Es la primera mujer en integrar la Corte Suprema de Justicia de la provincia de San Juan. Su incorporación fue parte de la renovación completa que tuvo la institución. La ministra Adriana García Nieto recibió a Quórum en su despacho y no sólo defendió la inclusión de mujeres en lugares de poder sino también la necesidad de trabajar para tener una justicia más cercana y ajustar las expectativas que tienen los ciudadanos sobre el Poder Judicial.
¿Qué es la justicia para vos?
Como jueza, tengo la oportunidad de acercar lo que es la justicia, tanto como valor como virtud. La justicia como valor implica que a cada persona se le reconozca lo que le corresponde, y como virtud, significa la capacidad de otorgar lo que es debido. También implica que este valor sea real y concreto, que permita resolver un conflicto de manera efectiva y garantizar los derechos de todas las personas. Ser jueza es, para mí, ser un instrumento que permite hacer realidad ese valor y esa virtud. No me considero virtuosa, pero trabajo arduamente en la adquisición de virtudes. Creo que esta labor parte de un compromiso genuino con la responsabilidad social. Como miembros de la sociedad, debemos asumir nuestra pertenencia y, en el día a día, contribuir desde nuestra función a la construcción de una comunidad que respete el medio ambiente, los derechos humanos y a cada uno de sus ciudadanos. El valor y la virtud de la justicia son lo que me impulsa a hacer de cada jornada una oportunidad de servicio, uno que nos permite humanizarnos y construir una sociedad más justa y equitativa.
¿Qué se siente ser la única mujer y la primera de la Corte Suprema de San Juan?
En primer lugar, es una gran responsabilidad. No sólo por lo que implica ser la primera mujer en la historia de la Corte de la provincia de San Juan, sino también por lo que significa. Porque vengo a representar la lucha de muchas mujeres. Siempre decimos que no es que llegó por méritos propios, sino por todas las mujeres que durante mucho tiempo lucharon e insistieron para romper el techo de cristal, para que pudiera haber una voz de una mujer en la Corte. Entonces, es un gran honor que asumo con mucha responsabilidad y trato de honrar cada día ese papel, esa función que es hacer justicia con mirada de mujer.
¿Qué le aporta una mujer a un órgano como este?
Lo que aporta en la vida misma. La presencia de mujeres en espacios de poder aporta una visión integral e imprescindible para la toma de decisiones. No se trata de sustituir la perspectiva masculina, sino de complementarla, ya que una visión exclusivamente masculina sería incompleta. Tanto la voz de las mujeres como la de los hombres son válidas, pero juntas construyen una realidad más enriquecida. Las mujeres aportan una capacidad ejecutiva, una mirada humanizadora y la sensibilidad necesaria para abordar los problemas con una perspectiva más cercana y empática. Históricamente, la sensibilidad ha sido percibida como una debilidad en el ejercicio del poder, pero en realidad, potencia la toma de decisiones. Tenemos el poder ser sensibles a la realidad que nos circunda, de poder mirar a los ojos y estar cerca. Como mujeres, no buscamos ser tratadas igual que los hombres, sino ser respetadas en nuestra singularidad, con el mismo nivel de respeto hacia nuestras decisiones y opiniones. La inclusión femenina en los espacios de poder no solo beneficia a las mujeres, sino a toda la sociedad, incluyendo a los hombres. Ha permitido que los hombres también se sientan más libres para expresar sus opiniones de manera más clara y hablar sobre cuestiones de género sin temor. En definitiva, la presencia femenina ha generado un impacto positivo en el ejercicio del poder, mejorando la sociedad en su conjunto.
¿Hubo un aporte en materia de género con esta composición de la Corte?
Sin duda, porque hubo que romper ese primer tema. Es decir ¿quién va a hablar de género? Para los varones era muy difícil porque estaba lleno de estereotipos y de prejuicios. La creación de la Oficina de la Mujer en la provincia de San Juan fue anterior a mi llegada a la Corte. Se realizó el año 2017 y los ministros de la Corte de ese entonces tuvieron ese primer gran acto de valentía pero era muy difícil poder poner en agenda los temas de género porque por supuesto lo urgente siempre le quitaba lugar a esto. Desde que estamos en la Corte hemos capacitado en Ley Micaela a más del 87% del Poder Judicial y hemos colaborado en la capacitación para el Poder Ejecutivo y Legislativo, así como para organismos públicos y privados. Hemos salido de nuestro ámbito y hemos puesto en agenda para la sociedad sanjuanina que la única manera de evitar las violencias que tanto nos duelen es poder desterrar los estereotipos y prejuicios que son los que marcan estos hechos de violencia. Si realmente aspiramos a construir una sociedad igualitaria, es fundamental erradicar aquellas actitudes que nos hacen vernos como diferentes. La agenda de género ha sido integrada como una política pública permanente dentro del Poder Judicial, sostenida a lo largo de los años sin importar quién lo presida o cuál sea la agenda particular de cada administración. Junto con la formación, la perspectiva de género ya no necesita ser debatida, sino simplemente gestionada. Este enfoque ha logrado replicarse en diversas oficinas judiciales y ministerios públicos, aunque, por supuesto, sigue requiriendo esfuerzo y gestión. Sin embargo, hemos dado un paso fundamental: la agenda de género ya está firmemente instalada.
Cuando fuiste presidenta del tribunal, ¿cuál fue tu principal objetivo?
Cuando asumí en la Corte de Justicia, siempre tuve una idea clara de lo que esperaba para el Poder Judicial: debía ser un poder cercano, palpable en la vida cotidiana de las personas, más humano. En ese momento se hablaba de una “justicia en cambio”, pero yo insistía en que el verdadero cambio debía ser lograr una justicia cercana. No sólo en términos de distancia física -que puede ser importante-, sino también en términos de accesibilidad al conocimiento. La verdadera distancia no siempre está en los kilómetros que separan a una persona del edificio judicial, sino en no saber qué hacer, qué derechos tengo, a dónde acudir o cómo se resolverá mi situación. Hay muchas personas que, aunque tengan acceso a herramientas como internet, desconocen qué pasos deben seguir para hacer valer sus derechos. Una de nuestras principales preocupaciones fue desarrollar programas que acercaran la justicia a todos. Programas como “Justicia Rural” y “Justicia en tu Comunidad” son ejemplos de este esfuerzo. Durante dos o tres días, ministros, defensores, asesores, psicólogos y personal técnico del Poder Judicial se trasladan a zonas alejadas, más allá de los juzgados de paz, para establecer contacto directo con la población. Visitamos escuelas, damos charlas, y ponemos rostro a la justicia. Los chicos que tal vez hayan estudiado sobre el sistema judicial en la escuela nos ven en persona: al juez, a la policía, al defensor. Humanizamos el sistema. Además de brindar información sobre derechos y cómo acceder a la justicia, atendemos casos en el momento. Un ejemplo concreto es el trámite de la cuota alimentaria, que puede parecer simple, pero que para muchas personas es complejo y requiere superar múltiples obstáculos. En estos programas, no sólo explicamos el proceso, sino que ayudamos a que las personas lo inicien de inmediato. También trabajamos en la prevención de la violencia a través de talleres como “Aprender a Querernos” y “Mi Cuerpo es Valioso”, donde enseñamos a niños y jóvenes a cuidar su cuerpo y a decir que no cuando es necesario. Lo importante de estos programas es que generan confianza en la comunidad. A menudo, después de las charlas, la gente se acerca a plantear situaciones que no sabían que podían denunciar o que no deberían estar ocurriendo. Durante la pandemia, enfrentamos el reto de estar cerca, aún cuando no podíamos hacerlo físicamente. En respuesta, implementamos herramientas digitales como una mesa de entrada virtual y un código QR para víctimas de violencia, que actualiza periódicamente los números de contacto de toda la provincia. La cercanía no es sólo física, sino también de información y apoyo, y eso es lo que hemos buscado lograr. Nuestro objetivo es seguir ajustando y mejorando, porque cada caso de violencia que ocurre es una llamada de atención para renovar nuestro compromiso.
¿Qué visión tienen los sanjuaninos de la Justicia?
Creo que existe una visión generalizada de que la justicia sería la culpable de todos los males. A nosotros, que tenemos que trabajar por la legitimación de la justicia, nos cuesta bastante poder poner de manifiesto el esfuerzo que hace la justicia provincial frente al conocimiento generalizado que hay sobre la justicia federal o nacional. La globalización hace que bajo el nombre de justicia estemos todos, pero no todos tenemos la misma realidad. La visión local es que la justicia provincial en San Juan ha dado un cambio importante con la implementación de nuevos procesos es clave para entender el esfuerzo que se está haciendo para modernizar y hacer más eficiente el sistema judicial. Procesos como el Acusatorio Adversarial y la Mediación Judicial previa obligatoria son ejemplos de cómo la justicia está buscando resolver conflictos de manera más rápida y efectiva, disminuyendo la carga judicial y promoviendo acuerdos extrajudiciales. Sin embargo, también los sanjuaninos tienen la visión de que la justicia todavía no les da todo lo que se espera. Y ahí es cuando creo que tenemos que ajustar las expectativas. Somos conscientes que aún nos queda mucho por resolver. Tenemos que trabajar fuertemente para que los ciudadanos y las ciudadanas legitimen la justicia pero requiere un esfuerzo consciente por parte del Poder Judicial no sólo para mejorar sus procesos, sino también para educar a los ciudadanos sobre qué puede y qué no puede hacer la justicia, y cuáles son sus limitaciones inherentes.
¿Cómo están trabajando con la Escuela de Capacitación Judicial?
Es otro de mis corazoncitos. Es decir, como hija y nieta de docentes, entiendo que la formación es fundamental para cualquier sistema, pero sobre todo para un sistema que tenga que ver con la garantía de derechos. Hemos implementado un plan que ha sido clave para el desarrollo del sistema judicial, especialmente a través de la Escuela Judicial, que ya lleva 25 años en funcionamiento. Esta escuela es una herramienta fundamental de la Corte de Justicia para ejecutar sus políticas públicas y también para capacitar al personal del Poder Judicial. Cuando la Corte decidió implementar el Sistema Acusatorio Adversarial, fue nuestra responsabilidad asegurarnos de que todo el personal, desde jueces hasta funcionarios y abogados, estuviera debidamente capacitado. Para ello, organizamos diplomaturas, talleres y trajimos expertos en la materia, todo prácticamente gratuito para los participantes. Cada política que implementa la Corte de Justicia, como la creación de la Oficina de Gestión Asociada o el Registro Único de Adoptantes, cuenta con el apoyo de la Escuela Judicial como herramienta de formación. Además, la escuela ha mantenido una apertura constante a propuestas externas, permitiendo que cualquier área del Poder Judicial solicite capacitaciones específicas según sus necesidades. Por ejemplo, si un juez de paz enfrenta dificultades con un trámite o formulario, se programa una capacitación abierta y accesible para todos los interesados. La colaboración con el Colegio de Magistrados, las universidades y otras instituciones ha sido constante, generando una amplia variedad de diplomaturas, congresos y talleres. Para nosotros, no hay temas más o menos importantes, sino una prioridad en la diversidad de contenidos. Un logro importante ha sido la creación de nuestra aula virtual, que, de manera visionaria, inauguramos antes de la pandemia y que ha sido fundamental para el desarrollo de programas como el Diplomado en Derechos Humanos y el Diplomado en Acceso a Justicia durante 2020. Además, gracias a un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Junta Federal de Cortes, alojamos y grabamos el curso obligatorio de la Ley de Salud Mental, el cual fue replicado en escuelas judiciales de todo el país. En San Juan, logramos una capacitación en salud mental de más del 90% de nuestro personal.
¿Qué opinas de la propuesta del presidente Javier Milei de dos candidatos hombres para la Corte?
En primer lugar, no tengo comentarios sobre los candidatos en sí. El problema radica en que, con esta propuesta, retrocedemos significativamente en términos de derechos humanos para las mujeres, y cuando digo esto me refiero a que damos dos o hasta veinte pasos atrás. Las convenciones internacionales que establecen el principio de igualdad acelerada indican que no se considerarán discriminatorias aquellas medidas destinadas a mantener o aumentar la participación de las mujeres en los ámbitos de poder. En este sentido, Argentina estaría incumpliendo dicho principio. No se trata de que las mujeres quieran estar presentes en todos los espacios, sino de que tenemos el derecho de hacerlo. Nadie cuestiona por qué los hombres ocupan ciertos lugares, y tampoco se debería cuestionar la presencia de mujeres. Es más, nuestra participación es esencial por las perspectivas que aportamos, de lo contrario, seguiríamos operando con visiones sesgadas. Argumentar que las mujeres deben esperar a que “crezcamos en número” para ocupar más espacios es como decirnos que esperemos a que haya un lugar libre, cuando en realidad tenemos tanto el derecho como la obligación de estar presentes y asumir las responsabilidades que ello implica. No es fácil proponernos, luchar por nuestros derechos y mantenernos en esos espacios, pero debemos asumir esa responsabilidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, toma decisiones para toda la sociedad, y esas decisiones deberían reflejar la pluralidad de la misma. Hemos visto que, con la incorporación de mujeres en la Corte, se ha avanzado en derechos no sólo para las mujeres, sino también para los hombres, porque una visión plural genera soluciones más inclusivas. Por lo tanto, esta propuesta de candidaturas masculinas representa un retroceso para el país, no sólo en términos de derechos de las mujeres, sino de los avances que habíamos logrado como sociedad.
Últimamente se ha puesto en discusión la palabra militar, pero ¿las mujeres militaron suficiente para que se proponga al menos una mujer para la Corte?
No considero que “militar” sea una mala palabra. Aunque a menudo se asocia con una cuestión partidaria, para mí, militar en una política pública es parte de nuestro rol como integrantes del Estado. Tenemos la responsabilidad de impulsar políticas públicas, de hacer escuchar nuestra voz, ya sea que lo llamemos militar, poner en evidencia o expresarnos. Se hizo a través de la Asociación de Mujeres, de la Junta Federal o de manera individual, y es necesario destacar estas acciones. A menudo, cuando las mujeres luchamos por nuestros derechos, se nos cuestiona cuánto hemos peleado para obtenerlos. Pero yo me pregunto: ¿cuánto han tenido que luchar los hombres para estar donde están? Pensar en igualdad y equidad requiere discernir qué cuestionamos, tanto mujeres como varones. Durante muchos años hemos denunciado techos de cristal, de cemento, y el piso pegajoso que nos impide crecer. Parecemos estar, pero no estamos en los espacios de poder. Entonces, cuando se generan vacantes que han sido ocupadas por mujeres, debería ser natural que esas vacantes las ocupen mujeres, como ocurre en muchos poderes judiciales del país. Recientemente, Formosa nombró a su primera ministra mujer, lo que demuestra que es posible avanzar. Cuando nos dicen que no hemos luchado lo suficiente, ¿qué más se espera de nosotras? Hemos utilizado todos los medios legales y constitucionales disponibles. Sin embargo, es el poder político el que tiene la última palabra. Aunque no podamos intervenir directamente, sí podemos advertir y señalar lo que consideramos injusto o fuera de derecho, y eso es lo que estamos haciendo.
¿Hay mujeres para ocupar un cargo?
Hay muchas mujeres muy capacitadas y con mucho recorrido. Creo además que debe tener mirada federal. Dar nombres sería excluir o sesgar. Podemos abrir el abanico, nos tenemos que atrever a ser un poco más disruptivos, con una mirada más abierta, porque a los poderes judiciales, a la justicia, la sociedad nos está pidiendo eso, una mirada más cercana, más humana.
Hablas de ser disruptiva. ¿Se puede ser disruptivo en la justicia?
Sí y a las pruebas me remito. La Junta Federal de Cortes (JUFEJUS) con el Instituto de Tecnología e Innovación que preside Mario Adaro, desde la Red Jus Lab con la Diplomatura de Innovación venimos trabajando. Se viene trabajando desde hace varios años en cómo ser disruptivos e innovadores en el Poder Judicial, como hackear los poderes judiciales, que no tiene que ver con la compra de equipos informáticos o de nuevas programaciones, sino que tiene que ver de qué manera nosotros hackeamos nuestra cotidianeidad para poder hacerla mejor. Con lo que tenemos podemos hacerlo mejor. Se puede ser disruptivo, por supuesto, y tenemos la obligación de hacerlo. Esto de que si hacemos siempre lo mismo tenemos los mismos resultados no es solamente una, una frase es real. Entonces, si nosotros queremos que una, que la justicia sea una justicia cercana, que sea clara en lo que dice, que no sea ciega, sorda y muda, sino que es una justicia que vea, una justicia que escuche, una justicia que hable. Tiene que generar herramientas para poder ver, para poder escuchar y para poder hablar. Tiene que generar herramientas para.
Por último, sos secretaria de JUFEJUS. ¿Qué significa este espacio?
La participación en la Junta Federal de Cortes ha sido un espacio clave para el crecimiento tanto personal como institucional desde que asumí como ministra de la Corte. Este ámbito fomenta la cooperación entre los poderes judiciales provinciales, compartiendo políticas públicas, convenios y acuerdos que permiten la co-construcción de soluciones a desafíos comunes. Los poderes judiciales provinciales gestionan el 80% de las causas con impacto directo en la ciudadanía, por lo que la solidaridad y el intercambio de recursos y conocimientos entre provincias es fundamental. Un claro ejemplo es la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial en San Juan. Para evitar desarrollar desde cero los programas informáticos de gestión, establecimos convenios con otras provincias como Río Negro y Chubut, adoptando y mejorando sus sistemas. Este trabajo colaborativo nos ha permitido avanzar y optimizar nuestros recursos de manera conjunta, fortaleciendo nuestras capacidades. El trabajo de los poderes judiciales provinciales se visibiliza a través de instituciones como REFLEJAR, que agrupa las escuelas judiciales del país, y el Instituto Federal de Tecnología e Innovación, donde se generan proyectos innovadores. Estas plataformas permiten que las provincias compartan ideas y soluciones tecnológicas, lo que se volvió crucial durante la pandemia. A las 72 horas del aislamiento obligatorio, las justicias provinciales se organizaron mediante reuniones virtuales para compartir estrategias y recursos, lo que permitió mantener la actividad judicial con rapidez y adaptabilidad. Este espíritu de colaboración se extiende en el trabajo diario, con equipos de distintas provincias que visitan otras jurisdicciones para aprender de sus experiencias y compartir sus propias soluciones. En cada reunión de la Junta Federal de Cortes, se identifican las necesidades de las provincias y se comparten recursos, convenios y prácticas exitosas. De esta manera, la solidaridad entre los poderes judiciales provinciales no solo fortalece las instituciones, sino que también garantiza una mejor respuesta y servicio a la ciudadanía.
