El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires sentenció a tres años de prisión en suspenso a tres acusados de integrar una asociación ilícita que operó entre 2020 y 2021, falsificando documentos y estafando a clínicas y empresas con falsas promesas vinculadas al Pami y otros organismos públicos.
Uno de los acusados, de 74 años, se hacía pasar por gestor de la obra social de los jubilados. Los tres reconocieron los hechos y pactaron pena en juicio abreviado con la fiscalía.
Lo que importa
Según la investigación que llevó adelante el fiscal federal Guillermo Marijuán, los tres acusados falsificaban documentación oficial de organismos como PAMI, IOMA, ANMAT y otros, con el objetivo de estafar a clínicas, médicos y empresarios. «Los imputados se hacían pasar como funcionarios públicos, difundiendo la falsa creencia de que ejercían influencias sobre autoridades y organismos públicos», señala la imputación.
Entre las víctimas figuran clínicas médicas y empresas de servicios a cuyos dueños lograron defraudar mediante la simulación de vínculos con entidades estatales. Los perjuicios patrimoniales superaron los varios millones de pesos y dólares, incluyendo pagos adelantados y compras de equipamiento inexistente.
La maniobra incluyó también la falsificación de cheques del Tesoro de los Estados Unidos, conocidos como «bonos norteamericanos», y la fabricación de credenciales y contratos falsos para simular legalidad.
Contexto
El esquema criminal se articuló a través de roles bien definidos. Otro de los acusados que falleció era el ideólogo y cerebro operativo, mientras que el jubilado condenado se encargaba de las negociaciones directas con las víctimas y una joven -hija del primero.- confeccionaba los documentos apócrifos, en muchos casos bajo presiones psicológicas y económicas ejercidas por su padre, según dijo en el juicio.
El fallo describe con detalle cómo los acusados se presentaban en clínicas y empresas, exhibiendo documentación falsa que acreditaba supuestos convenios oficiales. A partir de allí, exigían pagos en concepto de «gestoría», «viáticos» o «sellados», asegurando el acceso a contratos millonarios con el Estado que nunca existieron.
«Se hacían pasar como funcionarios públicos, arrogándose cargos que no les pertenecían, difundiendo la falsa creencia de que ejercían influencias sobre autoridades y organismos públicos con las que realmente no contaban. Ello, con el objetivo de dotar de veracidad a diversos engaños que, a lo largo del tiempo, la organización llevó adelante para, mediante sucesivas maniobras defraudatorias, obtener un rédito económico ilícito de sus distintas víctimas”.
Acusación del fiscal Guillermo Marijuán.
La causa incluyó siete hechos de estafa y numerosas falsificaciones documentales, entre ellas timbrados de PAMI, disposiciones del Ministerio de Salud, certificaciones de ANMAT También se hallaron constancias falsas de AFIP y ARBA utilizadas para reforzar los engaños.
Por ejemplo, ofrecieron a una clínica ser prestadora de PAMI y otras obras sociales, el jubilado ahora condenado se presentaba como «auditor» para recorrer las instalaciones y terminaban pidiendo dinero para gastos y viáticos.
El engaño fue tal que hasta se presentaron en la clínica para capacitar sobre el sistema de manejo de la página de PAMI.
Al dueño de una fábrica de ascensores en Mendoza lo estafaron en un millón de pesos con la falsa promesa de adjudicarle la concesión de las reparaciones en organismos públicos y a un médico cirujano de esa provincia también lo engañaron con la garantía de que su empresa de salud podía ser incorporada como prestadora de la obra social de los jubilados de la que dijeron ser apoderados y para ello mostraron credenciales falsas.
Durante el proceso, los imputados accedieron a un juicio abreviado, reconociendo los hechos. El Ministerio Público Fiscal valoró su falta de antecedentes penales pero resaltó la gravedad de los delitos cometidos contra la fe pública y la propiedad.
Cómo sigue
El juez del Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires, Rodrigo Giménez Uriburu, homologó el acuerdo de juicio abreviado y condenó a los tres acusados a tres años de prisión en suspenso y al pago de las costas del proceso, además de una multa de 90.000 pesos.
La condena en suspenso implica que ninguno de los imputados irá a prisión efectiva, pero deberán cumplir ciertas reglas de conducta bajo supervisión judicial. Además, el Tribunal ordenó el decomiso de los elementos secuestrados durante la investigación.
