Líderes de toda la región se reunieron en el foro organizado por CERTAL en Uruguay para debatir cómo la modernización judicial y la estabilidad jurídica pueden transformar el panorama de inversiones en América Latina. Desde inteligencia artificial hasta estrategias contra el cibercrimen, las soluciones planteadas buscan construir un futuro más justo, competitivo y sostenible.
El pasado 5 de diciembre, Montevideo se convirtió en el epicentro de un debate crucial para el futuro de América Latina. Durante el foro “Innovación y Seguridad Jurídica para el Desarrollo y la Inversión”, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo de América Latina (CERTAL), se reunieron líderes empresariales, judiciales y políticos para analizar cómo la estabilidad jurídica y la modernización de la justicia pueden potenciar las inversiones y garantizar un desarrollo inclusivo y sostenible.
El evento, realizado en la Sala 17 del Edificio Anexo del Palacio Legislativo, contó con la participación de destacados exponentes de la región. Diego Ríos, CFO de CERTAL, dio apertura al foro destacando su propósito como espacio único de diálogo y cooperación. “Estamos aquí porque creemos en el poder transformador del diálogo. La seguridad jurídica no es solo un concepto abstracto, es la herramienta que nos permitirá consolidar una América Latina más estable y próspera”, afirmó. También enfatizó que la innovación tecnológica debe ser vista como una necesidad, no un lujo: “Modernizar los procesos judiciales y administrativos es un paso clave para reducir los tiempos y aumentar la competitividad de nuestros países”, aseguró.
En el ámbito judicial, Jorge Chediak, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, instó a encontrar un equilibrio en las regulaciones que afectan al sector privado. “La justicia no puede ser un freno para el desarrollo. Debemos garantizar que nuestras decisiones sean rápidas, efectivas y en sintonía con la realidad de las empresas”, dijo.
Desde Argentina, Federico Villalba, fiscal penal y profesor de la Universidad Austral, destacó el impacto positivo que la inteligencia artificial puede tener en la agilidad judicial. “Es fundamental incorporar herramientas tecnológicas para reducir la carga de trabajo y acortar los tiempos de resolución. No podemos permitir que los procesos se extiendan por años”, sostuvo.
Rubén Ramírez, canciller de Paraguay y candidato a la Secretaría General de la OEA, ofreció una visión regional sobre la importancia de la cooperación internacional. “El desarrollo de América Latina está intrínsecamente ligado a nuestra capacidad de trabajar juntos. Necesitamos crear un marco de confianza que permita que las inversiones fluyan y nuestras economías se fortalezcan de manera conjunta”, expresó. También destacó el rol de las instituciones multilaterales en promover estándares comunes: “Es a través de alianzas como las que se generan en foros como este que podemos avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible”, afirmó.
Alejandro Ñamandú, ex superintendente de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, planteó la urgencia de enfrentar el cibercrimen y la importancia de fortalecer las capacidades tecnológicas en la región. “El cibercrimen no sólo es una amenaza real, sino una creciente. La prevención debe ser nuestra prioridad, y eso implica invertir en herramientas digitales que permitan detectar patrones sospechosos antes de que se materialicen”, subrayó.
También destacó la necesidad de adoptar una estrategia regional frente a las amenazas digitales: “El delito no respeta fronteras, y nuestra respuesta tampoco debería hacerlo. Debemos trabajar como una región unida, con protocolos comunes y recursos compartidos”, expresó.
El foro incluyó diversas perspectivas sobre el impacto de la seguridad jurídica en el desarrollo. Ignacio Horvath, director ejecutivo del Grupo RAS, destacó cómo la estabilidad jurídica uruguaya ha sido clave para atraer inversiones internacionales. “Sin reglas claras y justicia accesible, el riesgo es infinito. Esto es lo primero que miran los inversores antes de considerar cualquier oportunidad”, señaló, al tiempo que enfatizó la importancia de contar con sistemas judiciales eficientes.
Facundo Márquez, vicepresidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, resaltó el papel de la seguridad jurídica en sectores estratégicos como la celulosa y el caviar. “Uruguay exporta cerca del 30% de su PIB, y esto no sería posible sin la confianza que genera nuestra estabilidad jurídica”, comentó. Por su parte, Juan Carlos López Mena, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Uruguaya, enfatizó las dificultades que generan la burocracia y la falta de independencia judicial. “Un proyecto mío tardó 23 años en ser aprobado. Esto asfixia la imaginación y la capacidad de emprender”, lamentó.
Virginia Cervieri, socia directora del Estudio Cervieri Monsuárez, abordó la importancia de proteger la propiedad intelectual para atraer inversiones. “Sin garantías claras, muchas industrias, desde la tecnología hasta el entretenimiento, optan por no arriesgarse en mercados donde no se respeten estos derechos”, explicó.
Asimismo, Martín Pecoy, abogado especializado en ciberdelitos, señaló los retos que enfrenta la región ante la creciente amenaza del cibercrimen. “Hoy, el cibercrimen no solo amenaza la economía, sino también la confianza en el sistema judicial. Es imprescindible contar con protocolos claros y herramientas tecnológicas para identificar y resolver conflictos en este ámbito”, afirmó.
Finalmente, Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), resumió la visión del evento: “La justicia lenta no es justicia. Es necesario un compromiso conjunto para modernizar los procesos y garantizar que nuestras decisiones tengan un impacto positivo en el desarrollo”. Esta declaración reflejó el espíritu de un foro que buscó no solo identificar desafíos, sino también construir soluciones para un futuro más justo y próspero en América Latina.
El encuentro también sirvió como plataforma para anunciar un evento crucial: la cumbre que CERTAL y la FLAM realizarán en Madrid el 27 y 28 de febrero de 2024. La misma buscará consolidar los proyectos de digitalización y modernización judicial presentados en Montevideo.
Pablo Scotellaro, presidente ejecutivo de CERTAL, describió la importancia de este encuentro como un hito para el avance regional: “Madrid será el escenario donde definiremos los próximos pasos para garantizar una justicia más moderna y eficiente, con impacto directo en el desarrollo regional”, afirmó. Asimismo, se planea un enfoque colaborativo que incorpore a jueces, fiscales, empresarios y expertos en tecnología para trazar estrategias conjuntas.




