Una investigación judicial en curso sacó a la luz el funcionamiento de una presunta organización criminal dedicada a ofrecer préstamos ilegales bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.
La Justicia federal ya imputó a varios integrantes de la red, entre ellos J. R. A. I., a quien se le denegó ahora la excarcelación por considerar que existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. Uno de los argumentos de su defensa fue la sobrepoblación carcelaria.
Lo que importa
¿Qué es el sistema “gota a gota”?
Este mecanismo consiste en otorgar préstamos informales de dinero en efectivo o a través de billeteras virtuales, a personas sin acceso al sistema bancario. A cambio, se cobran intereses diarios altamente usurarios, muchas veces bajo amenazas o mediante métodos violentos de cobranza.
La investigación revela que esta modalidad se expandió al comercio de electrodomésticos, muebles y productos para el hogar, financiados también con tasas de interés exorbitantes y sin ningún tipo de respaldo legal.
Organización y funcionamiento
Según surge del expediente judicial, el grupo actuaba de forma organizada, persistente y con división de tareas. Los hechos habrían tenido lugar entre julio de 2024 y abril de 2025, y la red contaba con armas, vehículos, dinero en efectivo y apoyo de un presunto integrante de las fuerzas de seguridad que habría facilitado la evasión de controles.
Los fondos utilizados para sustentar el circuito de préstamos serían, además, de origen ilícito, posiblemente provenientes de la misma actividad usuraria, lo que lleva a pensar en un posible esquema de lavado de activos.
«Habrían otorgado a distintas personas, que no tendrían acceso a líneas de crédito formales, préstamos de dinero en efectivo y en transferencias mediante billeteras virtuales, con intereses usurarios, en la modalidad
cobro día a día ogota a gota, sin
formalidad ni respaldo financiero aparente, y la legitimación de activos provenientes de aquella actividad delictiva», sostiene la acusación.
También, se habrían efectuado ventas de muebles, electrodomésticos, productos para el hogar y otra clase de mercadería, otorgando
financiamiento bajo esa misma modalidad, es decir, mediante intereses desproporcionados y denominados ‘gota a gota’.
La situación judicial
El juez de la causa imputó provisoriamente a J. R. A. I. por asociación ilícita (art. 210 del Código Penal) y usura agravada (art. 175 bis). El 9 de abril de 2025 se le denegó la excarcelación, a pesar de que la defensa invocó su domicilio fijo y argumentó que debía ser liberado ante las consecuencias de la sobrepoblación carcelaria. El tribunal consideró que estos argumentos no bastan ante la gravedad de los hechos, la posibilidad de fuga (uno de los cómplices está prófugo), y el riesgo de que se frustre la recolección de pruebas o se intimide a testigos que aún no fueron plenamente identificados.
La causa sigue abierta y aún no se ha podido identificar a todos los beneficiarios de los préstamos -quienes podrían ser testigos clave- ni se ha terminado de analizar el material incautado. Por eso, los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico Roberto Hornos y Carolina Robiglio concluyeron que liberar al imputado en esta etapa sería prematuro y riesgoso para el avance de la investigación.
La causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 2 de la ciudad de Buenos Aires.
