El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) advirtió que la eventual prórroga del nuevo sistema penal federal, prevista para entrar en vigencia el 10 de noviembre, pondría en duda la credibilidad institucional del Estado. “El problema no es la reforma, sino el sistema actual: lento, selectivo y sin resultados”, sostuvo.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) advirtió que una nueva postergación de la entrada en vigencia del sistema acusatorio en los tribunales de Comodoro Py, prevista para el 10 de noviembre, sería un grave retroceso institucional y una señal de continuidad en las prácticas de impunidad que históricamente caracterizaron al fuero federal.
En agosto, el Ministerio de Justicia había prorrogado la implementación por última vez, definiendo esa decisión como “única, excepcional e improrrogable”. Sin embargo, luego de una reciente reunión entre el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y fiscales con causas sensibles para el Poder Ejecutivo, volvió a circular la posibilidad de retrasar nuevamente el proceso.
El INECIP recordó que el propio Ministerio de Justicia había señalado que no existen motivos válidos para seguir demorando la reforma, ya que las limitaciones edilicias o presupuestarias también afectan al sistema vigente. En ese sentido, el instituto subrayó que modificar la fecha “para complacer a fiscales que investigan al propio Gobierno” solo admitiría una lectura política: que el clásico mecanismo de Comodoro Py de usar la impunidad como moneda de negociación vuelve a ponerse en juego.
Para la organización, el problema no radica en el nuevo modelo acusatorio, sino en el sistema actual, lento, selectivo y sin resultados. “Seguir postergando es sostener impunidad”, afirmó el instituto, que hace años impulsa la transformación hacia un sistema más ágil, transparente y responsable.
“El 10 de noviembre es una prueba de credibilidad institucional”, concluyó el INECIP, advirtiendo que el cumplimiento de la fecha no solo representa un avance técnico, sino un compromiso político con la justicia y con la sociedad.
