Las imágenes del hijo de Báez contando fajos de dólares en “la Rosadita” o del fiscal Guillermo Marijuán recorriendo estancias en Santa Cruz forman parte del registro mediático de una causa que, en silencio, avanzó en algo mucho más trascendental: consolidar herramientas concretas para decomisar el fruto del delito. Con las penas firmes, comienza una etapa clave: garantizar que los fondos ilegales vuelvan al Estado. Este podría ser el puntapié para fortalecer un sistema que no sólo condene, sino que también recupere el patrimonio saqueado y lo reintegre a la sociedad.
Lázaro Báez volvió a acaparar titulares en junio pasado, esta vez como compañero de la condena firme a seis años de prisión que también alcanzó a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Apenas unas semanas antes, la Corte Suprema de Justicia había ratificado otra sentencia penal en su contra, confirmando los diez años de prisión impuestos por lavado de activos en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, que lo tuvo como principal responsable en su calidad de poderoso dueño de Austral Construcciones.
Así, el empresario amigo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner recibió malas noticias casi simultáneamente. Volvió a una cárcel común en Río Gallegos y fue el fin de su arresto domiciliario en su casa santacruceña. Pero la inmediatez periodística llevó a casi pasar por alto otra derivación del asunto: el significado patrimonial de la condena en la “ruta del dinero K”.
Hacia un sistema que recupere lo robado
Sin tanta repercusión mediática en comparación al caso Vialidad, la “ruta del dinero K” inicia también ahora un multimillonario camino de recupero de bienes y dinero producto del delito.
Se la considera la primera gran investigación por lavado de activos que -pese a carecer en ese momento de un delito precedente determinado-, obtuvo ayuda internacional e influyó a la hora de evitar que Argentina volviera a integrar la lista “gris” de países cuestionados por el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional que integran 40 países y monitorea las acciones de lucha contra el delito financiero a nivel mundial.
La multa es de seis veces el perjuicio ocasionado al Estado Nacional con el lavado de activos calculado de manera inicial en casi 55 millones de dólares y acaba de ser ratificada por el Tribunal Oral Federal 4, que unificó en 15 años la condena en las dos causas penales a Báez.
El monto final deberá ser afrontado en forma solidaria por todos los condenados, en base a su grado de participación probada en el delito.
Estas decisiones abrieron un camino en el cual la condena representa mucho más que una sanción judicial: derivaron en una demostración efectiva de que la Justicia puede actuar en concreto contra el lavado de activos, con resultados tangibles a la hora de garantizar que bienes, dinero y activos financieros pueden ser decomisados y devueltos a la sociedad.
Se trata de puntos centrales que evaluó el GAFI para mantener al país fuera de su lista gris.
También, de un precedente para establecer una nueva base institucional con normas actualizadas, coordinación judicial-financiera y herramientas concretas para combatir el crimen económico. El desafío pendiente será sostener y profundizar estas prácticas, asegurando que el sistema no sólo castigue, sino prevenga y recupere, coinciden referentes judiciales consultados por Quórum que -en distintas etapas- participaron de esta causa penal.
Sobre las espaldas de Báez pesa hoy la más dura condena impuesta por corrupción y lavado, 15 años de cárcel en una pena unificada. La maniobra principal consistió en expatriar de Argentina de manera ilegal al menos 55 millones de dólares hacia bancos suizos y luego repatriarlos mediante la compraventa de bonos del tesoro para reingresar el dinero ya blanqueado.
Sobre las espaldas de quienes investigaron recayó la responsabilidad de inventariar, embargar y hasta administrar -en el caso de empresas- los bienes que se sospechaba eran producto de esos delitos.
Una década atrás, la investigación judicial combinó decomisos, cooperación internacional inédita y estadísticas concretas. También marcó un punto de inflexión para el sistema argentino en materia de criminalidad económica.
¿Pero cómo se llevó adelante?
Durante décadas, Argentina tuvo dificultades para sancionar judicialmente el lavado de activos asociado a la corrupción. La megacausa comenzó a ganar fuerza tras investigaciones de medios y denuncias como las realizadas por el fallecido periodista Jorge Lanata y su equipo, donde se detallaron maniobras de repatriación de fondos desde Argentina a Suiza mediante operadores financieros y testaferros.
La pieza que faltaba fue el video de “la Rosadita”: allí en la ex financiera SGI de Puerto Madero las cámaras de seguridad filmaron al hijo mayor de Baéz, Martín, y a otros ahora condenados como Fabián Rossi, conocido entonces por ser marido de la vedette Iliana Calabró, contando miles de dólares. Lo difundió Lanata en el programa que conducía en Canal 13.
En 2016, el por entonces todopoderoso empresario santacruceño quedó preso por orden de Casanello en el aeropuerto de San Fernando, apenas aterrizó en su avión privado proveniente de Santa Cruz.
Salir a buscar la plata
Lo que hicieron el juez y el fiscal fue diseñar una estrategia para “ir por la plata”. Relevaron bienes, analizaron operaciones sospechosas, reconstruyeron estructuras financieras. Se trataba de demostrar que se lavaba dinero, no importaba si ese dinero venía de sobreprecios en Vialidad, de evasión fiscal o de maniobras off shore. Lo central era probar que los dólares pasaban por mecanismos ilegales para ocultar su origen.
La causa Báez rompió, en los hechos, una tradición jurídica argentina: la de investigar delitos precedentes (como corrupción o narcotráfico) antes de poder acusar por lavado. Hasta entonces, esa secuencia bloqueaba decenas de causas. Y así se logró la colaboración de Suiza, el eslabón necesario para probar la maniobra principal de lavado de los acusados.
Los arrepentidos mediáticos Federico Elaskar y Leonardo Fariña iban a la televisión, revelaban aspectos de lo ocurrido, pero luego cuando subían las escaleras de Comodoro Py 2002 sus dichos no eran ni cercanos a la versión periodística. Hasta que juez y fiscal viajaron al país europeo, lograron colaboración y llegó la información bancaria.
Lo obtenido se resumió en una famosa e improvisada conferencia de prensa conjunta del juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán en un hall de los tribunales de Retiro: había cuentas bancarias abiertas en Suiza y los beneficiarios finales eran los cuatro hijos de Báez.
Así las cosas, Fariña -financista y ex marido de la modelo Karina Jelinek- llegó una tarde a Comodoro Py, estuvo más de cinco horas declarando y se convirtió en el primer arrepentido del caso. Desde entonces aportó información que con creces superó sus intervenciones televisivas.
En abril de 2016, Casanello firmó los procesamientos. Acusó a Báez y a 26 personas más de formar una banda dedicada al lavado de activos entre 2010 y 2013. El caso venía girando hace años por la Justicia: denuncias, reportes de operaciones sospechosas, transferencias que saltaban en Suiza o en Panamá. Pero algo cambió cuando se difundió el video de la célebre Rosadita.
Esa imagen no fue sólo una bomba mediática: fue el punto de partida técnico que le permitió justificar un procesamiento sin esperar que avanzaran las otras causas, como Hotesur, Los Sauces o Vialidad. En la práctica, estaba naciendo un modelo de “lavado autónomo”.
“He desarrollado en anteriores resoluciones el problema que representa iniciar una investigación sobre lavado de dinero desconectada del delito precedente, en contraposición con aquélla que comienza con la comprobación de un injusto penal generador de una ganancia ilícita”, escribió Casanello en 2016.
Se trataba de una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de por lo menos unos 60 millones de dólares; al tiempo que también lograron esa finalidad a través de la adquisición de bienes por un valor de más de dos mil setecientos treinta y cuatro millones de pesos, equivalentes a unos ciento ochenta y seis millones de dólares, se dio por probado en ese momento.
Además del procesamiento penal, el juez ordenó medidas inusuales para la época como embargos por 800 millones de pesos, relevamiento de bienes, y la integración de un equipo técnico con apoyo internacional.
Por primera vez, un juez y un fiscal se preguntaban no sólo quién cometió el delito, sino qué patrimonio tenía, dónde estaba, cómo hacerlo rastreable y decomisable. Era la base de una nueva estrategia: la investigación patrimonial paralela.
Se hizo un trabajo de hormiga, con traslados físicos -viajes por todo el país incluídos- e idas al exterior en busca de cooperación internacional para mapear bienes, dinero y activos financieros de Báez y su entorno y delimitar con exactitud aquello que debía embargarse y preservarse para una eventual y aún lejana condena firme, que finalmente llegó.
Lo dispuso el magistrado y lo ejecutó la fiscalía. Fueron esas famosas fotos de Marijuán en estancias y propiedades en Santa Cruz, al lado de maquinaria y topadoras. Además de identificar bienes “in situ” estuvo en persona en la escribanía de Leandro Albornoz, quien tuvo como cliente a Báez desde 2004.
Más allá de lo mediático, se concretó un relevamiento físico que permite ahora contar con un detallado inventario de propiedades, empresas, activos financieros embargados y disponibles
Marijuán asumió la tarea de relevar todo el patrimonio del grupo Báez, no era algo común en esa época, en la cual en tribunales se acostumbraba fijar un monto de embargo preventivo sin mayor profundización.
Se ordenó el secuestro y embargo de los vehículos -aviones incluídos- y bienes registrables, como así también la inmovilización y congelamientos de todos los fondos de las cuentas bancarias.
Casanello ordenó la tasación de más de 50 inmuebles pertenecientes a los procesados (principalmente atribuidos a la familia Báez) conformados por viviendas, lotes y chacras. Igual medida adoptó respecto de las firmas “SGI Argentina S.A.”, “Helvetic Services Group S.A.”, “OACI S.A.”. Además designó veedores informantes en Austral Construcciones para controlar giro comercial y patrimonio.
Se libraron exhortos a Suiza, Belice, Panamá, Estados Unidos de Norteamérica, Uruguay y España.
Ya en etapa de juicio oral, el Tribunal hizo lo suyo con la administración de empresas como “Austral Agro” para evitar la desvalorización.
Años más tarde, en febrero de 2021, el Tribunal integrado entonces por Néstor Costabel, Adriana Pallioti y Gabriela López Iñiguez dio por probadas todas las acusaciones y condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de activos agravado, reconociendo un circuito de lavado de casi 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. La Corte Suprema confirmó esta decisión en mayo de 2025 con una reducción de pena a 10 años que había dispuesto la Cámara Federal de Casación.
La condena adquirió firmeza y marca el inicio del proceso para recuperar el dinero mal habido, al igual que en la causa Vialidad. En ambas pesquisas se inicia un nuevo y complejo desafío para los jueces de ejecución de las penas, el de garantes del recupero financiero multimillonario.
