Derecho al díaEl CPACF condenó la violencia de género

El CPACF condenó la violencia de género

Luego de que dieran a conocer más detalles de la denuncia de Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández, el Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal (CPACF) manifestó su enérgico rechazo a todas las formas de violencia de género y aprovechó para reiterar un reclamo a Javier Milei.

Gil LavedraEl Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal (CPACF) manifestó su enérgico rechazo a todas las formas de violencia de género y reafirmó su compromiso en la lucha por la igualdad de derechos y la protección de las víctimas.

En ese sentido, expresó: “Como institución dedicada a la promoción y defensa de la justicia, nos unimos a la condena de los hechos que son de dominio público y hacemos un llamado a las máximas autoridades para que redoblemos esfuerzos en la erradicación de este flagelo social”.

Asimismo, sus autoridades alertaron además por el efecto demoledor que alcanzan estos hechos cuando son ejercidos desde lo más alto de los poderes públicos: “Hoy es Alberto Fernández, ayer fue José Alperovich; están los casos del intendente, Fernando Espinoza, y el ex intendente, Martín Insaurralde, enumeraron en un breve racconto. Estas ejemplaridades negativas desprestigian la política en su conjunto y dañan el proceso de cuarenta años de continuidad democrática”.

A lo que añadieron: “Desde nuestro rol, continuamos con el trabajo activo en la formación y capacitación de abogados y abogadas para que puedan brindar una asistencia legal efectiva a las víctimas y colaborar en la implementación de políticas públicas que garanticen una respuesta integral y adecuada”.

Finalmente, recordaron que recientemente el CPACF y su Comisión de los Derechos de la Mujer señalaron su “profunda preocupación por la reciente eliminación de áreas y dependencias oficiales encargadas de llevar a cabo políticas y programas de prevención en materia de violencia de género”. 

Por tanto, reiteraron el requerimiento al Poder Ejecutivo que, independientemente de la ubicación estatal, asegure el estricto cumplimiento de los convenios internacionales y las leyes nacionales para disminuir y erradicar toda forma de discriminación y violencia contra la mujer.

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