El Tribunal Oral Federal 2 avanzó en la ejecución del decomiso millonario dispuesto en la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y ex funcionarios, pero contra lo que opinó la fiscalía y con duras críticas, resolvió dar intervención a las defensas para que se pronuncien sobre los bienes que se pretende ejecutar.
La medida se enmarca en la orden de pago de 684.990.350.137,86 de pesos, suma que debía ser depositada en el tribunal por los condenados y que fue ratificada por la Sala IV de Casación Penal el pasado 17 de septiembre. Ante el incumplimiento, los fiscales presentaron un listado de bienes a decomisar, sobre el cual ahora deberán expedirse los abogados de las partes.
El tribunal recordó que ya había fijado un criterio: sólo serán alcanzadas las incorporaciones patrimoniales coetáneas a la maniobra criminal (2003-2015) y encomendó al Ministerio Público Fiscal la tarea técnica de identificar los bienes derivados del ilícito.
Se le dio vista a las defensas de los condenados y también a Máximo y Florencia Kirchner.
Fiscales versus Tribunal
En la resolución, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu fueron críticos con la estrategia de la fiscalía. Señalaron que desde la sentencia “el Ministerio Público Fiscal ha adoptado invariablemente la postura de realizar observaciones descalificatorias hacia las decisiones del tribunal”, muchas veces fuera de los cauces procesales. Incluso advirtieron que no dar vista a las defensas, como pidieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, sería avanzar “sobre un derecho tan fundamental, como lo es el de la propiedad, sin siquiera oír a las defensas”, lo que podría poner en riesgo la validez del proceso.
El TOF 2 subrayó que apartarse de esas garantías “podría generar la invalidez de lo actuado, afectar garantías constitucionales, y poner en riesgo la realización del derecho sustantivo que emerge de la sentencia hoy sometida a ejecución”.
También se hizo mención a escritos de la fiscalía con “diatribas de alto voltaje discursivo y escasa trascendencia procesal”.
Esa actitud “acaba derivando en una disposición impulsiva que olvida que el Ministerio Público Fiscal, por imperativo constitucional y legal, tiene por objetivo promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad”.
En consecuencia, el Tribunal resolvió correr traslado a las defensas de los condenados en la causa Vialidad Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich. Además, se incorporó a la incidencia a Máximo y Florencia Kirchner, quienes también serán notificados.
Esto se hará porque la fiscalía individualizó propiedades que ya fueron cedidas por Cristina Kirchner a sus hijos, pero que a su criterio deberían decomisarse.
Finalmente, el tribunal ordenó requerir a los registros de la propiedad los folios de los inmuebles mencionados en el anexo presentado por la fiscalía, para profundizar la información sobre los bienes que podrían ser alcanzados por la medida.
Qué reclaman los fiscales
Los fiscales reclaman la ejecución inmediata sobre 20 propiedades de la ex Presidenta en Santa Cruz y cuestionaron al Tribunal por introducir condiciones “novedosas y sorpresivas” como dar vista a las defensas, pese a una condena firme.
Son casas y departamentos en Calafate y Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, en muchos casos cedidos a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
Los fiscales reclaman el decomiso de una casa en El Calafate, con una superficie de 6001,64 metros cuadrados adquirida en 2007 y que tuvo una cesión de derechos de Cristina Fernández de Kirchner a Austral Construcciones, la empresa fundada por el también condenado Lázaro Báez apenas Néstor Kirchner llegó a la presidencia en 2003.
También departamentos en el complejo Güer Aike, en Río Gallegos, cedidos a Máximo y Florencia Kirchner y que son parte de un fideicomiso destinado a la construcción de un edificio de diez unidades funcionales.
El listado incluye departamentos en el Complejo Hotel Los Sauces, también cedidos a sus hijos. Si bien este inmueble fue adquirido por la ex Presidenta en 2002, un año antes del rango en el cual se fijó que puede implementarse el decomiso -entre 2003 y 2015- la fiscalía aclaró que lo que adquirió en ese momento fue un terreno fiscal donde posteriormente, durante el período en el cual se dieron por probados los delitos, se construyó el complejo hotelero.
En el listado se incluyeron 32 bienes a nombre del también condenado en la causa Vialidad, Lázaro Báez.
Primera tanda de bienes
Los fiscales identificaron esta primera tanda de bienes y solicitaron la ejecución con el fin de hacer efectivo el apercibimiento dispuesto por el Tribunal el 15 de julio último, ante el incumplimiento, por parte de los condenados, del pago de 684.990.350.137,86 pesos que debía ser depositado en un plazo de diez días hábiles de notificada la resolución en cuestión.
Los inmuebles identificados “claro está, no agotan la totalidad de los bienes decomisables; por el contrario, constituyen un primer bloque sobre el cual puede comenzar a ejecutarse, sin dilaciones, el decomiso que ya se encuentra firme”, advirtieron.
Además, cuestionaron la decisión del Tribunal Oral Federal 2 que delegó en la fiscalía el decomiso, por entender que es tarea de los jueces. Igualmente, adelantaron que actuarán en el tema a manera de “colaboración”.
“Sin perjuicio de que es el Tribunal el que tiene la obligación y el deber de ejecutar la sentencia firme de decomiso y más allá del diferente criterio esgrimido oportunamente por esta Fiscalía –en cuanto al alcance del decomiso sobre los bienes de los condenados–, procederemos, a los fines de agilizar la tarea del Tribunal, a colaborar en la identificación de los bienes que deben de ser decomisados”, explicaron.
Luciani y Mola remarcaron que el “interés último” es “que comience, de una vez, a ejecutarse el decomiso pasado en autoridad de cosa juzgada”.
Sin embargo, manifestaron su “absoluto desconcierto” por la decisión de los jueces que “previo a resolver” sobre cada bien a decomisar darán vista a las defensas para “salvaguardar los derechos e intereses de todas y cada una de las personas interesadas”.
“En otras palabras, el Tribunal, sin exponer fundamento normativo alguno y desatendiendo el derrotero de resoluciones que ya han adquirido firmeza, se encuentra procrastinando la ejecución de una condena firme, a partir de incorporar una condición absolutamente novedosa y sorpresiva, para proceder de conformidad con la misma”, cuestionó la fiscalía.
Cristina Kirchner está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica.
