Este lunes será una jornada bisagra en el Senado de la Nación para determinar si el proyecto de ley que busca endurecer las penas por falsas denuncias ingresa finalmente al temario de Labor Parlamentaria. Pese al fuerte despliegue político del oficialismo para someterlo a votación el próximo 6 de agosto, tras el receso invernal, la agenda formal de la sesión todavía no ha sido cargada y las modificaciones finales al articulado aún no están totalmente confirmadas ni cerradas.
El cronograma legislativo marca el inicio de esta semana como el momento clave para resolver la inclusión del proyecto redactado por la senadora radical Carolina Losada en el orden del día de la Cámara alta. La meta de los sectores que impulsan la iniciativa, confirmada por la propia Losada en declaraciones radiales, es llevarla al recinto el próximo 6 de agosto.
En los pasillos del Congreso se percibe un acelerado movimiento político. La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, encabeza las conversaciones con bloques aliados para reunir los votos necesarios que permitan tratar el dictamen, firmado desde el pasado 8 de abril, pero retenido hasta ahora por falta de consensos.
Pese a estas gestiones, el escenario mantiene importantes componentes de incertidumbre. La agenda oficial de la sesión aún no fue cargada formalmente y las reformas introducidas al borrador original continúan ajustándose entre los despachos para evitar que se desmoronen los apoyos alcanzados.
De la versión original a los nuevos agravantes
La iniciativa original estaba enfocada principalmente en elevar las penas para las falsas denuncias vinculadas con violencia de género, abuso sexual e infancias.
Frente a las advertencias de que el texto podía criminalizar a las víctimas y desalentar las denuncias en delitos con un altísimo subregistro, Losada y Bullrich acordaron modificar la redacción para ampliar el alcance de la reforma a otros delitos.
El marco legal vigente ya sanciona la falsa denuncia mediante el artículo 245 del Código Penal, con prisión de dos meses a un año o multa.
Según adelantaron fuentes legislativas, la propuesta revisada incorporaría los siguientes cambios:
- Pena base elevada: prisión de uno a tres años para el delito general de falsa denuncia e incorporación de una multa equivalente a 75 salarios mínimos, vitales y móviles (alrededor de $27,9 millones).
- Primer agravante: prisión de dos a cinco años cuando la imputación falsa recaiga sobre “delitos dolosos graves” o afecte a menores de edad o personas vulnerables.
- Segundo agravante (no excarcelable): prisión de tres a seis años cuando la denuncia falsa derive en la detención del imputado o en la restricción judicial de derechos patrimoniales o familiares, como la desvinculación o el régimen de contacto con los hijos.
Asimismo, el proyecto modificaría el artículo 275 del Código Penal, referido al falso testimonio. La pena básica se eleva a uno a cuatro años de prisión, con escalas agravadas de dos a ocho años en causas criminales y de tres a diez años cuando se trate de delitos dolosos graves, haya menores afectados o la declaración haya provocado la privación de la libertad del acusado.
Apoyos y cuestionamientos
Desde un primer momento la iniciativa ha generado polémica. Es decir, hay sectores que consideran que si bien el porcentaje de falsas denuncias no aparenta ser significativo en el total, cada una de ellas genera daños irreparables y ameritan una respuesta por parte del Estado.
Las críticas también han sido muchas y diversas, y a ellas se suma la de la titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal Alejandra García, quien advirtió que las reformas penales no pueden basarse en percepciones o hechos de repercusión pública, sino en evidencia técnica que justifique la necesidad de modificar la legislación vigente.
García también cuestionó la utilización de categorías jurídicas imprecisas, como la de “delitos dolosos graves”, al considerar que vulneran el principio de legalidad porque no definen con claridad cuáles son las conductas alcanzadas por la norma.
Además, el Colegio repasó estadísticas oficiales del Ministerio Público Fiscal según las cuales, sobre más de 8,2 millones de investigaciones penales tramitadas entre 2023 y 2025, las falsas denuncias representan apenas el 0,09% de las causas y solo el 8% de esos casos se vinculan con hechos de violencia intrafamiliar o de género.
Para la entidad, la falsa denuncia constituye un fenómeno excepcional que no justifica una reforma penal de semejante alcance. En ese sentido, recordó que el verdadero problema continúa siendo el subregistro: apenas el 21% de las mujeres víctimas de violencia de pareja presenta una denuncia formal, porcentaje que coincide con relevamientos de la Corte Suprema que indican que solo el 18% de las víctimas de femicidio había denunciado previamente.
Con la negociación política en pleno desarrollo y la agenda parlamentaria aún sin definirse, todas las miradas estarán puestas en los movimientos del Senado durante este lunes para confirmar si el proyecto finalmente llegará al recinto el próximo 6 de agosto o si las diferencias políticas volverán a postergar su tratamiento.
