El Anuario Estadístico 2025 revela un funcionamiento tensionado del máximo tribunal: más de 58 mil casos ingresados, un 84% de rechazos y casi 32 mil expedientes sin resolver.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación atraviesa una de las etapas más exigentes de su historia reciente. El Anuario Estadístico 2025 expone una radiografía contundente: un volumen de trabajo sin precedentes, un sistema de filtros cada vez más determinante y una acumulación de expedientes que no logra revertirse.
Un aluvión de causas que marca récord
Durante 2025 ingresaron 58.424 nuevos casos, el número más alto de los últimos once años y un incremento interanual del 27,9%. La cifra confirma una tendencia creciente de litigiosidad que impacta directamente en la capacidad operativa del tribunal.
El dato no es menor: el 96,9% de los expedientes llega por vía recursiva, es decir, como instancia final de revisión. Dentro de ese universo, predominan ampliamente las quejas por recurso extraordinario denegado, que representan casi el 78% de los ingresos.
La estacionalidad también marca el pulso judicial: septiembre fue el mes de mayor actividad, mientras que enero y julio registraron mínimos, en línea con las ferias judiciales.
El Estado, protagonista casi excluyente
El perfil de litigantes evidencia una fuerte presencia estatal. El 59,12% de los casos tiene como actor a organismos públicos, con un dominio casi absoluto de la ANSES, responsable de más del 93% de esas presentaciones.
Las personas físicas representan apenas el 24%, mientras que las empresas —con fuerte peso de las ART— alcanzan el 7%. Este mapa confirma que buena parte de la agenda del tribunal está atravesada por conflictos previsionales y laborales.
A nivel geográfico, la concentración es extrema: casi el 68% de las causas proviene de la Ciudad de Buenos Aires, lo que refleja la centralidad institucional del sistema judicial federal.
Alta productividad, pero con un cuello de botella persistente
La Corte no permanece inactiva frente a este escenario. En 2025 dictó 15.652 fallos en 46 acuerdos, lo que se tradujo en 28.882 decisiones.
Sin embargo, el esfuerzo no alcanza. A pesar de haber resuelto 26.524 casos de manera definitiva (un 39% más que en 2024), el año cerró con un stock acumulado de 31.900 expedientes sin resolver.
El problema no es nuevo, pero sí creciente: el remanente casi se triplicó en tres años, consolidando un cuello de botella estructural.
El gran filtro: más del 84% de los casos no supera la admisibilidad
Uno de los rasgos más distintivos del funcionamiento del tribunal es su sistema de selección.
De los recursos analizados, el 84,84% fue rechazado sin tratamiento de fondo. La principal herramienta para ello es el artículo 280 del Código Procesal, utilizado en más del 60% de los rechazos, que habilita a la Corte a desestimar causas sin dar fundamentos extensos.
A esto se suman incumplimientos formales (Acordada 4/2007), falta de sentencia definitiva o deficiencias en la argumentación.
El mensaje es claro: la Corte actúa como un tribunal altamente selectivo, que prioriza intervenir solo en un porcentaje reducido de casos.
Los tiempos: entre la celeridad del rechazo y la demora del fondo
El tiempo promedio de resolución de un expediente fue de 609 días. Sin embargo, la cifra es engañosa si no se desagrega:
- Los casos rechazados rápidamente tardan en promedio 545 días
- Los casos tratados en profundidad llegan a 844 días
- Las demandas originarias superan los 5 años y medio
La diferencia evidencia que el acceso al tratamiento de fondo implica necesariamente mayores demoras.
Qué temas llegan y cómo decide la Corte
Entre los casos admitidos (apenas el 15%), predominan:
- Temas previsionales (53%)
- Cuestiones laborales (30%)
Cuando la Corte decide sobre el fondo, lo hace mayoritariamente para modificar lo resuelto en instancias inferiores:
- Revoca en el 51,6% de los casos
- Deja sin efecto en el 36,3%
- Confirma solo en el 9,7%
Además, el tribunal muestra una fuerte coherencia interna: en más del 93% de las decisiones remite a precedentes propios o a dictámenes de la Procuración.
Inconstitucionalidades y control federal
Durante el año se declararon 41 inconstitucionalidades en 24 causas, con un dato relevante: el 90% recayó sobre normas provinciales.
En cuanto a las cuestiones federales, predomina la invocación del artículo 14 de la Ley 48, aunque también se destaca el uso de la doctrina de la arbitrariedad.
Un punto llamativo: casi el 75% de las sentencias consideradas arbitrarias provinieron de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Un tribunal con alto nivel de consenso
Pese a la presión y el volumen de trabajo, la dinámica interna muestra cohesión:
- El 99,5% de las decisiones se adoptó sin conjueces
- Predominan las decisiones unánimes o con votos conjuntos
- Los ministros presentan niveles altísimos de coincidencia en mayorías
Este dato sugiere un tribunal alineado en sus criterios, incluso en un contexto de sobrecarga.
Una Corte entre la selectividad y la saturación
El balance que deja el Anuario 2025 es el de una Corte que trabaja al límite de su capacidad, con un rol cada vez más enfocado en seleccionar casos antes que en resolverlos en profundidad.
El crecimiento del stock, la centralidad del Estado como litigante y el altísimo porcentaje de rechazos plantean un interrogante estructural: si el modelo actual permite garantizar el acceso efectivo a la justicia o si, por el contrario, consolida un sistema donde la Corte interviene cada vez menos en términos sustantivos.
En ese equilibrio entre filtro y respuesta institucional se juega, en buena medida, el futuro del máximo tribunal argentino.
