La puja entre la Sindicatura General de la Nación y la Universidad de Buenos Aires por la auditoría a esa casa de estudios sumó este jueves 7 de noviembre un nuevo capítulo y por segunda vez, cambiará de juez.
Por un lado, la SIGEN reclamó que se rechace el dictado de una medida cautelar pedida por la UBA para evitar ser auditada por ese organismo y, de manera simultánea, recusó sin causa -es decir pidió apartar- al juez en lo contencioso administrativo federal Diego Cormick.
Ante ello el magistrado envió el caso a sorteo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Lo importante
La SIGEN patrocinada por la Procuración del Tesoro de la Nación produjo el informe que había pedido el juzgado en el marco de la presentación de la UBA del pasado 28 de octubre.
En ese escrito de 47 carillas firmado por los titulares de ambos organismos, Miguel Blanco y Rodolfo Barra, se reclamó rechazar la medida cautelar solicitada por la casa de estudios para frenar cualquier intento de auditoría por parte de la SIGEN.
“Hacer lugar a la medida solicitada es lo que genera un riesgo cierto de sufrir perjuicios al interés público y al patrimonio estatal” porque la UBA “evitaría rendir cuentas de los fondos públicos que ha recibido”, advierte el escrito al que tuvo acceso Quorum
En sucesivos cuadros, la SIGEN detalló montos transferidos por el Estado Nacional que a su criterio no tuvieron rendición de cuentas y en ese sentido advirtió que se “pretende evitar” la verificación de rendición de cuentas por 5.107.644.818 millones de pesos por transferencias entre 2015 a 2021, con plazo de rendición vencido.
«Auditar no es intervenir, es verificar la gestión económico financiera de una entidad que tiene como fin agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, a la vez que permite rendir cuentas de los recursos públicos utilizados y dotar de transparencia a la gestión estatal», argumentó además
Contexto
El 28 de octubre pasado, la UBA se presentó a la Justicia cuando era inminente el arribo de auditores de la SIGEN y pidió una acción declarativa de certeza con medida cautelar para frenar la intención del Gobierno nacional de avanzar con el control de las cuentas.
La causa quedó sorteada en el juzgado de la magistrada Rita Ailán, pero la Universidad la recusó, hubo otro sorteo y fue designado Cormick.
Ahora este último juez quedó recusado por la SIGEN por lo cual el caso volverá cambiar de magistrado.
Quien resulte designado en esta ocasión quedará a cargo de la demanda para que la SIGEN se abstenga “de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones a esta Universidad, bajo el nombre de auditorías y/o cualquier otra denominación que implique el control interno».
La cuestión de fondo busca que se declare la inconstitucionalidad del artículo 8 del Decreto 1344/07 y la incompetencia de la SIGEN para ejercer el control interno de esa casa de estudios
La SIGEN aclaró en su respuesta que sólo auditará fondos enviados desde el Estado Nacional y no aquellos vinculados a ingresos propios.
Cómo sigue
Una vez que quede en claro qué juzgado del fuero Contencioso Administrativo Federal seguirá con la demanda, lo primordial será resolver sobre el dictado de la medida cautelar, una decisión que podrá ser apelada.
En lo inmediato se pide dictar “con carácter previo y urgente” la cautelar para que el PEN y la SIGEN “se abstengan de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones” a la UBA “ bajo el nombre de auditorías y/o cualquier otra denominación que implique el control interno”.
De manera posterior, el juzgado tendrá que comenzar a estudiar el planteo de fondo que hizo la UBA.
Todas las partes anticiparon que están dispuestas a llegar con el conflicto hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
