El fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal, solicitó mediante un comunicado que se haga efectiva la medida. La respuesta del Ministerio de Defensa de la Nación.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal solicitó la baja de 23 militares que fueron condenados por delitos de lesa humanidad. La decisión fue informada por el fiscal Sergio Rodríguez mediante un comunicado que envió al Ministerio de Defensa de la Nación, a cargo de Luis Petri.
En el marco del expediente PIA Nº568/22, le envió una copia de los oficios que anteriormente había remitido al vicealmirante Carlos María Allievi y al Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Fernando Luis Mengo, en el que solicitaba «se dispongan las bajas de los agentes retirados de dichas instituciones que han sido condenados con sentencias firme por delitos de lesa humanidad».
En la lista de militares dados de baja figuran generales y coroneles, entre ellos Horacio Losito, un ex combatiente de Malvinas con tres condenas: dos a 25 años por crímenes en Corrientes y una prisión perpetua por la masacre de presos políticos en Margarita Belén, provincia de Chaco.
Losito, que combatió en la guerra junto al padre de la vicepresidenta Victoria Villarruel, salió de la cárcel en diciembre de 2023 apenas asumió la presidencia Javier Milei, en una clara señal del cambio de época. Meses después fue homenajeado en el Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles, Misiones.
La respuesta del Ministerio
Apenas conocida la decisión, el cartera de defensa salió a aclarar que la medida fue dispuesta por la Justicia. «La Resolución 2025/72 que da la baja a personal militar fue emitida en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenan dicha medida respecto de personas condenadas con sentencia firme», señalaron en un comunicado.
«Las bajas no responden a una decisión unilateral de este Ministerio, sino a una orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal, obligando al cumplimiento de la medida respecto del personal militar alcanzado por las sentencias condenatorias firmes», agrega el oficio.
Poco después, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares de Argentina, Marcelo Rozas Garay señaló que «cumplir una sentencia firme es respetar los valores de la República».
«Desde el inicio de la gestión trabajamos por una memoria completa y para que nuestras fuerzas sean respetadas y valoradas», indicó desde su cuenta de la red social X.
En cambio, Guillermo Madero, Subsecretario de Planeamiento y Coordinación Ejecutiva en Emergencias del Ministerio de Defensa aseguró es una decisión que deben «cumplir porque es una orden de la Justicia», pero señaló que «la política de derechos humanos kirchnerista fue una maquinaria para hacer política y negocios con casos que son legales pero de dudosa legitimidad y debemos respetar lo que dicta la Ley». «Mientras tanto no bajaremos los brazos y seguiremos luchando por una memoria completa», afirmó.
