Ante la manifestación de jubilados, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires rechazó el recurso de amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y otras organizaciones sociales
Se hizo lugar así a una apelación presentada por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ante la decisión del juez Roberto Gallardo que disponía que la seguridad en la manifestación de jubilados prevista para este miércoles 9 de abril estuviese a cargo de la Policía de la Ciudad.
Las entidades buscaban impedir la intervención de fuerzas federales en el operativo de seguridad.
Lo que importa
El conflicto se originó cuando el juez Gallardo, en una resolución preliminar, ordenó al Gobierno porteño asumir la coordinación exclusiva del operativo de la movilización, indicando al Estado Nacional que se abstuviera de intervenir más allá de lo dispuesto por la Ley de Seguridad Interior.
Esta medida fue impugnada desde el Gobierno porteño encabezado por Jorge Macri, argumentando que el fallo violaba la autonomía de la Ciudad y comprometía la coordinación de las fuerzas de seguridad locales y federales.
La Cámara, integrada por los jueces Pablo Mántaras y Fabiana Schafrik, sostuvo que el fuero local carece de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de la actuación de fuerzas federales o sobre la aplicación de normas de alcance nacional, como la Ley de Seguridad Interior y sus reglamentos. Además, resaltó la existencia de un expediente anterior con objeto similar, lo que refuerza la decisión de archivar la causa.
Contexto
La Ciudad, a través de la Procuración General, presentó ayer martes 8 la apelación y pidió que se revoque el fallo sobre el control del operativo de seguridad por la manifestación en el Congreso.
En los fundamentos expuestos por la Procuraduría se sostuvo que la resolución del juez Gallardo era nula. Entre otros aspectos, la apelación argumentó que la medida fue resuelta sin la intervención previa del Gobierno de la Ciudad ni se garantizó el derecho de defensa.
La Ciudad, en ningún momento, renunció al ejercicio de sus competencias en materia de seguridad, se advirtió en el recurso.
Cómo sigue
En consecuencia, la resolución establece que las organizaciones que interpusieron el amparo podrían reformular su planteo ante la justicia federal si lo consideran necesario.
Ante esta decisión, el operativo de seguridad para la manifestación en alrededores del Congreso Nacional estará a cargo de las fuerzas federales.
