En los pasillos de la Justicia federal, donde los expedientes muchas veces pesan tanto como las decisiones políticas, dos juezas se encuentran en el centro de una disputa que trasciende lo estrictamente jurídico. María Servini y Sandra Arroyo Salgado no sólo comparten el peso de haber llevado adelante algunas de las investigaciones más resonantes de las últimas décadas, sino que ahora sus caminos vuelven a cruzarse en torno a una causa que involucra al presidente Javier Milei y el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.
Más allá de la controversia sobre la territorialidad del caso, la historia de ambas magistradas es un espejo de los cambios y tensiones dentro del Poder Judicial. Servini, la jueza con más trayectoria en Comodoro Py, suma a su rol electoral la carga de esta nueva investigación en un año clave para el futuro político del país. Arroyo Salgado, con un perfil marcado por sus intervenciones en casos de impacto, busca afianzar su competencia sobre el expediente.
Dos juezas, dos estilos y una disputa que expone las complejidades de la Justicia en tiempos de alta exposición pública.
Servini, con doble rol en 2025
Desde hace años la informática suplantó al bolillero manual en los tribunales federales de Comodoro Py a la hora de sortear qué jueces se ocuparán de tramitar las denuncias que ingresan a diario. Pero, en ciertos casos, cuando la exposición pública o el alto voltaje político del tema lo ameritan, se desempolva el bolillero manual y de una caja se extraen una a una las bolillas numeradas con los juzgados del 1 al 12 para un sorteo que deje de lado suspicacias.
El 17 de febrero pasado sólo se introdujeron seis bolillas para definir el destino de la primera denuncia del caso $LIBRA: las restantes presentaciones similares ingresadas a la casilla oficial del correo electrónico de recepción de denuncias iban a acumularse a ésta por decisión del presidente de la Cámara Federal Mariano Llorens con el fin de evitar un derrotero judicial innecesario.
Cuando a media mañana de ese día el empleado del Tribunal extrajo la que tiene impreso el número uno quedó claro que la investigación que rodea la creación y difusión de la criptomoneda que involucra al presidente Javier Milei quedaba en manos de la jueza María Servini.
La magistrada tiene 88 años y desde hace cinco décadas es jueza. Nacida en San Nicolás de los Arroyos en la provincia de Buenos Aires, en su juventud se recibió de maestra pero pronto se mudó a la Capital Federal para estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Siempre dijo que ser abogada era su verdadera vocación.
El 19 de noviembre de 1990 fue nombrada en su actual cargo, al frente del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Buenos Aires. Es también, desde entonces, la magistrada con competencia electoral en el distrito. Precisamente 2025 es un año electoral y enfrenta nuevos desafíos, como la suspensión de las PASO y el debut de la Boleta Única.
A esto se ha sumado la causa $LIBRA. Si bien delegó la investigación en la fiscalía de Eduardo Taiano, las principales decisiones -citaciones a indagatorias, órdenes de allanamiento, eventuales procesamientos, entre muchas otras- se tomarán en su despacho del tercer piso de los tribunales federales de Retiro.
Pero Servini y los secretarios que la acompañan desde hace años ya están acostumbrados a las causas de alto impacto.
La magistrada que comenzó su carrera judicial un mes antes del Golpe de Estado de 1976 llevó las riendas de la investigación del Clan Puccio como jueza subrogante en la década del 80. Antes había sido jueza civil.
También intervino en la causa por el asesinato del general Carlos Prats y de su esposa, ocurrido en Buenos Aires en 1974.
En 1991, ya como magistrada federal, estuvo a cargo del bautizado escándalo del “Yomagate” en el menemismo. Su nombre también está ligado a decisiones históricas, como la detención del ex almirante Emilio Massera por el robo de bebés durante la Dictadura. Investigó también el robo de bebés durante el franquismo en España.
Quienes la conocen hace años siempre recuerdan que en la mañana del 20 de diciembre de 2001 se presentó en Plaza de Mayo para evitar la represión policial a manifestantes que precedió a la renuncia del ex presidente Fernando De La Rúa.
En esos días la magistrada quedó a cargo de esa investigación penal que terminó en condenas para los principales acusados. También lidió con los vaivenes políticos desde su Juzgado Electoral en una semana en la cual Argentina tuvo cinco presidentes.
En diciembre de 2015, en su rol de jueza electoral dictó una sentencia que estableció la hora de finalización del mandato de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el inicio del presidente electo Mauricio Macri, en medio de las idas y vueltas entre ambos por el traspaso de mando que mantuvieron en vilo al país.
Servini no duda en salir a cuestionar en cada elección a las autoridades de turno si algo no le gusta, como ocurrió en la ciudad de Buenos Aires en el fallido intento de implementar el voto electrónico en 2023.
Durante décadas fue la única jueza mujer en los 12 juzgados federales de Comodoro Py, hasta el nombramiento de María Eugenia Capuchetti.
Estuvo en terapia intensiva en la pandemia de Covid 19 pero antes y después continuó yendo a su juzgado dos veces por semana porque -repetía a sus empleados- a las víctimas de delitos no puede atendérselas a la distancia.
Arroyo Salgado, la jueza federal que pone la mira en la quinta de Olivos
En la vorágine que siguió al posteo en X del lanzamiento de $LIBRA por parte de Milei, todas las miradas se posaron sobre el fuero federal porteño, que concentró la mayor parte de las denuncias presentadas en las horas que siguieron.
Pasó casi desapercibido, pero en un solo caso, el del referente peronista Juan Ricardo Mussa, el destino elegido fue otro: los tribunales federales de San Isidro.
¿El motivo? Territorialidad pura. Esa tarde del viernes 14 de febrero a las 19:01 el Presidente estaba en la quinta de Olivos y desde allí concretó el posteo que ahora está bajo la lupa.
La denuncia llegó a la Cámara Federal de San Martín y de allí al Juzgado Federal 1 de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
La magistrada ha declarado su competencia para entender en el caso luego de corroborar con medidas de prueba que, en efecto, Milei hizo su posteo en X desde la quinta de Olivos y le disputa el caso a su par porteña María Servini.
Nacida en julio de 1969, Arroyo Salgado se graduó como abogada en la Universidad de Buenos Aires en 1994. Fue defensora oficial, y durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2006, se la designó por concurso Jueza Federal de San Isidro en reemplazo del destituído Roberto Marquevich.
Por ese entonces estaba casada con el fiscal federal Alberto Nisman, con quien tuvo dos hijas.
En enero de 2015, tras la muerte del investigador del atentado a la AMIA -de quien ya se había separado- se convirtió en la cara visible del reclamo de esclarecimiento en nombre de sus hijas, cuestionó en público con dureza a los investigadores del hecho apenas ocurrido y dio por probado que se trató de un asesinato vinculado al trabajo de Nisman y a su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner.
El año pasado su nombre volvió una vez más a los medios de comunicación al compás del escándalo por la detención en Paraguay con miles de dólares sin declarar del ahora ex senador del PJ entrerriano Edgardo Kueider.
Arroyo Salgado llevaba desde hace tiempo la causa Securitas, una mega investigación sobre pago de sobornos por parte de esa empresa de seguridad a funcionarios de organismos públicos o miembros de empresas privadas para hacerse con contratos.
En ese contexto, una parte del caso apunta a Entre Ríos y al presunto pago a funcionarios, entre los cuales estaría Kueider. La magistrada pidió el desafuero y libró orden de captura internacional.
En su Juzgado, ubicado a poca distancia del centro comercial de San Isidro, la magistrada lleva causas por narcotráfico en la zona norte del conurbano bonaerense -la jurisdicción va desde Vicente López hasta Pilar e incluye Tigre y la zona de Nordelta.
También tramita denuncias por delitos ambientales, trata de personas y llevó entre otras la causa contra el ex fiscal Claudio Scapolán, investigado por vínculos con el narcotráfico.
Desde allí han partido a lo largo de los años órdenes para suspender la construcción de emprendimientos inmobiliarios o modificar existentes por posibles daños en zonas de humedales en la cuenca del río Luján. También se clausuraron de manera preventiva proyectos de urbanizaciones en Tigre.
En diciembre pasado ordenó allanar una lujosa construcción en un barrio privado de Nordelta por explotación laboral de 35 obreros.
En plena pandemia de Covid 19 -abril de 2020- abrió una causa penal y clausuró una clínica en la localidad de Villa Adelina, Vicente López, por denuncias de falta de protocolos y contagios masivos.
En los inicios al frente del Juzgado Federal 1 heredó la causa por la filiación de los hermanos Noble Herrera, encabezó en persona operativos de ADN a ambos en el hospital Durand hasta que se determinó que no eran hijos de desaparecidos en la última dictadura.
En su Juzgado están acostumbrados a lidiar con el estrés cotidiano de causas complejas: por ejemplo, son varios los empleados que han atendido teléfonos de línea para escuchar amenazas a la Jueza y su entorno vinculadas a la situación de narcotraficantes detenidos.
