El juez ante el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, La Pampa, Pablo Ramiro Díaz Lacava, quedó procesado sin prisión preventiva con un embargo de cien millones de pesos por lesiones leves y graves, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en un contexto de violencia de género denunciado por sus propios secretarios.
También por amenazas agravadas y simples que tuvieron como “propósito compeler a una persona a hacer abandono del trabajo”.
El magistrado ya tiene prohibido acercarse a menos de 50 metros de los denunciantes y se le ha abierto un expediente disciplinario que lo investiga por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura de la Nación a raíz de estas denuncias.
De hecho, el juez federal de Santa Rosa que tomó la decisión, Juan José Baric, ordenó que se notifique su sentencia al organismo encargado de velar por la conducta de los magistrados.
Lo importante
El juez quedó procesado por lesiones graves y leves, en un contexto de violencia, maltrato laboral y en el caso de sus empleadas mujeres, con el agravante de género. Además se lo acusa de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en grado de conato, que concurre en forma real con el delito de desobediencia judicial y que a su vez concurre en forma real con el delito de retardo malicioso de justicia”.
Según la denuncia de sus secretarios y en base a la investigación de la fiscalía y la declaración de testigos, en el trabajo diario había maltrato, hostigamiento, órdenes contradictorias y una manera “grosera, agresiva e impulsiva” de dirigirse a quienes laboraban para él en el Tribunal.
Hubo un “trato vejatorio y humillante contra los damnificados”, quienes en muchos casos sufrieron problemas de salud “cuyas secuelas persisten hoy día”, remarcó el magistrado que actúa en el caso.
Con el alcance que la etapa procesal de instrucción prevé, para el magistrado, resulta probado que el denunciado puso a sus víctimas ante “una situación de violencia que, en el caso de las mujeres, puede catalogarse como de género, de tipo psicológica y en la modalidad laboral por parte del acusado”.
Al desempeñarse como Juez de Tribunal Oral “y abusando de su cargo y superioridad jerárquica, los sometió a diferentes formas de violencia laboral que se manifestaron en maltrato verbal, hostigamiento y acoso, basado en el terror y la persecución laboral, situación que afectó sus estados de salud”.
Violencia de género
Al procesar a Díaz Lacava, el juez analizó que se dan “los alcances de la violencia de género” por el posicionamiento del imputado frente a las víctimas.
Hacía notar “a cada rato” que él era el juez con su manera de tratar a las personas amenazando “con sanciones y sumarios o tratándolas como ignorantes”, todo lo cual las ubicaba “claramente en una situación de inferioridad”.
“A través de distintos actos, situaciones y eventos construyó en el tiempo, dentro del Tribunal y sobre determinadas personas un clima de temor de tal envergadura que algunos de ellos no hacían cosas o las hacían, sólo “porque a Pablo no le gustaba” (sic) como tantas veces se dijo”, analizó la resolución judicial.
El imputado “logró así construir en la mente de los damnificados la idea de la posibilidad latente de que en cualquier momento podían ser víctimas de su furia, expresada de manera de desplante, grito, ninguneo o menosprecio. Vivían todos con temor a la represalia de lo que sea, ya que siempre “todo estaba mal”, como dijeron los damnificados, apuntó el juez federal de instrucción.
Cómo sigue
El procesamiento podrá ser apelado ante la Cámara Federal de Bahía Blanca. De hecho interviene el fiscal federal de esa ciudad bonaerense Horacio Azzolín. Si el Tribunal bahiense confirma lo resuelto, el próximo paso será el envío a juicio oral del expediente.
