Norte.
Maung Tun Khin reveló al fiscal federal Guillermo Marijuán que él y su familia huyeron de Myanmar en 1990 debido a la represión del ejército birmano contra los rohingyas, solicitando que BROUK sea parte querellante. Tun Khin ratificó sus declaraciones ante la jueza Servini y enfatizó la necesidad de investigar las operaciones de limpieza étnica llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad de Myanmar entre agosto y septiembre de 2017.
Junto a seis víctimas de la comunidad rohingya, Tun Khin presentó una nueva solicitud de querella, manifestando su interés en brindar testimonio en este proceso penal. Además, diversas asociaciones de víctimas rohingya se presentaron como “amicus curiae” para aportar información relevante al caso. También el abogado Roberto Durrieu presentó primero un amicus curiae y después su Estudio se constituyó como querellante en representación de la fundación holandesa Victims Advocate International.
Los rohingyas, una minoría étnica predominantemente musulmana, enfrentan una discriminación sistemática en Myanmar, donde no son reconocidos como ciudadanos y viven en condiciones deplorables. En agosto de 2018, más de 723,000 rohingyas habían huido a Bangladesh, asentándose en el campamento de refugiados de Kutupalong, el más grande del mundo.
Este 28 de junio Marijuán solicitó la captura internacional y declaración indagatoria de 25 funcionarios de Myanmar, encabezados por Htin Kyaw, presidente de Myanmar entre 2016 y 2018.
La denuncia fiscal, de 109 páginas, detalla la segregación de los rohingyas, su restricción de movimiento y el acceso limitado a servicios básicos. Marijuán se basó en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales nacionales juzgar crímenes graves de derecho internacional, como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, independientemente del lugar donde se cometieron.
El fiscal destacó la relevancia de la declaración de un ex militar del ejército de Myanmar identificado como P-1800, quien desertó tras el golpe de estado de 2021 y proporcionó información crucial sobre la persecución de los rohingyas. Su testimonio es fundamental para entender la mentalidad y acciones del ejército de Myanmar.
A partir de ahora la titular del Juzgado Federal N°1, María Servini deberá decidir si procede con la solicitud, lo que activaría las alertas rojas de Interpol y podría iniciar un proceso de extradición y juicio en Argentina.
En diálogo con Quórum, Durrieu expresó: “La Fundación Victims Advocate International está muy contenta con los resultados. Nosotros hemos colaborado muchas horas en la acumulación de pruebas, en la sugerencia de pruebas. Han venido testigos a la Argentina. Estamos constituidos como parte querellante en el expediente hace tres años”.
Y agregó: “Agradecemos también el magnífico trabajo realizado por el Ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal Marijuán”.
Durrieu también hizo mención especial a Tomás Guido, socio del Estudio con quien se encargó de llevar adelante esta ardua investigación que es histórica para la República Argentina.
En ese sentido, resaltó: “Estamos hablando de violaciones a los derechos humanos, genocidio a nivel y escala mundial en lo que es interpretado y hay consenso de encontrarnos ante ante los responsables de de la masacre de los rohingya, que es el caso de genocidio o lesa humanidad más importante de la era moderna del cual el Papa Francisco y las máximas autoridades mundiales permanentemente habla”.
