“Estamos a la suerte de Dios”: el lado más expuesto de la Justicia

El juez Nicolás Plo, integrante del Tribunal Oral Criminal N° 1 de Lomas de Zamora, relata un episodio ocurrido durante un juicio y alerta por la falta de controles en los edificios judiciales. El caso se da en un contexto de creciente preocupación tras el ataque al juez Nicolás Schiavo en San Martín. 

El juez Nicolás Plo, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Lomas de Zamora, describe un episodio violento que le tocó atravesar durante un juicio y que, según advierte, no es un hecho aislado. “Es un ejemplo de la inseguridad que estamos viviendo los ciudadanos en general y la Justicia en particular”, aclara antes de relatar un episodio que desgraciadamente es mucho más común de lo que todos creen.  

El caso -además- cobra más fuerza porque lo cuenta en un contexto de suma preocupación dentro del Poder Judicial después del ataque ocurrido en febrero pasado en los tribunales de San Martín, cuando un grupo de unas veinte personas irrumpió en el edificio para intimidar al juez Nicolás Schiavo, en una escena de extrema tensión que incluyó destrozos y obligó a los empleados a improvisar una barricada para frenar el avance.

“Lo que pasó fue grave” y “es un problema institucional”, advirtió entonces Schiavo, al señalar que no se trataba de una amenaza personal sino de un fenómeno que atraviesa a todo el sistema judicial.

En ese contexto, la Suprema Corte bonaerense firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires para reforzar la presencia policial en los tribunales. Sin embargo, en la práctica, los cambios aún no se perciben.

Con más de 30 años de trayectoria en el Poder Judicial -inició su carrera en la Cámara de Casación en los años 90, pasó por la Defensoría General y desde 2016 integra la justicia provincial-, el juez Plo describe un escenario en el que, según sostiene, jueces, fiscales y empleados “están a la suerte de lo que pueda ocurrir”.

¿Qué fue lo que pasó precisamente en el juzgado de Lomas de Zamora?

Nosotros tuvimos un ejemplo de lo que, yo creo, es la inseguridad que estamos viviendo los ciudadanos en general y la Justicia en particular. Fue un caso en el departamento judicial de Lomas, donde ciertos familiares, en un proceso judicial como cualquier otro, en el marco de una audiencia oral -que son las que se celebran durante todos los días-, una persona intentó atacar a otra dentro de la sala de audiencias. Por supuesto, tal vez intentando justificarlo con la bronca contra el agresor, contra el imputado. Era un caso de integridad sexual de un menor, o sea, había toda una cuestión bastante compleja. No marginal, no es esa la palabra, sino más bien de cuestiones vulnerables, de personas vulnerables, y también de este tipo de delitos, como son de menores en el ámbito intrafamiliar, lo cual es bastante complejo. Y dentro de esas cuestiones complejas siempre hay, obviamente, un imputado y una víctima. Bueno, en este caso, esta persona alegaba, de alguna manera, incluso se burlaba de la situación, siendo el imputado y teniendo una víctima menor. Son cosas que suceden normalmente, lamentablemente. Pero bueno, la verdad es que esto sucedió ya hace casi un año y eso es lo que yo creo que tiene que verse y, de alguna manera, reverse. Sé que la Corte recientemente firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad y con la Policía para poder incrementar de alguna manera la seguridad dentro de todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, y también principalmente en estos lugares que decía, que no están centralizados.

Sin cacheos ni controles

El episodio, que ocurrió en una audiencia oral común, no terminó con consecuencias mayores, pero dejó expuesto un problema que distintos actores del sistema judicial vienen señalando desde hace tiempo. La convivencia en un mismo espacio de víctimas, imputados y familiares -muchas veces con vínculos previos y conflictos latentes- convierte a las salas de audiencias en escenarios de alta tensión, donde cualquier situación puede escalar en cuestión de segundos si no existen medidas de control adecuadas. 

¿Cómo es la seguridad en Lomas? ¿Cómo son los tribunales de Lomas de Zamora, qué cantidad de policías hay, cómo son los controles, si es que hay controles?

Bueno, controles no hay, sinceramente. Controles… la verdad es que, por lo menos, no los he visto. Todos los días que uno va, no he visto ningún tipo de control de las personas que ingresan.

Pero sí hay una consigna policial…

Sí, hay una consigna policial. Hay un destacamento de policías que están asignados al lugar. A mi modo de ver, seguramente muy escasos, porque son muchos los tribunales y las salas que intervienen. Por ejemplo, cada juicio requiere que haya no sólo el Servicio Penitenciario encargado de la custodia del imputado -que hay que recordar que está sin esposas en ese momento por estar celebrando un juicio oral-, sino también del control de todo lo que sucede en el ámbito del público dentro de un proceso oral. Es mucha gente que está de un lado y del otro del estrado; unos representan o son familiares de la víctima y otros son familiares del imputado y generalmente esta gente se conoce del barrio. Se conocen porque saben quiénes son, saben a qué se dedican y todo eso, con todo lo que eso implica.

No hay detector de metales, no hay cacheo…

No hay detector de metales y hay, me imagino, algún tipo de visión de la policía sobre cada uno de los que entran. Pero insisto: son familiares de las personas que están en un proceso judicial.

“A la suerte de Dios”

La preocupación no es aislada ni exclusiva de un edificio judicial. En distintos departamentos judiciales de la Provincia, el tema empezó a circular con mayor frecuencia en los últimos meses, tanto en conversaciones informales como en ámbitos institucionales. La sensación de exposición y la falta de herramientas concretas aparecen como denominadores comunes en un sistema que, puertas adentro, reconoce sus propias limitaciones. 

¿Y eso pasa en otros tribunales? En La Matanza, en Avellaneda…

Dentro del chats de jueces y todo eso se ha mencionado. Digamos que todos estamos como a la suerte de Dios de cualquier cosa que pueda ocurrir, en función, insisto, de lo que pasó en San Martín, que fue lo que motivaron estas distintas reuniones para que la sociedad lo vea.

¿Y desde que pasó ese episodio en Lomas de Zamora no cambió nada? ¿Sigue todo igual, misma consigna o hubo algún tipo de cambio?

El convenio se firmó hace pocos días. No sé si lo pensarán implementar de alguna manera o estarán viendo cómo se implementa, o si es una cuestión de cantidad de mayor gente que piensan aportar. Sinceramente, eso no lo sé.

Hay alguna herramienta que sirva como para que uno pueda dar aviso dentro de un juicio, por ejemplo..

No, simplemente estar atento en el proceso, porque uno sabe los momentos más difíciles dentro de un proceso judicial, que son principalmente cuando declara la víctima o cuando declara el imputado. Son momentos en los que se requiere un pico de tensión y de atención, y en esos momentos hay que observar los movimientos que pueda haber, que la policía esté atenta, ver si alguien está de alguna manera mirando o tocando alguna de las cosas, pero eso también quita atención dentro de un proceso judicial. Lo que pasa es que la policía también está de espaldas al público o los va viendo de costado. Están atentos también a que no haya celulares que puedan distraer la audiencia. Pero es el presidente el que ejerce el poder de disciplina sobre el proceso judicial y está atento a esas cuestiones también dentro del público.

“En Comodoro Py son más estrictos”

La comparación con otros ámbitos judiciales permite dimensionar las diferencias. En particular, con la justicia federal, donde históricamente el tipo de causas -muchas de ellas vinculadas a terrorismo, crimen organizado o corrupción- llevó a implementar esquemas de seguridad más estrictos y visibles. 

Ha trabajado en Comodoro Py, en una defensoría. ¿Hay mucha diferencia con los tribunales de la provincia de Buenos Aires?

Cuando trabajaba en la defensoría, hace varios años, ya había muchísimo más control en Comodoro Py, en función de los procesos judiciales que tenía Comodoro Py, como por ejemplo el tema AMIA. No sé ahora, en los últimos años, si eso se mantiene. Después vinieron todos procesos generalmente de lesa humanidad, y ahora son en general procesos de delitos contra la corrupción, y narcotráfico también, y secuestro extorsivo también había en ese ámbito. Pero hoy casi no hay. Por eso, en esa época, cuando me tocaba trabajar en la defensoría, había principalmente ese tipo de controles. Pero bueno, me parece a mí que en el ámbito de la Policía Federal son un poco más estrictos.

¿Tiene custodia usted?

No, no tenemos custodia. Hay custodia del edificio, pero no hay custodia del tribunal ni custodia personal tampoco.

En la provincia de Entre Ríos un grupo narco amenazó al Ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal que estaban con una custodia muy reducida. 

Sí. O lo que sucede normalmente en Santa Fe también, todo lo que implica Rosario, incluso. Igual yo creo que el mayor problema ahí lo tiene el ámbito federal. Pero bueno, también uno elige esto como profesión desde chico. Yo trabajo desde los 18 años en el Poder Judicial, y uno elige esto y sabe también.

¿En estos 30 años en el Poder Judicial nunca tuviste custodia?

No, nunca. Pero tampoco conozco mucha gente que la tenga, más que en Comodoro Py: jueces federales, fiscales o camaristas, o en Casación. Pero fuera de eso, no hay otros que tengan.

¿No es necesaria?

Yo considero que sí. Igual que la Corte también se moviliza con custodia, y es necesaria porque deciden sobre cuestiones que pueden afectar a muchos casos. Así como hay ámbitos de inteligencia dentro del Estado, también hay muchos ámbitos de inteligencia dentro del ámbito delictivo. Esa es la realidad. Como también hay ladrones de celular con muy poco nivel intelectual. El ámbito delictivo es muy amplio, en todo el proceso, en todos los niveles. Incluso yo estuve viendo -estamos con colegas conocidos escribiendo- sobre la reforma del Código Penal y creo que hay muchos avances para un Código Penal mucho más moderno. Me parece que hay un nuevo contrato social con la sociedad y con nuevos delitos a los que hay que ponerles la lupa. Fijate que no es lo mismo: tenemos un código viejísimo, con muchísimos parches, con un montón de cuestiones que son necesarias modificar. Pero además de eso, hay nuevas tecnologías, muchísimas nuevas tecnologías, que hacen que así como la sociedad se beneficia, también hay ámbitos delictivos que se benefician de eso para cometer todo tipo de delitos.

Es increíble que hoy haya delitos que no estén tipificados y que son tan comunes..

Y hay grandes modificaciones incluso en el ámbito de los delitos contra el honor. También hay cambios con respecto a las injurias y todo eso. Me parece muy interesante, y celebro que se esté modificando, y espero que el Poder Legislativo lo pueda hacer.

Robos y delitos sexuales

El volumen y el tipo de causas que llegan a los tribunales también ayudan a entender el nivel de conflictividad con el que se trabaja a diario. Robos, delitos sexuales y homicidios conforman buena parte de la agenda judicial, muchas veces atravesados por situaciones personales o familiares que intensifican la tensión en las audiencias. 

En Lomas, ¿cuáles son las causas más comunes que llegan?

Yo creo que se resumen en tres. Si me decís qué es lo que hay, principalmente tres. Delitos de robo, es decir, delitos contra la propiedad en todas sus variantes, robo en poblado, robo de cualquier tipo de cuestiones. Después, lamentablemente, hay muchos delitos contra la integridad sexual. La verdad que eso es lamentable, pero se incrementa, y generalmente son dentro del ámbito familiar, en todas sus variantes. Y después hay muchísimos homicidios también, con las variantes que esto implica: femicidios, homicidio común o homicidios con algún calificante por el modo.

Participó en la causa de Alexis Zárate, ¿no?

Sí. Eso fue en el año 2017, si no recuerdo mal. Soy malo con los años, pero creo que fue en 2017.

¿Fue el caso más mediático en el que tomó intervención?

Creo que sí. O por lo menos el que tuvo más entidad a nivel nacional, en los diarios. El día que bajé a la sala de juicio y vi más de 20 medios acreditados, sinceramente no lo podía creer. No entendía por qué tenía tanta trascendencia a nivel nacional o en el ámbito mediático. No sé por qué. 

Pero se siente esa presión…

Yo creo que no. 

¿Es lo mismo una causa por abuso intrafamiliar que una con interés nacional?

No, por lo menos yo no lo viví así. Si queres llamalo inconsciencia, pero no lo viví.

En los casos mediáticos también hay gente que suele levantar el teléfono para… 

Pero a mí no me pasó. No, no me pasó. Los abogados fueron excelentes, el fiscal también. En su momento estaba el particular damnificado. La verdad que todo se desarrolló normalmente. Fue una semana de juicio. Si, el proceso tuvo unos tres años hasta llegar a juicio. Y en el tribunal donde yo estoy, la causa estuvo seis meses. Porque yo creo, y esto lo digo siempre, que la Justicia tiene que ser con celeridad. Procesos largos, procesos donde la víctima no puede dar vuelta la página, y el imputado está años esperando a ver qué pasa. A eso apunta el sistema acusatorio. Mejora muchísimo. Una de las cuestiones es la celeridad, que los procesos no duren años eternos. En ese caso fue recurrida ante la Cámara de Casación de la provincia, después ante la Corte y después ante la Corte nacional. Ahí quedó firme y ahí fue cuando lo detienen. Fue detenido por la pena que tenía, que era relativamente baja, de seis años y medio, si mal no recuerdo, y por el comportamiento que había tenido. El entorpecimiento de la investigación ya no existía porque había sentencia. Y el peligro de fuga tampoco, porque durante tres años, cada vez que se lo llamaba, él estaba siempre. 

Cómo juez penal, ¿cómo ve el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Sinceramente celebro el tema de la reforma penal juvenil, porque vemos mucho esto de la utilización de menores en los delitos. Creo que está bien bajar la edad de imputabilidad. 

¿No es un porcentaje muy bajo la incidencia de los menores en el delito?

Creo que el fenómeno venía en aumento, aunque no cuento con estadísticas precisas para hablar en términos porcentuales. De todos modos, existe un régimen específico: dentro del sistema de justicia funciona un fuero penal juvenil, que en nuestro caso no está plenamente desarrollado, ya que sólo intervenimos en cuestiones criminales generales. Lo que sí es evidente es la creciente utilización de menores en la comisión de delitos. En el ámbito provincial, estos procesos no se encuentran claramente diferenciados, sino que se abordan de manera parcial, lo que limita su eficacia. Por eso, entiendo que la discusión no debería centrarse únicamente en la baja de la edad de imputabilidad, sino también -y sobre todo- en qué hacemos como sociedad con esos menores que delinquen. Ese es el punto central: si no se diseñan respuestas integrales, es muy probable que las conductas se repitan.

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