La Ciudad refuerza persecución de delitos fiscales: nuevo convenio entre el MPF y la AGIP

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos firmaron un acuerdo para crear un registro de evasores y facilitar el acceso a datos clave para avanzar en causas penales tributarias.

Lo que importa

El fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, y el administrador Gubernamental, Germán Krivocapich, firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la investigación de ilícitos tributarios en el ámbito porteño. La herramienta principal será la creación de un registro de información de contribuyentes infractores, que permitirá acceder en línea a datos sensibles para impulsar las causas judiciales por evasión.

Con esta base de datos, los fiscales podrán consultar:

  • La persona física asociada a un CUIT denunciado.
  • El estado y monto actualizado de las deudas vinculadas a causas penales en trámite.

El objetivo es perfeccionar la persecución penal de la evasión fiscal, en línea con la Ley de Régimen Penal Tributario, optimizando la coordinación entre el sistema judicial y el organismo recaudador.

Contexto

Este convenio se enmarca en una serie de acuerdos previos entre ambas instituciones. En 2013, el MPF y la AGIP establecieron las bases de cooperación y asistencia recíproca, firmando el Convenio Específico N° 1 para agilizar la respuesta a oficios judiciales.

Posteriormente, en agosto de 2020, se rubricó otro acuerdo que permitió al MPF acceder a las bases de datos de deudas y valuaciones de inmuebles y automotores empadronados en la Ciudad de Buenos Aires.

El nuevo convenio amplía esa cooperación, poniendo el foco en la detección temprana y documentación digitalizada de evasores fiscales, una tarea central para mejorar la eficacia del sistema penal tributario.

Cómo sigue

Además del desarrollo del registro, el acuerdo establece que funcionarios de la AGIP capacitarán al personal del MPF en el uso de la herramienta. A su vez, el organismo recaudador será responsable de auditar los accesos remotos realizados por fiscales y funcionarios judiciales, para garantizar la trazabilidad y el uso correcto de los datos.

Este paso marca un avance concreto en la política de transparencia y persecución penal de delitos económicos en la Ciudad. En palabras del Fiscal General, “fortalecer la articulación entre el sistema penal y el sistema tributario es clave para combatir la evasión y garantizar una justicia más eficiente”.

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