La investigación al líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni por desvío de fondos públicos del plan «Potenciar Trabajo» inició el camino hacia juicio oral por decisión del juez federal Sebastián Casanello.
El magistrado dio por finalizada la investigación en lo referido a su persona y otros acusados con procesamiento confirmado.
Casanello estimó “completa” la pesquisa sobre los hechos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y los dos cargos que sumó la Cámara Federal porteña, “amenazas coactivas” y “extorsión agravada”.
Ante ello y “a fin de dar cumplimiento al mandato de celeridad” emanado del Tribunal de Apelaciones, el juez decidió pedir opinión a las querellas y a la fiscalía sobre si consideran agotada la pesquisa y corresponde el paso a la siguiente etapa, el debate oral.
Por qué es importante
Si tras consultar a las partes el juez resuelve enviar a Belliboni y otros procesados a juicio, el referente del Polo Obrero enfrentaría cargos que prevén pena de hasta 15 años de prisión.
La semana pasada, la Cámara Federal acusó por delitos más graves a Belliboni.
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que hay evidencia sobre el «desvío de los fondos públicos asignados al Polo Obrero y a El Resplandor, a través de distintos convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Potenciar Trabajo»
Además la acusación incluye la supuesta «imposición de una serie de exigencias a los beneficiarios del mismo ajenas a lo pactado a cambio de no perder la ayuda estatal, traicionándose así los intereses confiados por el Estado para obtener un beneficio particular y ajeno al objetivo de esa política pública».
Cómo sigue
En los próximos días las querellas y la fiscalía de Gerardo Pollicita deberán responder si están de acuerdo con cerrar la instrucción y pasar a la siguiente etapa.
Finalizada la ronda de consultas, el magistrado resolverá si concreta la elevación a juicio.
En el juzgado de Casanello seguirá la investigación vinculada a si hubo responsabilidad de ex funcionarios del gobierno de Alberto Fernández en la comisión de los delitos.
Enviar la parte de la causa ya confirmada en la Cámara a juicio implica en ese sentido “concentrar esfuerzos en las restantes líneas de investigación”, remarcó al respecto el magistrado.
El Tribunal de Apelaciones sostuvo que debe profundizarse la pesquisa sobre «la actividad de funcionarios públicos que hubieran sido conniventes con esa administración fraudulenta actuando de forma coordinada con las autoridades del Polo Obrero», aunque avaló la decisión del juez de instrucción de no convocarlos aún a declaración indagatoria.
