Al menos 2100 pasajeros resultaron perjudicados desde el mediodía de ayer, miércoles 6 de noviembre, hasta entrada la tarde, por las asambleas sorpresivas de Intercargo y la Asociación de Personal Aeronáutico en vuelos recién arribados o a punto de partir en el aeroparque Jorge Newbery o en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
Todos quedaron demorados dentro de los aviones al menos por dos horas, sin ventilación suficiente, hasta que se los bajó en operativos coordinados por fuerzas de seguridad, según la denuncia que presentó el Ministerio de Seguridad de la Nación y que investigará el juez federal Ariel Lijo.
Lo importante
El origen de la situación se dio poco después del mediodía, cuando gremialistas de Intercargo y la Asociación del Personal Aeronáutico dieron inicio a asambleas sorpresivas.
Lijo resultó sorteado este jueves 7 de noviembre para investigar si lo ocurrido se trató de un delito penal, como acaba de denunciar el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich.
La denuncia se presentó en la tarde de ayer y por la mañana la Cámara Federal la sorteó y quedó designado el juzgado federal 12 que subroga Lijo.
El Ministerio denunció -sin dar nombres en concreto- lo ocurrido bajo la figura de «privación ilegal de la libertad personal, extorsión y entorpecimiento de servicios públicos».
En Aeroparque quedaron afectados diez vuelos por las asambleas que paralizaron el servicio de carga y descarga de equipaje, entre otros aspectos vitales. Seis de ellos estaban en pistas con 900 personas a bordo.
“También las medidas de fuerza denunciadas se han desarrollado en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza, afectando vuelos con 1.300 personas a bordo, con lo que las acciones denunciadas han perjudicado a un total de 2.100 personas”, postula la denuncia.
Hubo escenas de desesperación por el calor, gente descompuesta.
“A raíz de este accionar ilícito se vieron en la necesidad de intervenir Fuerzas Federales de Seguridad (Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria) a los efectos de lograr el descenso de la totalidad de las personas que se encontraban retenidas en las cabinas de los aviones, lo que se pudo concretar luego de más de dos horas de operativo”, narra la presentación.
Los pasajeros no tenían modo alguno de descender de las aeronaves, por falta de ese servicio.
El cuadro “se agravó por la falta de ventilación suficiente en las cabinas al tener que permanecer durante más de dos horas y media en un encierro forzoso, lo que ha causado a varias personas una afectación de su salud, por lo que tuvieron que ser asistidos por el servicio de emergencia pública de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, concluye la denuncia
Contexto
La presentación del Gobierno nacional se enmarca en el contexto de entender que la actividad aeronáutica civil aerocomercial es un servicio esencial. Se trata del “conjunto de actividades vinculadas con el empleo de aeronaves privadas y públicas, que involucran las actividades de navegación aérea y todas aquellas relaciones de derecho derivadas del comercio aéreo en general”.
Cómo sigue
En la denuncia, el Ministerio anticipó que ampliará la acusación cuando reciba información de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Una vez que esto ocurra, el juez dará vista a la fiscalía para que determine si corresponde impulsar la investigación penal y definirá si se imputa a algún sospechoso en particular.
También la fiscalía determinará si la denuncia encuadra en los delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del funcionamiento del transporte por vía aérea, “por aire”, en base al artículo 194 del Código Penal de la Nación.
