Durante dos jornadas, operadores judiciales participaron de talleres prácticos de litigación para adaptarse al modelo acusatorio que se implementará en los tribunales federales porteños. El foco estuvo puesto en la gestión de casos, la oralidad y la transformación institucional.
En el marco de la inminente implementación del Código Procesal Penal Federal en Comodoro Py, el Ministerio de Justicia de la Nación, junto con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en coordinación con el Ministerio Público Fiscal (MPF), llevaron a cabo dos jornadas intensivas de simulacro de litigación para jueces, fiscales y defensores, con foco en la oralidad, la gestión de casos y el cambio cultural que exige el nuevo modelo.
Las jornadas de Simulacro de Litigación y Gestión de Casos bajo el Código Procesal Penal Federal (CPPF) se desarrollaron los días 14 y 15 de julio en el Hotel NH Collection del centro porteño.
El objetivo fue entrenar a jueces, fiscales y defensores que integran las dependencias del Distrito Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las dinámicas del nuevo sistema: audiencias orales, dirección de casos, estrategias de acusación y defensa, y habilidades de litigación. El enfoque no estuvo en el debate jurídico de fondo, sino en la preparación técnica y práctica de quienes deberán desempeñarse en la inmediatez del juicio oral.
Durante los talleres se realizaron simulaciones de audiencias con la guía de docentes convocados por el Ministerio y referentes de distritos donde el sistema ya rige, como Salta, Mendoza y Cuyo. Entre los principales temas que se abordaron se encontraban: estrategias procesales de acusación y defensa, dirección de audiencias, gestión de la oralidad, técnicas de litigación, y dinámica de trabajo en audiencias conforme a las reglas del Código Procesal Penal Federal, entre otros.
Diagnóstico y perspectivas
Ricardo Toranzos, fiscal federal y presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación, aportó la experiencia de seis años de implementación en Salta: “Tuvimos resultados muy positivos, especialmente en la celeridad de los casos. El desafío ahora es diseñar estrategias eficaces según la realidad criminal de cada jurisdicción”.
También acotó con respecto a las jornadas: “La capacitación debe ser fundamental para cambiar el sistema sobre todo porque hay un cambio cultural, el posicionamiento del operador es totalmente diferente, en la oralidad a la escrituridad, en lo burocrático del mito a la agilidad del acusatorio, acá tenés que responder en audiencia, de manera clara, mandando el mensaje a la víctima al imputado, dando una respuesta en cada una de las situaciones y eso solamente se logra con la práctica, con el ensayo”.
El fiscal federal Franco Picardi señaló que “la implementación del sistema acusatorio es una deuda pendiente” y subrayó la importancia de reorganizar internamente el MPF para lograr eficiencia. Destacó especialmente los talleres de litigación como herramienta clave para adoptar el nuevo rol: “Son los más importantes porque permiten practicar la dinámica real”.
Para el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el desafío es sostener un sistema eficiente y duradero: “Lo que se busca es una justicia mejor, más ágil, que brinde un servicio real a la sociedad. Creo que esto va a ser un cambio rotundo y para el bien de Argentina” resaltó con optimismo y confianza.
Sebastián Amerio, secretario de Justicia, enfatizó los beneficios del sistema: “Casos que antes tardaban más de un año hoy se resuelven en 72 horas. La justicia lenta no es justicia”. Destacó además la necesidad de unificar el sistema a nivel nacional y consolidar la transformación cultural que implica. “Lo más importante es que estamos implementando una ley y lo segundo en razón de esto es que no podemos tener en un mismo país dos o tres sistemas, tenemos que terminar de implementar este único sistema en todo el país”, afirmó.
El juez Mariano Llorens planteó el cambio de paradigma que implica el nuevo rol de los actores judiciales: “Los fiscales hacen de fiscales, los defensores de defensores y los jueces deben dar la cara en audiencias públicas. Eso requiere un profundo cambio cultural”.
“En definitiva, el desafío es darle respuestas a la gente, que con instrumentos procesales claros, transparentes, ágiles y modernos, la gente vea y nos crea las decisiones que tomamos. Y devolvernos esa autoridad que hemos perdido. Ojalá estemos a la altura porque la clave del sistema son los operadores, no la ley”, expresó Llorens.
Capacitación y herramientas
Según Alejandra Mángano, fiscal federal, el sistema exige incorporar estrategias procesales inéditas y herramientas adicionales para gestionar causas complejas, muy frecuentes en Comodoro Py.
Desde el equipo de la Subsecretaría de Política Criminal, Ariel García destacó la eficiencia económica del nuevo sistema: “Sólo en Mendoza, el primer día se eliminaron seis expedientes que de otro modo habrían consumido valiosos recursos del Estado. Todo lo que el Estado invierte en todos esos expedientes que aun en la mitad del país permanecen juntando polvo, pasa a desaparecer. Entonces, a la eficiencia que tiene este sistema, en lo procesal y laboral, sumo la eficiencia económica. Cuesta mucho encontrar un punto débil”.
Finalmente, Alberto “Tato” Nanzer explicó que este simulacro completa el ciclo de acciones institucionales previstas: “Ensayar todas las fases del nuevo sistema con los operadores involucrados es clave para un arranque sólido. La implementación es el inicio de un proceso de mejora continua y hay gestiones pendientes que se llevaran a cabo con el sistema ya en marcha”.
