Sigue en pie embargo de propiedades en Panamá en la causa por la estafa de Hope Funds

Por lo ocurrido a más de 300 inversores en Argentina está condenado a ocho años de prisión quien fue la cara visible de la empresa «Hope Funds» Eduardo Blaksley y ahora la Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso para evitar el embargo con fines de decomiso de diez propiedades en Panamá.

Lo que importa

La Corte Suprema de Justicia desestimó la presentación contra embargos con fines de decomiso de diez propiedades a nombre de un ciudadano americano-panameño que terminó vinculado a la estafa piramidal que encabezó Enrique Blaksley Señorans, apodado el «Madoff argentino”.

La causa investigó una asociación ilícita encabezad por Blaksley conformada por distintas personas físicas y jurídicas destinada a cometer múltiples delitos de estafa y lavado de activos, a través de un esquema Ponzi, operado bajo la fachada de la empresa Hope Funds.

Las maniobras fraudulentas afectaron a más de 300 inversores mediante la promesa de rendimientos extraordinarios que resultaron ser insostenibles. En la causa se acreditó un complejo entramado de más de 60 sociedades, algunas con vínculos internacionales, que fueron utilizadas para captar fondos de manera ilícita.

Contexto

En el juicio oral donde se condenó a Blaksley a ocho años de prisión, las víctimas relataron cómo depositaron sus ahorros de toda una vida confiando en las promesas apoyadas en campañas de prensa, marketing y branding corporativo, con el objetivo de crear una imagen de Enrique Juan Blaksley Señorans y de las compañías del holding, mediante las cuales se mostraba como un exitoso empresario, hombre de negocios destacado y como una empresa solvente, con éxito comercial y trascendencia pública.

A fines de diciembre de 2023, el Tribunal Oral Federal 4 no hizo lugar al pedido de la defensa de Zacgary Lundgree, representante legal y presidente de la firma vinculado a la maniobra de los departamentos de “The Panamera”. Allí se ordenaban medidas cautelares (embargo preventivo con fines de decomiso y prohibición de no innovar) sobre unidades residenciales en Panamá.

La defensa apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal, que en sintonía con el Ministerio Público rechazó el planteo. En queja se buscó que la Corte Suprema revisara la decisión, pero la presentación fue desestimada por cuestiones formales.

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